Editado por Astrid Crisóstomo

Desde principios de mes hasta la fecha, la región sudamericana se ha visto envuelta en una serie de sucesos de crisis política y social. Estos han implicado, sobre todo, movilizaciones ciudadanas que han desembocado en lamentables episodios de violencia, tanto por los manifestantes como de los gobiernos involucrados. Las razones de estos hechos son variadas, por lo que este artículo pretende exponer una breve descripción y análisis de lo ocurrido en Ecuador, Bolivia y Chile

En Ecuador, el presidente Lenin Moreno se veía en la necesidad de reducir el alarmante déficit fiscal producto de la herencia del correísmo. Por ello, el 1 octubre decretó un plan de austeridad que implicaba, entre otras cosas, el retiro del subsidio a la gasolina y al diésel, lo cual fue necesario para acceder a créditos por más de $4200 millones por parte del FMI y así revitalizar la economía. Como respuesta a ello, se dieron una serie de manifestaciones civiles encabezadas por el movimiento indígena, el cual goza de una amplia organización y capacidad de movilización. Los actores enfrentados en este escenario fueron claros y la respuesta es bien conocida. Luego de días de bloqueo de carreteras y episodios de violencia entre las fuerzas del orden y los manifestantes, el presidente derogó el decreto y estableció una mesa de diálogo que, lamentablemente, fue suspendida por los representantes indígenas el día 23 de octubre debido a que alegaban persecución. 

El caso boliviano es un tanto distinto. Las protestas se originaron a partir de la acusación de fraude en las elecciones del pasado 20 de octubre. Sin embaego, para comprender mejor el problema, hay que mirar un poco más allá. Si bien es cierto que se ha dado un crecimiento económico en Bolivia desde la llegada de Evo Morales, debido al boom de los hidrocarburos, este ha ido mostrando tintes autoritarios. Ejemplo de ello son las estrategias clientelares y de cooptación de las instituciones bajo una lógica corporativista. Asimismo, el hecho de que Morales no acatara la negativa del referéndum para una nueva reelección apelando al Tribunal Constitucional (controlado por el MAS) puso aún más en cuestión su legitimidad y legalidad en el cargo, lo que generó una mayor polarización de la sociedad. Ya en la elección, las acusaciones por fraude surgieron apartir del hecho de que el organismo electoral dejó de emitir el conteo de votos al 80% por unas horas cuando parecía que se iba a recurrir al balotaje. Luego de esta alarmante pausa, Morales aparecía como virtual ganador. Esto generó una serie de acusaciones, movilización ciudadana y la implementación del estado de emergencia.

Lo que viene sucediendo en Chile es tal vez el caso más resaltante. Las protestas iniciaron a raíz de la subida de 30 pesos en el precio del transporte público, por lo que las duras imágenes de vandalismo y represión han puesto al gobierno de Piñera en el ojo de la tormenta. Además, el ya muy popularizado (o viralizado) “Chile despertó” incita a creer que la sociedad chilena se encontraba “dormida” o aletargada por una suerte de “hipnosis del modelo neoliberal”; sin embargo, es preciso analizar la situación con más detenimiento. El modelo económico chileno ha sido catalogado como uno de los más exitosos de la región en los últimos 30 años debido a la reducción de la pobreza, una mayor movilidad social y menor desigualdad intergeneracional. No obstante, sería ingenuo creer que este ha estado exento de fallas o debilidades como casos de corrupción, la existencia de monopolios y oligopolios que elevan el costo de vida, y la desigualdad en el ingreso. Estas fallas, que generan un válido descontento, han sido fuertemente politizadas por grupos partidarios contrarios al gobierno, lo que, sumado a la protesta ciudadana, ha generado una reacción en cadena que desembocó en los lamentables hechos de violencia y vandalismo. Además, se debe de reconocer el mal manejo inicial de Piñera para con la crisis y la cuestionada represión por parte de las Fuerzas Armadas, la cual debe de ser investigada con la mayor transparencia posible. Finalmente, es preciso señalar que en Chile no se tiene un grupo organizado e identificado con quien el gobierno pueda negociar (tal como sí sucede en Ecuador), sino que las movilizaciones se componen por diversos grupos políticos y ciudadanos de a pie. Es por ello, que a pesar de las medidas optadas por Piñera, la situación parece resistirse a la calma.