Los trabajadores de RIpley durante una dinámica en la PUCP

Los trabajadores de RIpley durante una dinámica en la PUCP

El salón 201 de Letras dejó por momentos de ser el típico salón donde el profesor imparte clases y algunos alumnos escuchan con atención o dedican el tiempo a Facebook. Aula Sindical, proyecto universitario a cargo de estudiantes de diversas facultades que nació como un trabajo de responsabilidad social, trajo a la PUCP a los sindicatos de Ripley y Saga Falabella. Bajo el título de “Sindicato y Universidad: dos perspectivas, un mismo mundo”, la ponencia desarrollada tocó temas imprescindibles no solo para el ámbito laboral sino para la estabilidad social del país. Carolina Floríndez, jueza especializada en temas laborales, Gustavo Espinoza, ex secretario general de la CGTP y el joven estudiante de Derecho de la UNMSM, José Matos fueron los ponentes. Mención aparte a los trabajadores que se hicieron presentes. Gracias a ellos se pudo conocer que las cifras y opiniones del gobierno en cuanto a regímenes laborales siguen siendo engañosas. Como se dijo, pertenecían a los grandes centros comerciales como Ripley o Saga. No obstante, los testimonios de los trabajadores ilustraron las penurias por las que pasa actualmente la organización sindical a nivel general. Una gigantografía del sindicato de Ripley situada al fondo del aula mostraba que estábamos en zona sindical.

La jueza Carolina Floríndez empezó con temas básicos y necesarios sobre derecho laboral. Explicó cuándo los despido procedían. En el caso de despido arbitrario sucedido por causa justas, para que este tenga efecto debe darse un proceso de despido, en donde al infractor debe hacérsele llegar una carta de despido en donde se informe sobre su situación y para que este haga sus descargos. En el despido arbitrario no corresponde la reposición y sí en cambio la indemnización. Las faltas graves por las que se da este tipo de despido tienen que ver con incumplimientos laborales, hostigamiento sexual, violencia física, entre otros.

Un tema de crucial interés para el trabajador -sobre todo para el afiliado a un sindicato- es el de la reposición. La reposición puede ocurrir cuando las causas de despido no están tipificadas en el ordenamiento legal. Ser parte de un sindicato o tener determinada idea política no es fundamento para que se te quite el trabajo. En este caso se llama despido nulo. Las vías para la reposición se hacen por la vía ordinaria, la de los jueces laborales, o la vía constitucional, en el cual los jueces constitucionales se hacen responsables del caso en cuestión. Este llega a ellos mediante un proceso de amparo. El proceso de amparo, cabe decir, se encarga de garantizar los derechos constitucionales de las personas y con él se busca reponer al afectado “al estado de cosas anterior a la vulneración del acto”.

La vía constitucional es importante pues gracias a las sentencias se genera jurisprudencia que los jueces laborales pueden adoptar para la resolución de conflictos judiciales que les corresponden. En este caso, la jueza Floríndez señaló que se han establecido, dentro del despido nulo, dos figuras: la del despido incausado y la del despido fraudulento. El primero indica que la evidencia presentada por el empleador para despedir al trabajador no se ajusta a la causa que presenta. En el segundo, el empleador de turno engaña con pruebas, es decir, el famoso sembrado de pruebas. El uno como el otro son la artimaña principal con la que se desarma a los sindicalizados.

Visto eso, la jueza Floríndez subrayó que en el plano judicial no es tan fácil corroborar los despidos incausados o fraudulentos pues, por ley, no hay una etapa probatoria que verifique esos procesos. Es decir, sí puede emplearlos pero eso queda en manos del emisor de justicia y no por lo que la ley dice que, a fin de cuentas, tiene más peso. Este orden legal es aprovechado por las empresas para someter a los jueces por procesos de prevaricato. Es el uso amañado de la ley. Aunque también, como se escuchó durante las intervenciones de los trabajadores, una buena aceitada de parte de los empresarios faculta a los jueces a “actuar conforme a la ley”. Son cuestiones de forma.

Floríndez terminó su disertación recordando que la inclusión de la etapa probatoria en la Ley General de Trabajo podría lograrse con una iniciativa legislativa. Teniendo en cuenta los desmanes congresales, esta, con toda razón, recaería en los ciudadanos, o sea, en los trabajadores.

En efecto, el derecho al trabajo está estipulado en la Constitución. Dentro del derecho al trabajo se encuentran otros derechos como derecho al salario y a la organización sindical. Bien pueden ser representadas en la Constitución pero en la práctica deben ser respetadas y cumplidas, cosa que no parece estar ocurriendo. Con estas palabras, Gustavo Espinoza dio inicio a su presentación.

El sindicalista, que estuvo a las órdenes de la CGTP en los memoriosos años de las luchas sindicales durante la dictadura militar de los 70’s, contó cómo siendo un joven de entre 18 y 20 años, junto a otros de su misma edad iba por tiendas comerciales grandes como Ripley o Saga, de banco en banco, de fábrica en fábrica, fomentando conciencia sindical. Al igual que otros jóvenes de la edad, estos estaban profundamente convencidos de la importancia de estar sumergidos en la lucha sindical. Ni qué decirse de la participación política. La audiencia que atendía la ponencia ni siquiera estaba en los planes de sus padres en esa época, bromeó Mendoza. Ellos escuchaban con atención al sindicalista que peina canas. “Qué fuerte. Represión militar y, sin embargo, los sindicatos eran una fuerza poderosa en el Perú de entonces. ¿Y hoy?”, parecían cuestionarse algunos.

¿Es el despido un conflicto social o un conflicto legal?, preguntó Espinoza. Este tirante debate que por un lado beneficiaba la participación sindical y por otra la preeminencia de los juzgados a la hora de resolver conflictos laborales fue alegremente zanjado durante el gobierno fujimorista. “Es legal”. Este cambio de esquemas resta fuerza al sindicato como actor representativo de la fuerza de trabajo. El trabajador, cabe esperarse, llega al juzgado. En la otra esquina está la empresa poderosa con poderosos abogados de estudios prestigiosos. La justicia ciega se encargará del asunto. Por su parte, José Matos cuestionó que a pesar de haber positivizado los mecanismos de solución laborales, los nuevos fenómenos empresariales (intermediación, tercerización, franquicias, etc.) han desfasado al sistema judicial. Espinoza reconoció que los sindicatos actuales adolecen de este problema, siendo la CGTP un actor político coyuntural y que cuotea el poder. El SUTEP, contó un joven militante de Patria Roja, cojea del mismo pie.

Como una forma de quebrarle la mano al sistema jurídico, que se estima estable, Gustavo Espinoza pidió tomar en cuenta que si bien el trabajador puede tener éxito en el proceso de reposición, las empresas-que nunca tienen pierde ponen al trabajador en la lista negra en caso tiente plazas de trabajo en otros lados: macartismo a la peruana. “Clasista”: así nombró Espinoza a la legislación laboral peruana, pues libra de polvo y paja a la patronal. Curioso contraste con lo que actualmente dicen los grandes empresarios de la SNI, la CONFIEP y otros tantos gremios empresariales. Ellos dicen en coro: “!el régimen laboral en el Perú es muy inflexible!” En otras palabras: menos derechos laborales, por favor.

No solo desde la vía judicial no se le presta oídos a la problemática laboral. Con investigación en mano, los trabajadores de Ripley preguntaron indignadamente cómo a pesar de tener inspectores laborales que fiscalizan el trabajo, las situaciones irregulares que estos hacen llegar al Ministerio de Trabajo muchas veces quedan en foja cero. Hugo Fernando Visosa, secretario de defensa del sindicato de la tienda Ripley, lamentó que los instrumentos judiciales sean sobrepasados por el poder empresarial. La denuncia de la revista Hildebrandt en sus trece reveló hasta qué nivel puede considerarse al despido como un aspecto legal. José Matos deslizó que para virar esta situación podría considerarse que los inspectores laborales actúen de oficio y no de parte. Porque algunas veces lo segundo significa, indirectamente, trabajar de parte de la empresa. Por otro lado, Matos remarcó que, en el caso de la inspección laboral, son los mismos trabajadores que tienen que hacer la denuncia. Con una informalidad del 70% y pésimas condiciones laborales, además de desconocimiento, estas pocas veces llegan. La cereza del pastel llega a cargo de la huelga de los inspectores laborales de esta semana. Tremenda situación que se vive en el plano laboral.

Espinoza mencionó que actualmente a nadie le importa si se sindicaliza o no. Pero, como se vio durante el evento, la importancia del sindicato por ser una organización solidaria y que pugna por mejoras laborales en el centro de trabajo es a todas luces grande. No quepa duda de que son otros los desafíos que se viven, tal como recordó Matos, sin embargo algo persiste: la injusticia del despido y la exposición a una condición perjudicial para la vida. No se trata, como dicen muchos gremios empresariales, de ver a la sindicalización como modo de condicionar la vida laboral a lo que algunos antojadizos líderes sindicales desean; si no, más bien, de justicia social. De momento, felicitaciones a los chicos de Aula Sindical por retomar temas de singular importancia.