Esta semana, los miembros de la comunidad PUCP hemos atestiguado, una vez más, que la convicción es lo que se mantiene firme hasta el final. El pasado jueves, miembros de los Jubilados PUCP cumplieron su cuarto día de huelga de hambre, como parte de las manifestaciones y el reclamo por sus derechos que vienen realizando desde hace meses.

Al caer la noche, estudiantes y jubilados tomaron la vía pública frente a la puerta principal de la PUCP, a la espera de que sus reclamos sean escuchados. Luego de que se emitiera un comunicado por parte de la Asamblea Universitaria, en el cual establecen “la voluntad y la convicción de que los conflictos se resuelven por medio del diálogo” por su parte, se decidió levantar la huelga. De esta manera, las esperanzas de los Jubilados PUCP en torno a los derechos que les corresponden se reavivaron.

Hace algunas semanas, tuve la oportunidad de conversar con la señora Griselda Quiroz (Chela para los amigos), dirigente de los Jubilados PUCP, y de realizarle una entrevista en la cual ella explicara, de manera detallada y concisa, el problema que los Jubilados PUCP estaban afrontando y que, lamentablemente, continúan haciéndolo. Si bien este es un tema coyuntural en nuestra universidad, muchos estudiantes aún desconocen el origen de los reclamos y las manifestaciones que se vienen realizando hace varias semanas. Por esta razón, decidí dedicar este espacio a presentar esta entrevista, para que el lector se acerque un poco más y entienda la problemática que enfrentan los Jubilados PUCP.

Entrevista a la señora Griselda Quiroz (viernes 12 de abril de 2019)

En primer lugar, quisiera saber cómo funciona y los requisitos que involucra el complemento de la pensión de jubilación, conocido como CPJ.

En 1987, en el Consejo Universitario, se otorga una compensación mensual complementaria a la pensión de jubilación. Quiere decir, pongamos un ejemplo: si alguien ganaba 1000 soles y se jubilaba por la ONP, la ONP le daba 600 y la universidad le hacía el complemento de los 400 soles, porque la pensión de jubilación era menor al sueldo. Eso es lo que se llama complemento, y lo que llamamos CPJ.

En 1993, llegan las AFP acá, las administradoras de pensión de jubilación. ¿Qué significaba estar en la AFP? Mientras estabas en la ONP, de los fondos de la universidad, salía para juntar tu jubilación. Si te pasabas a la AFP, salía de tu propio sueldo. Entonces, la universidad en ese año, en el 93, nos exige que vamos a continuar con ello, siempre y cuando nos afiliemos a una AFP y en base al reglamento vigente. El reglamento del complemento de pensiones.

En el artículo 4 dice lo que comprende este complemento: va a ser de por vida, luego dice que incluye las gratificaciones de tanto de fiestas patrias y las fiestas de fin de año. Teníamos que jubilarnos en un tipo de jubilación que ellos nos imponían. Luego, también señala que el complemento será reajustado cuando la universidad decrete aumentos, o sea cuando la universidad da un aumento al sindicato, también nos tocaba. Hay un aumento de 135 soles que hasta ahora no nos lo pagan. Luego, en el artículo 11, donde dice que tenemos que trabajar 30 años y luego de jubilarnos, no podemos trabajar.

¿Por qué motivos se decidió otorgarles el CPJ y a cuántos se les otorgó?

Se otorga porque era la época de Alan García, la crisis. Esta universidad se movía por una cuestión humanista, hasta ahora se supone (risas). Entonces, por eso es que lo dieron. Aquí dice, siempre y cuando nos afiliemos. En ese momento, éramos cerca de 2000 trabajadores, entre docentes y administrativos. Pero solo 637 nos acogimos a pasarnos a la AFP, entonces fue una cuestión cerrada. Era hasta el 31 de diciembre de 1993 que podíamos acogernos.

Teniendo claro esto, ¿cuándo empezaron los problemas?

En el 2010, la universidad quiso desaparecer la CPJ de manera unilateral. Señalaron que se reduciría progresivamente el importe de Fiestas Patrias y Navidad, y que ya no habrá reajustes. Eso lo quisieron hacer en el 2010, Entonces nosotros remitimos, y fue recibido por el rectorado, este documento fue firmado por Manuela Fernández, Guillermo Rochabrún, Carmen Alayo y la que habla. Enviamos este documento al Dr. Marcial, y se bloqueó, no se efectuó.

Entonces podríamos decir que ese fue el primer intento de arreglar el problema cuando la universidad quiso desaparecer la CJP.

Exacto, ese fue nuestro primer intento, nuestro primer reclamo. Luego, en diciembre del 2016, nos dan, solo a algunos, el 10% de los 637 que somos, recibimos un documento en el cual nos dicen que, progresivamente, se iban a eliminar las gratificaciones “hasta su eliminación en el año 2020” y los reajustes iban a desaparecer, y que, incluso, que se iba a sostener el CPJ siempre y cuando sea viable, “de acuerdo a las posibilidades de la Universidad”.

Automáticamente, nosotros mandamos una carta notarial al Dr. Marcial Rubio. En ella, le exponemos los términos económicos, legales y éticos, por ejemplo, sostenemos el artículo 103 de la Constitución, donde dice que no puede tener efectos retroactivos. Entonces ellos nos responden esta carta. Ellos aducen el artículo 103, el que habíamos mencionado, y dice “la ley desde su entrada en vigencia se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes”. Como verás, terminan la cita ahí.

Pero, si recurrimos a la Constitución, ahí no termina la oración.

Exacto. En la Constitución, el artículo 103 dice, efectivamente, lo que ellos mencionan, pero terminan la cita en “existentes”, cuando lo que viene después es “y no tiene fuerza ni efectos retroactivos”. Ellos mismos dicen que no se debe hacer eso. Y también señalan que el otorgamiento del CPJ es “un acto normativo derivado de la exclusiva voluntad de la Universidad”.

Vamos a suponer. Te contratan en cualquier sitio, te pagaban”x” soles. Ese monto de pago está dentro del reglamento interno, pero no te lo pueden bajar, porque las cuestiones remunerativas están protegidas por ley, puedes ir al ministerio a reclamar. Al mismo nivel, están las cuestiones pensionarias. Es cierto, el reglamento pueden moverlo a exclusividad de la universidad, cualquier cuestión administrativa, pero las remuneraciones y las cuestiones pensionarias están protegidas por la ley. Por lo tanto, sus argumentos legales no tienen validez.

Entonces toda esta información corresponde al ámbito de lo legal. ¿Podríamos revisar el aspecto económico?

En cuanto a lo económico, en el 2007, el rectorado emitió un comunicado a la comunidad universitaria, en el cual indicó lo siguiente:

“En el año 2004, se hizo una reserva para pagar, en los próximos treinta a cuarenta años, la compensación por tiempo de servicios (CPJ) […] Por esa reserva, el balance del 2004 mostró un déficit de 168 millones de soles que, como era previsión de gasto futuro, no había que gastar en ese año.”

Ellos dicen que tienen 168 millones solamente en el año 2004. Vamos a suponer que los demás años no lo han reservado y han reservado todos los años. Tengamos en cuenta que, si tienen una reserva para los próximos 30 años, luego de ese trascurso de tiempo ya tendríamos entre 90 y 100 años. Vamos a que, en puntoedu, indican que tienen reserva hasta el 2069. Eso quiere decir que tendríamos para ese año 130 años, lo cual es absurdo. Entonces, económicamente, no tienen ningún problema. Cuando pedimos aclaraciones, trataron de explicarnos que esas reservas estaban invertidas en algunos edificios, en ciertos bonos, etcétera. Lo que nosotros planteamos es que puede estar invertido en lo que sea, pero ese dinero está, y ese dinero, al ser reserva, era intangible. Entonces, no pudo haber sido por una razón de sostenibilidad. ¿En dónde está ese dinero? Esa es la gran pregunta.

Y por último, quisiera añadir un aspecto ético sobre el asunto. Los compromisos no se pueden violar. Cuando no existe compromiso, vemos en nuestra sociedad cómo se dan actos de corrupción. ¿Cómo es posible que, nosotros al cumplir con todos los requisitos que nos plantearon, no recibimos el mismo trato? Cumplimos en lo que respecta a pasarnos de la ONP a la AFP, cumplimos con no trabajar luego de nuestra jubilación, cumplimos con trabajar un mínimo de 30 años. La universidad estuvo cumpliendo hasta diciembre de 2016. En enero del 2017, empiezan a incumplir y a iniciar los recortes.

Desde inicios del presente ciclo, hemos visto que se mantienen las manifestaciones por parte de los jubilados. ¿Qué acciones se encuentran tomando las autoridades de la PUCP actualmente?

Con el problema del cobro de moras en las boletas de los alumnos, quedamos un tiempo en el aire. Entonces, el 20 de febrero de este año decidimos hacer una huelga de hambre. Pero los chicos de la REA nos llamaron y nos dijeron que esperemos al 15 marzo, ya que iba a haber una asamblea, y que iban a pedir que se arme una comisión pluralista para arreglar el problema. Esperamos y nada. Esperamos 12 horas aquel día, pero dijeron que el Consejo (el que nos hizo el recorte) iba a crear una comisión, no la Asamblea Universitaria. El día lunes 18 iniciamos nuestra huelga, y a las 12 del mediodía, nos citaron dos representantes del Consejo y caímos ingenuamente.

Nuestra propuesta fue que en la comisión haya un humanista, un sociólogo, un economista y uno de Derecho, para tener distintas perspectivas, y tres alumnos. Levantamos la huelga, tomamos la fotito para puntoedu. Luego nos percatamos de que nosotros teníamos una lectura de nuestra situación, y las autoridades tenían otra lectura. Se sostenían en lo ético, preocupados por aquellos jubilados que no contaban con el CPJ. Pero ‘aquellos’ no cumplieron con los requisitos, este contrato no es con ellos, pero quisieron hacernos sentir que éramos unos viejitos egoístas. Pedimos que rectifiquen esto y que cambien la comisión, ya que en esta, de las 7 personas que la conforman, 5 están a favor de las autoridades y solo 2 a favor de los jubilados.

Hasta ahora, la situación es básicamente que levantamos la huelga, nos invitan a dialogar, nos tomamos la foto y acordamos, para luego percatarnos de que las cosas no van de este modo. Seguiremos en la lucha, ya que podremos ser personas mayores, pero nuestras convicciones siguen intactas.