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Desde que tengo uso de razón los políticos vienen hablando de la Gran Reforma de Educación, que es necesaria para que el Perú avance. Sin embargo, pasan los años y no vemos mayor cambio. Es así, que hace algunos meses, Daniel Mora propuso una reforma de la Ley Universitaria, que la haría más eficiente y con menos posibilidades de corrupción. Lo que se presentó era un documento que no resolvía ningún problema y, de hecho, creaba más de lo mismo.

Habían tres puntos que particularmente me causaban bastantes problemas, digo causaban porque uno no se aprobó y los demás todavía están en proceso. 1) La doble tesis para egresar de la Universidad. La investigación es importante, lo sé, pero un tesis de licenciatura y una de bachillerato lo que crean son obstáculos para entrar al campo laboral y gastos innecesarios. Este punto no fue aprobado. 2) La creación de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, que se encargaría de autorizar la creación de facultades y escuelas privadas y públicas. En cuanto a las universidades privadas, también contempla que debe justificarse la demanda cualitativa y cuantitativa que se encuentra insatisfecha. Esto genera un problema debido a que no hay separación entre lo público y lo privado. Es decir, el Estado estaría interviniendo directamente en organismos privados. 3) Por último está, personalmente lo que creo peor, el SINEACE que se encargará, de ser aprobada la ley, de acreditar a las universidades públicas y privadas. Es cierto, que las universidades tendrán más de una oportunidad para acreditarse. Sin embargo, el SINEACE sería la única entidad que podría acreditar a las universidades. El monopolio de la acreditación sería entonces manejado por el Estado, lo que la historia nos ha enseñado que no puede terminar bien.

Estos tres puntos que he mencionado, que son más pero por falta de espacio no aumentaré ni profundizaré, pues merecen publicaciones aparte, son accesorios. No son lo que fundamentalmente está mal, según mi opinión, con ley. La idea que subyace a este proyecto de ley es una confusión entre lo público y lo privado que facilita la intervención del Estado en TODO el sector educación. Esto es inaceptable, para mí, por varias razones. A continuación sólo explicaré dos: 1) Si el Estado no puede con el sector público, aumentarle el sector privado lo haría menos manejable. Si no puedes comerte un cupcake, menos podrás comerte un chifón. 2) El sector educación, a nivel mundial, ha sufrido un interesante cambio. Debido al desarrollo de las tecnologías, los salones de clase nos han quedado chicos. La educación se ha llevado al ámbito virtual, y el intercambio de información que se ha dado ha cambiado la manera en la que concebimos el aprender. Actualmente, en el mundo, están floreciendo los Open Educational Resources y los Massive Online Open Courses. A esto se le llama la democratización de la educación, la idea de que el valor agregado de las universidades es su vida en campus, y que la información que se da en éstas se puede compartir. Es así, que una persona en un barrio pobre de la India, y que puede acceder a una computadora, puede enriquecerse con el contenido de clases de la Universidad de Yale, por ejemplo.

Con esta idea, mi propósito es señalar que las tendencias mundiales apuntan a una democratización de la educación, liberalizando la información y permitiendo un libre intercambio por iniciativas propias (privadas). El Estado tiene el deber de permitir que esto suceda, de permitir la competencia libre y la libertad de información. Su intervención en el sector de educación superior, de la manera tan brusca y arcaica que pretende el proyecto de ley, sólo significa un retroceso en el desarrollo de los sistemas educativos del Perú. Un paso atrás que no tenemos el lujo de dar.

Araceli Pinto

Miembro de Unión Estudiantil (UNES)