La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo ha sido conflictiva desde un inicio. Ya en 1823, cuando el gobierno de José de la Riva Agüero decidió trasladarse a la Fortaleza del Real Felipe para resistir el ataque realista, el Congreso declaró nula su potestad y convocó unilateralmente al libertador Simón Bolívar para que prestara ayuda a la causa independentista. Ese hecho –anecdótico para algunos- marca el inicio de la confrontación entre ambos poderes que continua hasta el día de hoy. Sin embargo, para el Legislativo del siglo XIX, este enfrentamiento tenía tintes idealistas. Así, cuando Francisco de Paula Gonzales Vigil pronunció su famoso discurso, luego titulado “Yo acuso”, le estaba increpando al general Agustín Gamarra (1832) acerca de un peligro real del presidencialismo: el irrespeto a la Constitución y a las libertades individuales que esta defendía.

Habría sido magnífico para nuestra historia republicana que la actitud del congreso se hubiese mantenido en esos estrechos límites: ser la fortaleza contra el autoritarismo presidencial. Sin embargo, se percibía dentro de ese mismo discurso que el malentendido entre Legislativo y Ejecutivo tenía un motivo más profundo y menos idealista que la pura defensa de la Constitución. Para Gonzales Vigil: “nosotros [los miembros de la Cámara de Diputados] particularmente, representantes de ese pueblo [el peruano]; somos el primer poder y nuestras resoluciones se cumplen, mandamos que vengan los ministros y los ministros vienen; decretamos que el presidente de la república mande ejecutar alguna cosa y el presidente así lo hace o debe hacerlo”. El motivo del conflicto nacía porque el Ejecutivo se atribuía funciones que el Legislativo creía propias. Era un asunto de poder.

Y el problema no terminó ahí. La Constitución de 1933 –para trasladarnos de súbito al siglo XX- dio un nuevo poder al Congreso, que le sirvió para obstaculizar las labores presidenciales en los gobiernos de José Luis Bustamante y Rivero (1945-1948) y Fernando Belaunde Terry (1963-1968). Estos dos tuvieron intenciones reformistas en un momento en que las bases del poder político, económico y social se veían corroídas por el surgimiento de una nueva política de masas y por nuevos actores sociales y políticos de clase media. En primer lugar, el gobierno de Bustamante careció de un plan económico, social y político coherente desde un comienzo, pero a esa debilidad intrínseca se añadió el factor de la disensión interna: la deserción del APRA de la bancada del gobierno y su oposición en el Congreso; situación que se tornó insostenible y fue escenario perfecto para el golpe militar de Manuel Odría.

Algo similar pasaría con el gobierno de Belaunde. Acción Popular adolecía de los mismos males que habían hecho caer a su antecesor en el modelo reformista: tampoco poseía un programa doctrinario claro ni una ideología coherente. En esas circunstancias, al gobierno le faltó coherencia y peso político para establecer sus reformas; así, los proyectos “a medias” que autorizó el Congreso generaron protestas y, poco después, comenzaría la crisis económica. La oposición obstruccionista de la coalición APRA-UNO (Unión Nacional Odriista) tenía parte de la culpa. Siete gabinetes y diez ministros censurados fueron el saldo que dejó la oposición en el Congreso y, por todos lados, asomaron los rumores de un nuevo golpe. De esa forma, cuando la página once del contrato con la International Petroleum Company se perdió, el Legislativo consumó su obra. El “primer poder del Estado”, como lo había nombrado alguna vez Gonzáles Vigil, había ejercido su poder de decidir qué proyectos se ejecutaban y bajo qué condiciones se hacían.

Aunque las fuerzas de oposición no hayan buscado propiciar un golpe de estado en 1948 o 1968, la lucha entre el Parlamento y el Ejecutivo, antes basada en ideales y la voluntad de hacer respetar la Constitución, ahora se producía por el puro deseo de poder. Esto había traído consecuencias fatales, tales como el descrédito, no solo de un gobierno, sino de la democracia en sí. La institución que en 1832 se declaró como baluarte de la defensa de la Carta Magna frente al autoritarismo y la arbitrariedad del presidente terminó propiciando el desarrollo de gobiernos autoritarios. Tales ironías de la historia son graciosas cuando sus consecuencias pertenecen al pasado, pero amargas cuando su efecto aún está presente. Si la democracia se fundamenta sobre la separación de poderes –si es que a Rousseau aún lo tenemos entre los padres de nuestro modelo político-, ambas instituciones son importantes para nuestro desarrollo como República, pero solo en el marco de sus respectivos lineamientos. No se trata de estar del lado de ninguno, de pedir que cierren el Congreso o que realicen el referéndum, se trata de convertirnos nosotros –ante la notoria visión de que el Legislativo ha olvidado ese papel- en los defensores y celadores del orden constitucional, y del respeto de nuestros derechos.

[1] “Discurso pronunciado por Francisco de Paula G. Vigil, el 8 de noviembre de 1832, acusando a Gamarra por infracciones a la Constitución”. En Ferrero Rebagliati, Raúl (1958) El liberalismo peruano: contribución a una historia de las ideas: ensayo, textos y notas. Lima: Tip. Peruana, pp. 253.