Editado por Astrid Crisóstomo

Las protestas en Sudamérica no se detienen. El 21 de noviembre (21N) pasado en Colombia se convocó a un paro nacional en varias ciudades del territorio. Los grupos de manifestantes estuvieron conformados por, sobre todo, trabajadores y estudiantes. Lamentablemente, los actos de violencia no fueron ajenos a los acontecimiento. Colombia se suma a los recientes hechos violentos ocurridos también en Ecuador, Chile y Bolivia.

Hace prácticamente cuatro décadas que Colombia no atravesaba por una situación como la que se vivió el pasado jueves. Si bien las protestas del 21N fueron pacíficas durante el día, la noche cubrió a Colombia de protestas violentas, lo que dejó un saldo de 3 muertos y más de 100 heridos entre civiles y policías. Lo que empezó como un ejercicio legítimo del derecho a la protesta, quedaría opacado por el terrible accionar de encapuchados, sobre todo en Cali y Bogotá.

La principal razón del paro nacional es de carácter económico. Al día de hoy, Colombia goza de un crecimiento de 3.3%, uno de los más altos de la región. Sin embargo, esto no se traduce en un incremento del empleo, sino todo lo contrario. La tasa de desempleados en el país asciende a más de 10%, lo que genera un válido malestar en la población.

De igual forma, el miedo se ha apoderado de los trabajadores sindicalizados y los estudiantes debido a la extendida creencia de un paquete de reformas laborales y del sistema de pensiones. La sombra de estas reformas implicaría la reducción de los salarios a los jóvenes y la eliminación del fondo nacional de pensiones. Como respuesta, el gobierno ha anunciado que nada de ello se implementará; sin embargo, quedan todavía cuestiones fiscales y sociales que resolver.

Iván Duque, actual presidente colombiano, cuenta con un porcentaje de aprobación del 26% y con un 69% de desaprobación. Para entender ello, además del aspecto económico, es necesario fijarse en la implementación del acuerdo de paz con las FARC. Los manifestantes denuncian que este no viene siendo totalmente respetado, lo que ha ocasionado que grupos como el ELN y disidentes entren en una pugna con el ejército y las comunidades indígenas y campesinas por el control territorial, sobre todo en el Valle del Cauca. 

A partir de ello, existe otro gran problema por el que los manifestantes decidieron salir a las calles: las muertes de líderes indígenas. Aquí es preciso realizar un análisis detenido de quiénes son los responsables de tan lamentables descesos.

Como ya se ha mencionado, existen grupos terroristas, los cuales poseen conexiones tanto con el narcotráfico como con el Cartel de Sinaloa, quienes al querer ejercer control territorial se enfrentan con las comunidades. Esto ha generado respuesta por parte del ejército colombiano, que si bien ha intentado ser lo más efectivo posible, ha tenido lamentables efectos colaterales como la muerte de los infantes secuestrados, hecho que llevó a la renuncia del ex ministro de defensa Guillermo Botero.

Al día de hoy, Colombia parece no encontrar calma. Las protestas llevan ya cinco días y el presidente ha anuciado una reunión con los líderes sindicales este martes. Los problemas que han generado la movilización y cacerolazos tienen que ser abordados más allá de las cuestiones económicas. Acabar con la todavía existente amenaza terrorista y las muertes de líderes indígenas es otro punto a tener en cuenta a fin de poder pacificar la situación, evitar un mayor descontento social y el recrudecimiento de las protestas.