Una de las victimas de las esterilizaciones forzadas de 1997, Ruth Zúñiga, presidenta de la Asociación de Mujeres Campesinas de Anta provincia de Cusco, que rindió testimonio ante el fiscal Marco Guzmán Baca, sostiene que el funcionario tergiversó el testimonio de las mujeres campesinas quechuahablantes de Anta -la provincia con mayor número de mujeres esterilizadas en el gobierno fujimorista- y, pese a ello, postula al cargo de la Tercera Fiscalía Superior en Derechos Humanos.

“El fiscal Guzmán separó a mis compañeras que hablaban quechua de las demás para cambiar su declaración”, afirmó Zúñiga al recodar una de las diligencias que el juez realizó en la provincia. “Yo misma vi cómo el fiscal no escribía lo que mis compañeras le decían”, añadió la representante campesina que intentó quedarse hasta el final de la toma de declaraciones. “Váyase, me dijo, usted no tiene nada que hacer aquí”. “No señor, le respondí, yo estoy representando a mis compañera”, añadió Zúñiga, quien vino a Lima el 22 de noviembre para reunirse con otras victimas de las esterilizaciones.

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El Instituto de Defensa Legal (IDL) y la organización Flora Tristán presentaron tachas a la postulación de Guzmán Baca a la plaza vacante en la fiscalía superior.”Guzmán Baca está postulando a una plaza de fiscal en Derechos Humanos avocada a casos como el grupo paramilitar Rodrigo Franco, Accomarca, Lucho Manrique, el caso de Manta y Vilca -sobre violación de dos mujeres en Huancavelica-. No entiendo cómo va a poder resolver estos casos tan importantes pendientes en la justicia con una resolución tan controversial”, señaló el abogado de IDL Sigfredo Florián, representante de las señoras esterilizadas en Cusco, Huancavelica y Piura.

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También el exprocurador anticorrupción y abogado de Demus Julio Arbizu destacó que el exfiscal superior de lavado de activos no tomó en cuenta los testimonios que podían aclarar la finalidad del Programa de Planificación Familiar y Sexual en sí mismo, y también la acción de sus autores materiales. “Yo creo que es absolutamente inconveniente que un fiscal que ha demostrado un escasísimo nivel como Guzmán Baca sea promovido a fiscal superior, ya que si algo sugiere este documento (se refiere a la resolución de archivamiento) es que no está preparado para el cargo al que postula”.

Sin embargo, en el sitio web del Consejo Nacional de la  Magistratura Guzmán aparece como uno de los postulantes a llegar al cargo vacante. Esto preocupa a todos los que han cuestionado el archivamiento del caso de esterilizaciones forzadas, como la parlamentaria andina Hilaria Supa. “Esperamos que no lo nombren, ya que no se lo merece, porque no ha demostrado la calidad de fiscal que debería ser, no ha reconocido delitos de Derechos Humanos y se ha enfocado en dejar libre de la acusación a Fujimori y sus ministros. No le ha importado el sufrimiento de las víctimas”, manifestó Supa.

Todo indica que el nombramiento del nuevo Fiscal Superior de Derechos Humanos sería entre Guzmán y Luis Landa, el fiscal al que se le dio la competencia de revisar la queja presentada por los abogados de las víctimas. No obstante, el abogado Florián sostiene que no duda de la decisión que el fiscal Landa pueda tomar: “Conociendo al doctor Landa, creemos que él va a decidir que el caso se reaperture y se cumpla con las diligencias como la fiscalía debería de realizar”, mencionó Florián, quien tiene la información que Guzmán ya pasó el examen de conocimiento y estaría esperando la entrevista personal como prueba final.

También la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado la revisión de la resolución de Guzmán, ya que interpreta que en estos casos hubo delitos de lesa humanidad. “”Es un crimen de lesa humanidad”, así lo afirma el doctor Cubas, porque han sido esterilizaciones masivas, incluso mujeres que estaban gestando. Esto ha sido solo en un sector del país señalado como el menos pudiente, el más excluido por el Estado”, así se refirió la parlamentaria andina ante la contradicción de nombrar a un fiscal notificado por la CIDH.

“Coincidimos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dio sentencia en el caso de Mamérita Mestanza por ser una institución internacional. Nosotros establecemos que para los crímenes de lesa humanidad hay dos requisitos fundamentales: la práctica sistemática y generalizada. Y al revisar las tres zonas investigadas nos dan cuenta que las declaraciones coinciden con estas prácticas”, sostuvo Florián, quien también viajó a tomar declaraciones de la mismas campesinas que entrevistó Guzmán.

Florián, asimismo, espera que no se le nombre a Guzmán, ya que cree que hay otros postulantes con una trayectoria más reconocida en Derechos Humanos que son los indicados para esa plaza tan importante para nuestra justicia. “Está claro que esté fiscal nunca debió tener a cargo el caso de esterilizaciones forzadas y menos postular a una fiscalía superior”. “Eso sí me parece un absurdo”, dijo Arbizu que ya trabaja con Demus para presentar una medida legal de ser nombrado Guzmán.

Por su parte, las víctimas y las organizaciones que las representan afirman que seguirán al pie de la lucha para reclamar sus derechos. “No podemos perder las esperanzas aunque veamos que la justicia es muy débil para los pobres y solo se reconoce a personas que tienen plata y tienen cargos importantes; la intención de que no quede impune este hecho nos da más valor para seguir adelante”, señaló Supa, acompañada de las víctimas de Anta en un evento de encuentro feminista.

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