Hace unos días el juez David Suárez del Primer Juzgado Constitucional de Lima declaró fundada la acción de amparo impuesta al sorteo del SMO, por lo que este no se dió. Inmediatamente generó una reacción especial en el público y, particularmente, en el presidente, quien escribió en su cuenta de Facebook: “[…] Lo que se ha hecho es darle coherencia a una ley que tenía seis años. Hoy día los cuarteles están vacíos, no tenemos gente, soldados, para cubrir todo el territorio, pero parece que a los que han opinado no les interesa la seguridad nacional.” Su declaración dio pie a diversas reacciones del público —la mayoría insultándolo y haciéndole recordar su condición de pisado—. Pero aclaremos un poco sus palabras.

Obligar a una persona a realizar un acto es inconstitucional, y la verdad es que hay un desprestigio de las fuerzas militares, solo hace falta hacer una retrospectiva. El gobierno de Fujimori, en su mayor parte corrupto, no hubiese podido sobresalir sin el apoyo de las fuerzas armadas, lo que marcó a esta institución de un irrespeto y una mala reputación, denigrándola a la condición de “gentes de mal vivir” quienes son enlistados a sus filas. Pero, cabe resaltar, que el servicio militar es un acuartelamiento con dos años de duración. Creo que para hacer más atractivo este paso sería necesario reducir el tiempo de dos años a seis meses y aumentar ligeramente el pago que se otorga —pues está claro que no es una oferta laboral sino una especie de servicio a la patria—.

De lo que se trata es de mejorar la dignidad del incremento de esta propina, que aquellos que no han recibido una educación superior y están en el rango de edad solicitado, pero mantienen a su familia con trabajos ambulantes o de otro tipo, tengan también el derecho a elegir. Es necesario tener  una cantidad necesaria de oficiales que puedan mantener la estabilidad en cuanto a las vacancias en los cuarteles. Pero recordemos que no estamos en un estado de guerra constante como sí lo está Israel u otros países del medio oriente, amenazados siempre por sus vecinos. Aunque quedan algunos pocos que por su falta de sesos hablan de más, como por ejemplo sostener una hipotética guerra con Chile. De todas maneras si la función principal del ejército es la de protegernos de amenazas exteriores, estoy seguro que la barra brava de la U lo haría mejor. Cualquier país que nos ataque —menos Bolivia— nos ganaría rotundamente. Y si se le va a pagar a alguien para que sostenga un arma y porte un uniforme, prefiero que sea un oficial de la policía quien libre una guerra de verdad contra los criminales, malhechores y demás peste que altera nuestra tranquilidad.

Y es que la mayoría de voluntarios que se enlistan son usados como carne de cañón, siendo enviados al VRAE en condiciones deplorables, y con trabas tan grandes que incluyen tanto leyes como oenegés manejadas por eunucos defensores de terroristas y de “derechos humanos”. Una de las soluciones: en  vez de comprar tanques chinos o gastar en un servicio de inteligencia no-tan-inteligente, mejorar la calidad de vida de estos nobles oficiales y, por sobre todo, comprar patrulleros, pues en nuestro país resulta que el auto de los asaltantes generalmente es más rápido que el de la policía. Y que el ejército no siga consignándose bajo la frase: “Ya vienen los chilenos, carajo, vamos a disparar.”