El 22 de Junio del 2020 se ha iniciado una nueva fase de la reactivación económica, a partir de ese día todos los peruanos tienen el derecho a movilizarse para realizar compras en centros comerciales. Pero, ¿Esta fase no estaba planificada para Agosto-Setiembre? Es innegable que en Perú hemos tenido el confinamiento más largo del mundo, ya que hemos llevado cerca de 95 días con medidas estrictas de aislamiento promovidas bajo el slogan #YoMeQuedoEnCasa. La desesperación se siente en el sector empresarial, varios negocios no se dan abasto con el servicio de delivery y necesitan atender presencialmente para poder evitar caer en quiebra. Casualmente, hace semanas se difundieron varias denuncias hacia tiendas por departamento como Saga Falabella y Ripley, ya que los envíos no se estaban realizando bajo los tiempos acordados y muchos clientes recibieron productos que no pidieron. Era evidente la insostenibilidad del sistema por delivery para tiendas que vendieran productos fuera del rubro alimenticio. Sin embargo, no solo las grandes empresas presentaban falencias e incluso imposibilidades de recuperar sus ganancias, los trabajadores formales de Gamarra también protestaban porque el sistema de venta online no era suficiente para reactivar la economía del emporio. ¿Cuál fue la solución del Ejecutivo? La aceleración de la reanudación de actividades comerciales, pero no solo para tiendas específicas, si no para centros comerciales o galerías que puedan cumplir con los estándares de bioseguridad que exige el gobierno. Son centros comerciales enteros que no solo manejan tiendas por departamento, si no tiendas pertenecientes a franquicias, tiendas independientes y negocios locales. En el caso de las galerías de Gamarra, se tratan en su mayoría de negocios locales dedicados a la producción téxtil. Cabe resaltar que los establecimientos de comida aún (felizmente) siguen atendiendo mediante la modalidad delivery y recojo en tienda. ¿Es realmente una solución la reapertura de tiendas? ¿Es coherente con la política gubernamental? Sí y no, respectivamente. Hay que tener cuidado con el léxico empleado, es una solución que podría remediar parcialmente la situación económia de las empresas puesto que los centros comerciales no tendrán el público que tenían antes y el poder adquisitivo de la población está más limitado. Por otro lado, esta política de pronta reapertura no es coherente al ser comparada con la política sanitaria y social. ¿Realmente el Estado está protegiendo la salud de las personas, o sus empleos? ¿Frente a la reapertura masiva de centros comerciales, realmente se puede decir que se practica la política de #PrimeroMiSalud? ¿El Estado y las grandes empresas nos están diciendo implícitamente “sálvese quién pueda”? 

En primer lugar, se tienen que evaluar los motivos que tuvo el Estado para reactivar los centros comerciales y galerías antes de lo previsto. En definitiva, entraron a tallar factores económicos y comerciales, pero también se puede encontrar un factor laboral. Como mencioné previamente, en tiendas por departamento se evidenció que el delivery no era eficiente para el cliente y no se podía recuperar la situación económica. Franquicias como Saga Falabella incluyeron en su catálogo una variedad más amplia de productos para llegar a un mayor público, pero no fue suficiente. Como expuse la semana pasada, la situación de Gamarra no era sólo pesimista como la de las grandes empresas, si no, se veía que los pronósticos eran desoladores por la imposibilidad de poder vender y seguir al día en los pagos que requiere la tienda. Mientras que un sector de las tiendas por departamento ha podido seguir atendiendo por delivery, las tiendas de gamarra tienen este recurso en un desarrollo muy temprano y es imposible que las tiendas distribuyan masivamente a este punto. Además, en vista al desorden, caos y aglomeración visto la semana pasada en varias calles de La Victoria, se puede ver que el mal menor para la situación comercial de Gamarra sea la reapertura de ésta. Por ende, la pronta reactivación está justificada por el lado económico, se tienen que evitar más pérdidas diarias y salvaguardar la continuidad de varias empresas en el Perú. Así como hay grandes empresas con suficiente solvencia para poder dejar de vender por meses, hay otras pymes que se ven altamente perjudicadas e incluso llegan a cerrar por la inviabilidad de continuar con tantas deudas acumuladas. Por el lado de la empleabilidad de la población, se podría alegar que hasta cierto punto es beneficiosa la reapertura en este aspecto, ya que serían más personas con sueldo y con poder adquisitivo, lo cual es una ayuda importante tanto para ellos como para la economía local. No obstante, no hay que olvidar de que aún existen severas falencias dentro de los protocolos de bioseguridad que siguen varias empresas, por ejemplo, Ripley de Bellavista no pudo seguir operando al presentar severas carencias de bioseguridad y la regulación para la cantidad de pymes en Gamarra es pobre debido a las bajas durante estos meses en la fiscalización de La Victoria. Las instituciones encargadas de asegurar la protección tanto del cliente como del empleado presentan deficiencias a este punto, por lo cual se genera una laguna dentro de la viabilidad de la reactivación comercial. ¿El Estado está cumpliendo con su fin último, la vida de la población? Es cuestionable, la continuidad económica y comercial está garantizada, así como el retorno al trabajo de una fracción importante de la población. Sin embargo, como se expuso antes, la COVID-19 aún existe en el Perú y las instituciones encargadas de fiscalizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad presentan graves deficiencias que entorpecen su eficaz funcionamiento. Es importante destacar que una falla no fiscalizada en los protocolos de bioseguridad significa una expansión más rápida del virus y un potencial incremento de contagios. Los centros comerciales han presentado un gran movimiento al ver filas en varios establecimientos, el movimiento de la población trae como consecuencia el aumento del transporte, y por ende, un potencial aumento en las aglomeraciones que el gobierno siempre insta a evitar. Es aquí cuando entra la pregunta ¿La política económica estaría contradiciendo a la política sanitaria?

Existen inconsistencias al comparar la política económica de la pronta reactivación comercial con la política sanitaria de #PrimeroMiSalud. Mediante el cambio de slogan a #PrimeroMiSalud se evidencia que el gobierno insta a la población a usar su sentido común, y por ende, poner primero el cuidado de su salud antes de la realización de actividades superfluas como reuniones sociales o visitas de paseo a centros comerciales. No obstante, la política sanitaria sigue teniendo como principal enfoque el aislamiento social, al menos hasta el 30 de Junio. Asimismo, las cifras y las imágenes grabadas en hospitales indican que el sistema de salud peruano está peligrosamente cerca del tope de su capacidad, incluso se ve que en regiones como Loreto que los sistemas están colapsados. Cabe destacar que no todos los pacientes COVID-19 están siendo atendidos en hospitales, varios están guardando reposo en sus respectivos hogares, por lo que se puede deducir que no son atendidos todos los enfermos, ya que los hospitales no se dan abasto. Analizando el caso de reactivación en Gamarra, las galerías no se encuentran adecuadamente fiscalizadas por la escasez de fiscalizadores en el distrito, y las imágenes transmitidas en medios de comunicación confirman que no se están cumpliendo las medidas de distanciamiento social. No son filas comunes, son filas comparables a las filas presentadas durante el inicio de la cuarentena, específicamente durante la política estatal de salida diferenciada por género. Por ende, en este distrito, potencialmente, puede existir un disparo en el número de contagios, y cabe destacar que en La Victoria ya se ve un alto número de nuevos casos diarios. A estas alturas del partido, el Estado podría no afrontar apropiadamente una segunda ola que vendría a causa de la falta de distanciamiento social y aglomeraciones en establecimientos comerciales. Por otro lado, la situación vista en centros comerciales formales no muestra una situación más optimista. Como ya expuse antes, se han evidenciado falencias en la bioseguridad de los locales. A pesar de que existe un control más riguroso del aforo y las medidas de bioseguridad tomadas a la entrada, los centros comerciales naturalmente convocan más cantidad de gente por la cantidad de establecimientos a lo largo del Perú. Un gran número de las personas que se transporta a estos centros, entre clientes y empleados, se moviliza usando transporte público. Los sondeos en medios de transporte público como el tren eléctrico han demostrado que existen estaciones con un porcentaje preocupante de contagiados, dónde el número supera a más de la mitad de pasajeros. La reapertura comercial es una bomba de tiempo que podría ocasionar el colapso del hacinado sistema de salud. Retomando lo que previamente mencioné, aún con las medidas “estrictas” de cuarentena se veía un colapso de ciertos establecimientos de salud. El precio del oxígeno, la cantidad de nuevos pacientes que requerirán UCI y la reducción del recurso humano dispuesto para la atención están dificultando la respuesta del sistema de salud. No se puede mantener la política sanitaria de reducción nacional de contagios a la par de una política económica que indirectamente fomenta las aglomeraciones. El país no ha estado preparado para evitar aglomeraciones en centros comerciales y en el transporte público, las personas usaran estos medios en esta nueva fase de la reactivación y solo tenemos que esperar que no ocurra una segunda ola que aumente más la cantidad de muertes y contagios.

Hoy, horas antes de la publicación de éste artículo, Vizcarra ha dado un ultimátum a las clínicas privadas y ha amenazado con usar el Art.70 de la Constitución Política del Perú que contempla la expropiación en aras de proteger la seguridad nacional. La política sanitaria frente a la pandemia ha dado un giro drástico, ya que ahora la misión del Estado es proteger la salud de los peruanos a cualquier costo y con los recursos que tengamos disponibles, así estén privatizados. El Ejecutivo está buscando resolver el problema de los costos abusivos de las clínicas a los pacientes de COVID-19 que no se pudieron atender en hospitales. No se puede perder de vista que, si se quiere asegurar la continuidad de la reactivación económica para evitar la quiebra de más empresas, la capacidad de respuesta sanitaria que el Estado puede brindar tiene que ser mayor. Si se ha decidido salvaguardar a corto plazo a Gamarra y las grandes empresas, también se tiene que tener planeado el plan de respuesta del Estado. Así se use #PrimeroMiSalud como slogan, será inevitable que en las siguientes semanas aumenten los contagios producto de las aglomeraciones producidas en el trayecto del cliente a la tienda. El adelanto de la reactivación traerá consecuencias sanitarias, el sistema de salud en este momento está al borde del colapso y las decisiones tomadas dentro de las próximas 48 horas serán vitales para el panorama nacional. Mientras no podamos responder por daños que inevitablemente sucederán, se verá la puesta en práctica de una consigna estatal implícita, “¡Sálvese quién pueda!, nosotros ya no podemos hacer más”.