Un clima de incertidumbre se vive estos días a raíz de la moción de censura presentada por la bancada fujimorista contra el Ministro de Educación, Jaime Saavedra. No se conoce con exactitud quién reemplazará a Saavedra en la cartera de educación, ni el siguiente paso que dará el fujimorismo en su rol de oposición.

Quien escribe vaticinaba que la salida de Saavedra se daría tarde o temprano, mucho más ahora que el presidente ha descartado la posibilidad de plantear la cuestión de confianza. Lamentablemente, momentos oscuros como estos se veían venir desde inicios del mandato de Kuczynski, al conocerse que el fujimorismo tenía 73 curules en el parlamento. La bancada mayoritaria se mostró bastante dura y manifestaba que ejercería un control intensivo sobre cada decisión que tome el oficialismo.

Es en este contexto que se llegó a comentar la posibilidad de disolver el Congreso, pues el Parlamento está impidiendo de manera continua que el Ejecutivo pueda implementar sus planes de trabajo. Ahora, el solo hecho de que se concreten los supuestos para que proceda constitucionalmente la disolución es bastante lejano. Al respecto, el artículo 134º de la Constitución Política del Perú vigente, señala que: “El Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros. […]”[1]. Esto quiere decir que para que PPK pueda ejercer esta facultad, el propio fujimorismo tendría que dar pie a esta posibilidad, censurando o negando confianza a dos gabinetes.

Como se puede colegir, que la bancada mayoritaria se dispare a sus propios pies, sería bastante remoto. Pero a pesar de ello, creo conveniente realizar una pequeña reflexión de por qué –de ocurrir los supuestos mencionados -, no sería una medida idónea cerrar el parlamento.

1) El cierre del Congreso sería un perjuicio para el propio presidente. Acabar con el Congreso, sin duda alguna, generaría un clima de inestabilidad política no deseado. Las reformas prometidas por PPK pasarían a un segundo plano, puesto que el tema álgido sería la controversia política. Así, el presidente terminaría su mandato siendo recordado más por su lucha contra el fujimorismo, que por el posible desarrollo que pudo haber traído al país.

2) Los más beneficiados con la disolución serían los fujimoristas. Los nuevos “desempleados” adquirirían el perfil de víctimas que sufrieron el abuso de un autoritario mandatario. Mientras que los anti-fujimoristas tenían como símbolo de protesta el 5 de abril de 1992, los pro-fujimoristas harían lo mismo con el día en que Kuczynski cerró el congreso. Su legitimidad en el pueblo peruano aumentaría.

3) Al final de todo, el fujimorismo probablemente vuelva a ser mayoría en el Congreso. El artículo 134º de nuestra carta magna, continúa diciendo: “El decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. Dichas elecciones se realizan dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente. […]”[2]. Con el rol victimario que adquirió el fujimorismo –que definitivamente conmoverá los corazones del volátil electorado peruano -, es muy probable que sus representantes al Congreso vuelvan a ser elegidos en igual o mayor cantidad que antes. En ese sentido, se produciría un contexto igual al anterior, una mayoría fujimorista que busca estancar las decisiones del ejecutivo, solo que tendrían como plus una sed de venganza.

Teniendo en cuenta todo esto, ¿sería eficaz que el presidente cierre el Congreso? Considero que no, pues no solo sería perjudicial para él y su agrupación, sino para el desarrollo del país. Es válida la postura que manifiesta que el desarrollo se ve truncado de igual forma con los golpes políticos que aplica el fujimorismo como la censura contra Saavedra, pero pienso que por lo menos en estas circunstancias se pueden intentar ciertas negociaciones.

Enfrentamientos políticos como el que es materia de comentario, eran previsibles desde comienzos del periodo Kuczynski. Lamentablemente, el presidente arriesga más si decide encarar a esta mayoría, que si intenta conciliar con ella. No hay mejor salida para este caso, que se procure persuadir a los fujimoristas de cada medida que se intente ejecutar. Como dice el dicho: a mal tiempo, buena cara.

 

[1] LANDA, César y Ana VELAZCO. Constitución Política del Perú. Sumillas, Reformas Constitucionales, Índice Analítico. 9na edición. Fondo Editorial de la PUCP, Lima, 2014, 71.

[2] Ídem.