8 de Marzo de 2020, dos días después de la detección del primer caso de COVID-19 en el Perú, Martín Vizcarra realiza una conferencia de prensa en la que insta a los organismos de salud privada a que se sumen a los esfuerzos para contener la pandemia. Desde el origen del brote en el Perú, la atención a los pacientes infectados de COVID-19 se ha realizado tanto en el sector privado como en el sector público. Sin embargo, el sector privado de salud ha sido utilizado por una minoría de pacientes, ya que los costos son muy elevados y aún con seguro, los costos no se pueden afrontar. Cabe destacar que la desaturación del sector privado únicamente existió al inicio del brote en el Perú y en semanas subsiguientes a éste, puesto que durante el crecimiento de casos y el colapso de varios hospitales, se dieron casos en los que pacientes no asegurados y en situación de pobreza recurrieron a las clínicas privadas con la esperanza de salvar su vida. No obstante, una vez éstos pacientes superan la crisis y salen de UCI, reciben la factura valorada en cifras superiores a los cien mil soles. Incluso, existen casos más desesperanzadores en los que se ve que los cobros escandalosos ocurren cuando muere el paciente, y al no poder cancelar, la clínica se rehúsa a que los familiares puedan retirar el cadáver. No es un gusto, no es un lujo, la decisión de tratarse en una clínica privada ocurre por la desesperación de ver el sistema de salud público colapsado y la salud del paciente en decaída rápida. En Lima se ve un sector público claramente colapsado, dónde los pacientes están hacinados en carpas y a la espera por una cama UCI o por una recarga de oxígeno que pueda superar la expectativa de vida que le queda al paciente. Hospitales como Arzobispo Loayza, Dos de Mayo, e incluso el “gran hospital” de Ate están abarrotados de pacientes y la respuesta del Estado se empieza a sentir insuficiente ante la gran cantidad de demanda. Ante las constantes denuncias de sobrecostos escandalosos en clínicas, el 24 de Junio se anunció que, si las clínicas no aceptaban una cifra razonable, se procedería con una medida semejante a la expropiación. A causa de esta amenaza, las clínicas cedieron y reanudaron negociaciones, llegando a un acuerdo de tarifa plana de S/55 000 por paciente referido del SIS o Essalud. Ahora, se ve que ambos sistemas trabajan conjuntamente en aras de salvaguardar la salud de los peruanos infectados de COVID-19, aunque cabe destacar que los reportajes recientes han demostrado que ambos sectores se encuentran al borde del colapso. Estando a puertas de la tercera fase de la reactivación económica, ¿Qué podemos esperar frente a la inminente alza en contagios? ¿Qué se puede avecinar en el sistema de salud? Y, viendo los motivos de fondo para la crisis venidera del sistema sanitario, ¿Hasta qué punto es plausible el cobro de 55 mil soles por paciente? ¿Por qué las clínicas tuvieron que lucrar con la salud, y por qué pasaron tanto tiempo sin fiscalizar?

En primer lugar, se analizarán los motivos de fondo de la crisis sanitaria venidera, tomando en cuenta que gracias a la reactivación económica y el desorden urbano es inevitable que ocurra un alza en contagios y por ende un atestamiento aún mayor del sistema de salud.  A día de hoy, estamos a punto de iniciar la tercera fase de reactivación y el fin de la cuarentena en la mayoría de los departamentos del Perú. A pesar de ser una decisión bastante arriesgada por parte del Estado, considerando que las cifras muestran meseta mas no descenso, se puede ver que una cuarentena total por más tiempo no era económicamente sostenible pero es discutible el hecho de definir su viabilidad por este factor, ya que, si bien la economía se vería más estimulada con el regreso de la actividad laboral, la cantidad de contagios aún puede repuntar al punto en el que los hospitales no se darán abasto. Por este motivo, gracias al acuerdo al que se llegó el pasado 24 de Junio, el paciente que requiera de atención hospitalaria por COVID-19 y no pueda acceder a ella por el atestamiento del sistema público, podría ser referido a una clínica si es que este paciente cuenta con SIS o Essalud. El acuerdo es claro, S/55 000 soles por paciente que requiera sala UCI, independientemente de la cantidad de tiempo o insumos que se inviertan. Es cuestionable que, en este momento, un paciente perteneciente a la clase trabajadora informal pueda costear una estancia en la UCI de una clínica privada, puesto que las personas pertenecientes a este sector laboral están atravesando por una situación económica que incluso impide que puedan contar con insumos básicos. Las personas más vulnerables a contraer COVID-19 son las que tendrán mayores problemas para poder pagar la tarifa plana en el caso de que sean llevados a una clínica al no encontrar lugares en hospitales. Más adelante retomaré este punto, ya que la incapacidad de pago del paciente tendrá un rol importante dentro del alza de contagios y muertes por COVID-19.

En segundo lugar, tanto el sistema de salud público como privado presentan severas falencias que ocasionarán un colapso a corto plazo producto del alza en contagios. El sector público presenta carencias y deficiencias desde décadas atrás, incluso al inicio del brote era evidente de que el Estado no estaba preparado para afrontar una pandemia de esta magnitud en el país. A día de hoy, las camas son escasas y no todos los pacientes que requieren de hospitalización son trasladados a las torres de la Villa Panamericana, ya que varios se quedan en las camillas de los pasillos o incluso en carpas improvisadas en el exterior de los hospitales. Si bien varios pacientes en estos ambientes están a la espera de una habitación con oxígeno o una cama UCI, en varios casos la espera consume la salud del paciente y la decaída es más rápida, lo que causa una posterior muerte. Por otro lado, el sector privado demuestra severas ineficiencias e incluso abusos de poder al intentar lucrar con la salud de los peruanos que acuden por atención de emergencia. Asimismo, no todos los peruanos se podrán atender con la tarifa plana, ya que la norma limita la atención de pacientes a solo pertenecientes al SIS o Essalud, lo que ocasiona que aquel paciente que no se encuentre asegurado y necesite atención de emergencia tenga que pagar las sumas exorbitantes de las clínicas, las cuales inflan sus precios de forma inhumana, priorizando sus ganancias frente a la vida humana. Es cierto que desde el día uno no estábamos listos para enfrentar al COVID-19, sin embargo, las condiciones económicas de la población y el sistema de salud deficiente van a agravar la condición en las semanas venideras.

Tomando en cuenta las condiciones paupérrimas en las que se encuentran ambos sectores del sistema de salud peruano, ¿Qué nos podría deparar en las siguientes semanas, frente al alza de contagios por el inicio de la reactivación económica? Es inevitable que se van a atestar los hospitales al punto en el que no podrán admitir a más pacientes por falta de espacio, lo cual significa que un margen importante de pacientes será derivado a clínicas, y cabe la posibilidad de que otro margen no consiga atención en lo absoluto por lo difícil que es realizar trámites de derivación en un hospital colapsado. Cabe resaltar que en este escenario, es muy probable que los hospitales ya no cuenten con áreas sin COVID-19 por la necesidad de encontrar ambientes para ubicar a los pacientes infectados que llegan de emergencia. Analizando los casos en los que los pacientes serán referidos a clínicas si no encuentran camas, se tiene que tomar en cuenta que no todos los pacientes serán capaces de sobrellevar un gasto tan fuerte como el de cincuenta y cinco mil soles, ya que como mencioné antes, el grueso de la población vulnerable ahora mismo se encuentra sin el poder adquisitivo con el que contaban antes. Incluso, hay una cantidad muy grande de peruanos que no podrían enfrentar este costo así estén empleados y en condiciones normales. Al no conseguir atención médica hospitalaria de emergencia, las consecuencias pueden llegar a ser fatales porque no se tiene conocimiento acerca de la gravedad de la enfermedad en el paciente, y la infección que se podría tratar con oxígeno y medicamentos que traten los síntomas podría tornarse a neumonía o insuficiencia respiratoria. El no tratar una neumonía oportunamente o la incapacidad del paciente para continuar respirando podría causar la muerte de éste. La reproducción masiva de casos similares a este podrían causar muertes masivas en la población peruana a causa de la falta de respuesta del Estado e imposibilidad de pagar la tarifa fija fijada por el MINSA y las clínicas privadas. Este es uno de los peores escenarios, considerando que la reapertura ya ha iniciado y las condiciones urbanas y de transporte en el que concurren los trabajadores para llegar a sus centros de trabajo no predisponen al distanciamiento social, lo que ocasiona que el contagio pueda acelerarse. Tenemos todas las de perder por las falencias del sistema de salud peruano, pero en este momento se debe ser optimista y actuar eficazmente para que los sistemas no se vean atestados y que la población vulnerable no se vea obligada a elegir entre sus escasos bienes o su salud, incluso la de sus familiares. 

El repunte de contagios a este punto es inevitable, las medidas de reactivación económica se han puesto en acción y las condiciones urbanas fomentan la aglomeración de personas, la cual últimamente genera más contagios. Pese a que hace un par de días se han dado medidas como los horarios de entrada segmentados para evitar que se den horas puntas en el transporte público y paraderos, el transporte disponible para la población no puede darse abasto para cumplir con la gran demanda y a la vez con las medidas de bioseguridad. Para aquellos que se infecten de COVID-19 durante las semanas venideras y no tengan sustento para poder pagar la tarifa de las clínicas, se vendrán tiempos difíciles en los cuales sus vidas estarán en riesgo. En cuarentena completa y estricta se vio como varios hospitales centrales alcanzaban el máximo de su capacidad y hacían que los pacientes se vieran en la obligación de buscar opciones alternativas como clínicas privadas. Hoy en día, tenemos tanto al sector privado como público al servicio del Estado para enfrentar la pandemia, ahora queda por ver si el sistema de salud en general puede sobrellevar el repunte que iniciará en los días siguientes por el fin de la cuarentena y la libertad de tránsito. Lo que es seguro es que, el descontrol e insuficiencia de recursos médicos transcurrido en hospitales durante el estado de emergencia, se multiplicará con la reapertura total y el irrespeto masivo a las medidas de bioseguridad.