El arresto de Nancy Obregón pone nuevamente en la palestra la discusión sobre cuán narcotizado se encuentra el Estado peruano. En este caso específico, un personaje íntimamente ligado al partido del Gobierno, incluso miembro de la bancada nacionalista durante el periodo 2006-2011. Nancy Obregón, ex parlamentaria por la región San Martín, fue encarcelada debido a la cantidad de evidencias que indicarían su culpabilidad dado sus nexos con agrupaciones dedicadas al narcotráfico y terrorismo. En tal sentido, esta situación constituye un golpe duro al oficialismo, puesto que Obregón habría aportado cuantiosas cantidades de dinero a la campaña presidencial de Humala, quien luego del encarcelamiento de su otrora socia política, afirmó escuetamente que el Estado debía “darle respeto y garantías para que enfrente las graves acusaciones”.

Podría argumentarse que Humala no sabía absolutamente nada respecto a los delictivos vínculos de Obregón, no obstante, aun otorgándole a esta última afirmación la categoría de verdadera, el actual presidente y su entorno partidario han incurrido en un fatal error político. Sobre todo si consideramos que diversos especialistas sobre temas de narcotráfico dieron visos suficientes como para dudar si es que Obregón era, efectivamente, una narcotraficante. Por ello, el Partido Nacionalista debió realizar un estudio interno con la finalidad de que su reputación no se vea mermada y no llegar a la actual situación que incluso puede afectar la gobernabilidad del país. No obstante, a lo largo de los últimos años, tal agrupación realizó una apasionada defensa a favor de su represente, incluso saboteando investigaciones.¿Pura ingenuidad? Es poco probable. No olvidemos las millonarias cifras de dinero que se encuentran presentes en el flujo comercial de las drogas. Desde hace muchos años los narcotraficantes han intentado “blanquear” sus ganancias ya sea invirtiendo en nuevos negocios o aportando a las campañas electorales de políticos que desean llegar al poder. En tal sentido, es bastante plausible que el dinero aportado por Obregón haya tenido orígenes ilícitos.

Asimismo, para una bancada que viene manejando políticamente, a pesar de que lo nieguen, el tema de los narco-indultos otorgados por García; sus vínculos con personajes de la índole de Obregón disminuyen la credibilidad y consistencia que puede albergar su supuesto discurso en contra de la corrupción. Peor aún si por parte del oficialismo escuchamos declaraciones como las realizadas por Abugattas, quién afirmó orondamente que “el que esté libre de coca, lance la primera piedra”; y por Sergio Tejada, el cual no tuvo mejor estrategia que dispersar las críticas del APRA mediante los “nuevos descubrimientos” de su “Mega-comisión” en relación a los vínculos de García con el narcotráfico. Lo último es más grave aún, ya que el mensaje que se le da a la ciudadanía es de una falta de seriedad en el proceso de fiscalización a una gestión anterior, ya que la objetividad e imparcialidad brillan por su ausencia. Incluso puede tener efectos contraproducentes, debido a que genera una aura de victimización que favorece a García y a su partido. Esa suerte de “lavarse las manos” usando como excusa los pecados ajenos no constituye una novedad, sino más bien es una constante en las reacciones del oficialismo. De comprobarse la culpabilidad de Obregón, el nacionalismo necesitará cambiar de estrategia si pretende enmendar su situación. Por ahora, la dirigente cocalera ha conminado a sus legionarios a salir a protestar contra la gestión de Humala. Sin dudas, el caso Obregón es apenas una parte de un ovillo que amenaza con desestabilizar aún más al actual Gobierno.