Durante las últimas semanas, hemos presenciado una serie de cuestionamientos a renombrados personajes de la política nacional.  En un contexto similar al que se puede encontrar en un enfrentamiento entre barras bravas, metafóricamente hablando, diversos políticos se han acusado mutuamente de carecer autoridad moral para jactarse de ser los defensores de la decencia y moralidad. Bajo una lógica de “yo soy menos corrupto que tú”, muchas agrupaciones políticas, en lugar de responder claramente ante las denuncias en su contra, no tuvieron mejor estrategia que tratar de revivir o iniciar investigaciones en contra de los partidos rivales. No obstante, mientras ellos creían que pasarían desapercibidos con ese intento de zafarse, las dudas en las mentes de los peruanos aumentaban.

De esa manera, los principales prospectos de candidatos presidenciales para las elecciones generales del 2016 quedaron más desprestigiados de lo que ya estaban. Entonces, cabe preguntar lo siguiente: ¿a quién le favorece todo ello? … ¿A Keiko o Castañeda?, ¿a García o a Toledo? En realidad, a ninguno. Si la población ya tenía una imagen negativa sobre ellos, con lo acontecido últimamente, esta indudablemente no mejorará. No obstante, sin lugar a dudas, el principal afectado es el país, el cual observa cómo su clase política se enfrasca en enfrentamiento, y es incapaz de colocar en agenda temas relacionados con el Perú para dentro de 20 años más. Proyectos a largo plazo, los cuales implican un grado de consenso y debate profundos. Por lo tanto, el sentimiento de “que se vayan todos a su casa” se fortalece. Aquella percepción que explica el hecho de que ante una decisión autoritaria como la realizada por Fujimori al momento de disolver el Parlamento, la mayoría de la población se haya mostrado indiferente. Es así como la democracia se debilita, y los proyectos dictatoriales ganan legitimidad.

Asimismo, con el último “blindamiento” efectuado por la bancada oficialista, el cual evitó que el Congreso de la República investigara al ex –presidente Toledo por supuestos actos de corrupción, la situación se vuelve aún más crítica. Más allá del hecho de que esta decisión parece ser insostenible, a partir de la aparición de nuevas pistas que han salido a la luz en relación al líder de “Perú Posible” y a la consultoría “Ecoteva”, tal acto es un pésimo precedente que genera desconfianza en la ciudadanía. En efecto, la población creerá que la necesidad por parte de la bancada de “Gana Perú” de mantener la mayoría en el Parlamento, importa más que el legítimo derecho de los peruanos por saber si un antiguo gobernante, el cual tiene claras pretensiones de volver al poder, se encuentra involucrado en asuntos ilícitos.

Ollanta Humala se encuentra próximo a cumplir dos años de gestión, y las críticas respecto a su falta de congruencia con lo afirmado y prometido por el Humala candidato (a estas alturas, el slogan electoral de “Honestidad para hacer la diferencia” parece un chiste de mal gusto) van en aumento. Si existe un tema en el cual pueden coincidir, tanto sus detractores afines a “La Gran Transformación” como aquellos quienes consideran que tiene un proyecto nocivo de corte estatista a futuro, es el incumplimiento de la promesa que se erigió como una de sus principales fortalezas: la renovación de la clase política nacional, la cual siempre se caracterizó por su ausencia de compromiso y honestidad. Por más lisonjas y elogios que puedan exclamar ante los medios de comunicación ciertos cortesanos y ayayeros suyos, Humala da indicios claros de que no se diferencia tanto de los políticos a los cuales él siempre criticó.