El Estado acaba de faltarle al respeto a los más de 31 869 peruanos muertos y desaparecidos durante el Conflicto Armado Interno (CAI) a manos de Sendero Luminoso.  El día de ayer, 26 de Mayo del 2020, el Juzgado Penal de Turno Permanente perteneciente a la Corte Superior de Justicia de Lima ha admitido a trámite la demanda de Hábeas Corpus interpuesta por la defensa de Abimael Guzmán. La demanda fue impuesta alegando que existe amenaza cierta e inminente al derecho a la vida de su patrocinado, Abimael Guzmán, y dirigen la demanda contra el Presidente del INPE. Se sabe que, hoy en día, el ex-cabecilla de Sendero Luminoso se encuentra condenado a cadena perpetua por el caso Tarata, y está recluido en la Base Naval del Callao. ¿Existe peligro de contagio en este centro penitenciario? Es muy discutible. Las posibilidades tienden de mínimas a nulas, una evaluación de las condiciones penitenciarias del Guzmán pueden verificar que es muy difícil que él se contagie con el escaso contacto que tiene con el mundo exterior. El pedido es inverosímil por donde se le analice, estando en una cárcel de alta seguridad con un alto nivel de control y vigilancia, ni su vida ni su salud se encuentran bajo amenaza. Es seguro predecir que una evaluación simple va a resultar en que la demanda constitucional sea declarada infundada. Sin embargo, el hecho sigue resultando ofensivo para los peruanos, y especialmente, para las víctimas que tuvieron que perder un familiar o sufrieron en carne propia las atrocidades perpetradas por Sendero Luminoso. ¿Por qué Abimael Guzmán puede pedir libertad, cuando no la merece? ¿Por qué aceptan la defensa de sus derechos, mientras Sendero Luminoso violó todos los derechos que tenían los pueblos a los que entraron? Incluso, más allá de la indignación que causa ver al Poder Judicial admitir la demanda de Guzmán, la admisión del trámite de Habeas Corpus puede causar efectos políticos problemáticos a corto plazo. Estamos frente a una situación donde el Estado demuestra la disfuncionalidad de su toma de decisiones, y el desinterés por defender la memoria. ¿Por qué un juez ha decidido evaluar un peligro carcelario que evidentemente no existe? ¿Por qué la admisión del trámite puede resultar problemática en el plano político y judicial, considerando el precedente que existe a partir de ahora?

En primer lugar, Abimael Guzmán no se encuentra bajo ninguna amenaza para su salud, mucho menos para su vida. Como expuse anteriormente, él se encuentra condenado a cadena perpetua y recluido en la Base Naval del Callao. ¿Cómo son sus condiciones carcelarias? Una celda aislada con escasos objetos personales, derechos limitados, donde su mayor contacto con el mundo exterior y la naturaleza es a través de una visita al patio que realiza periódicamente, en la cual solo puede ver el cielo. Al ser una prisión militar, él comparte recinto con una serie de criminales que han cometido delitos mayúsculos, como Vladimiro Montesinos y Caracol. El contacto con el personal del INPE es el mínimo, tanto antes de la pandemia como durante el desarrollo de ésta. Su centro penitenciario no involucra estar recluido entre hacinamiento de presos, ni tener en su entorno a agentes que posiblemente puedan llegar contagiados. Tal vez su edad lo hace más vulnerable en un supuesto caso de que él se contagie de COVID-19, sin embargo, la posibilidad de que ésto suceda tiende a ser nula por los motivos previamente expuestos. Es más, él tendría más posibilidades de vivir que los demás presos ya que su centro reclusorio tiene una baja población carcelaria, los recursos e insumos médicos no son escasos y podrían salvarle la vida. Cabe destacar que, a pesar de ser un adulto mayor, él no puede recurrir al indulto humanitario por la gravedad de sus delitos y el hecho de estar condenado a dos cadenas perpetuas. Por lo mencionado, el argumento de “amenaza al derecho a la vida” ha sido usado por su defensa de manera absurda, sin embargo, no perdían nada enviando la demanda para ver si por la coyuntura, algún juez podría acceder a revisar su caso. Lo increíble ocurrió: el Dr. Angel Romani Vivanco admitió a trámite la demanda. En este documento, el juez supernumerario requiere que se le informe acerca del estado de salud del personal que se encuentra a cargo de la custodia de Abimael Guzmán, especificando que se le realice a este personal la prueba de COVID-19. Asimismo, pide información acerca de la salubridad del recinto y acerca de las medidas de bioseguridad que se han tenido que instalar. Del mismo modo, más adelante solicita que se le informe acerca del estado general de salud de Abimael Guzmán, para que se tome en consideración posibles enfermedades pre-existentes. Parece una broma de mal gusto, pero es verdad. En una prisión donde el contacto con los agentes es mínimo o nulo, se requiere que los agentes se realicen la prueba por el “bienestar” del reo. Asimismo, se solicita información acerca de las medidas de bioseguridad del centro penitenciario entero, a pesar de que el reo no usa ninguno de estos ambientes, y el personal de la Marina de Guerra interactúa con él solo para lo indispensable. No hay argumentos sólidos, ni se evidencia algún fundamento válido que motivara la admisión de la demanda de la defensa de Guzmán. Este documento evidencia un insulto del Estado hacia la población, porque la justicia va a supervisar que se estén respetando los derechos de una persona que alentó a que se asesinara a miles para cumplir la “cuota de sangre” revolucionaria. El Estado va a supervisar lo evidente, va a supervisar el cumplimiento de derechos carcelarios en una prisión militar con todas las medidas de seguridad, pero por años guardó silencio y se rehusó a investigar las miles de muertes que sucedieron durante el CAI, a manos de Sendero y de las fuerzas del orden. Es una ofensa para las víctimas que aún a día de hoy buscan justicia por sus muertos y por ellas mismas. Al parecer, la justicia únicamente funciona cuando el procesado tiene poder.

Por otro lado, previamente mencioné que la admisión a trámite del Habeas Corpus de Abimael Guzmán podría ser políticamente problemático, ¿Por qué? El rol que tienen los precedentes como argumentos usados por la defensa de imputados. Se vio semanas atrás, en el caso de la excarcelación de Keiko Fujimori y Susana Villarán. Por un tema de precedentes, si Keiko era liberada de prisión, entonces la defensa de Villarán podría utilizar este hecho como un precedente y alegar que si los delitos y contextos son similares, los resultados deberían serlo también. Iba a funcionar de la misma manera si Susana Villarán era excarcelada, es muy posible que la defensa de Keiko utilizara la excarcelación de Villarán como precedente para conseguir la libertad de su patrocinada. ¿Y esto que tiene que ver con Abimael Guzmán? Si bien es cierto, es poco factible que le concedan la libertad al declarar fundada la demanda, sin embargo, el hecho de que haya sido admitida es un gran paso que va a sentar un precedente. ¿Que otro preso en el Perú ha estado buscando su libertad desde hace años, se encuentra en un penal de alto seguridad, y aclama que sus enfermedades pre-existentes lo ponen en riesgo? Alberto Fujimori. Es altamente probable que Alberto Fujimori se escude en este precedente para volver a pedir el indulto humanitario, y lo más problemático, es que este es un argumento perfecto para su caso. Por sus enfermedades pre-existentes, su avanzada edad, él pidió varias veces que se le excarcele por su creciente vulnerabilidad física. Cabe destacar que el 12 de Mayo de este año, el Tribunal Constitucional rechazó un hábeas corpus impuesto por Sachie y Keiko Fujimori, hijas el ex-presidente. La motivación del rechazo de este amparo se basó en el hecho de que Alberto Fujimori es el único reo en el Penal de Barbadillo, por lo tanto, no existe peligro de contagio. Sin embargo, un “agravamiento” de su estado de salud similar al ocurrido en Navidad del 2017, y el contexto jurídico actual podrían hacer que la defensa de Fujimori utilice el precedente brindado por Guzmán. Ante un compromiso innegable del estado de salud del reo, la consideración de su avanzada edad, y las enfermedades pre-existentes que se ha jactado de tener desde el 2005, es posible que su defensa opte por el uso del precedente para argumentar en favor de la libertad de su patrocinado. En vista a que el Código Procesal Constitucional permite que se puedan interponer amparos varias veces, no habría obstáculo aparente para que a la brevedad puedan interponer otra demanda de hábeas corpus. ¿Y por qué es esto un peligro político? No hablamos de un reo común, hablamos de un ex presidente corrupto condenado por crímenes de lesa humanidad, un personaje político que la mayor parte de la población quiere ver en la cárcel. Solo basta con ver la reacción pública que tuvo el indulto del 2017, y la estrepitosa caída de la popularidad de Pedro Pablo Kuczynski tras conceder esta gracia presidencial. Liberar a Fujimori significa que el Estado de Derecho en el Perú es frágil e inútil, tan inútil, que puede liberar a un condenado por lesa humanidad. Ya se le ha liberado una vez, y el mismo error no puede volver a cometerse por este precedente. No se le puede brindar derechos y beneficios penitenciarios injustificados a dos criminales que atentaron contra los derechos de miles de peruanos. 

Lamentablemente, en Perú, el que tiene influencia política y social sobre la población siempre llevará el sartén por el mango. Abimael Guzmán fue el encargado de liderar una agrupación terrorista que acabó con la vida de miles que aún lloran a sus muertos y buscan justicia, sin embargo, él no está expuesto al COVID-19 y si bien no vive en libertad ni bajo las mejores condiciones, tiene asegurada una calidad de vida mínima. Él puede reclamar por derechos que ya se le dan, mientras que en nuestra memoria aún quedan crímenes sin resolver y culpables sin llevar a justicia, el Estado se ha negado a indagar lo suficiente para poner a todos los criminales donde corresponde. Ahora, la admisión a trámite va a sentar un precedente que puede ocasionar un segundo pedido de Habeas Corpus para Alberto Fujimori, ya que el código procesal constitucional no establece un límite para pedidos de amparo. Es verdaderamente escandaloso que puedan abogar por sus derechos, mientras que los medios y la opinión pública le dan mínima cobertura a este tema. Desde ayer, son pocos los noticieros y medios de prensa que han informado acerca de la situación y el efecto social que ocasiona la admisión de trámite para proteger la vida de Abimael Guzmán. A día de hoy, no se sabe si el precedente será utilizado para la defensa de criminales como Alberto Fujimori, y tampoco se tiene una respuesta del Poder Judicial acerca de la tamaña ofensa realizada por la Corte Superior hacia la memoria de todos los peruanos.

Abimael Guzmán no merece simpatía alguna, a causa de él murieron miles de peruanos y peruanas, a causa de sus ideas ocurrieron masacres y torturas, las condiciones carcelarias que él tiene son más que suficientes, definitivamente mucho más de las que realmente merece. Él merece seguir vivo por ser un derecho humano a su condición de persona, la cárcel en la que está no atenta contra su derecho a la vida ni lo expone a infección por COVID-19. Solo queda esperar que el Poder Judicial se rectifique, y que se declare infundada su demanda de hábeas corpus. Una demanda completamente injustificada, que lamentablemente sentará precedente judicial y podrá ser utilizado para fines políticos truculentos. Una demanda que fue admitida de forma injustificada, no deja de demostrar el desinterés del Estado por resarcir a las víctimas del Conflicto Armado Interno, víctimas que tienen que ver como su victimario tiene más acceso a la justicia que ellos y ellas.