11 de Abril del 2020, Beto Ortiz difunde vía twitter un video grabado por una mujer allegada a uno de los encarcelados de los calabozos del Ministerio Público. En este vídeo, se denuncia que en una sola celda hay diecisiete personas aisladas, donde la mayoría presenta fiebre y varios han dado positivo a la prueba del COVID-19, mas no los han llevado a un hospital. 13 de Abril del 2020, reos realizan un motín en el centro penitenciario Ancón I, protestando por la falta de pruebas para descartar COVID-19, alimentos y medicinas. Entre una balacera y varios colchones quemados, solo se reportó que el alcaide del penal fue herido con un perdigón. El INPE le solicitó al Poder Judicial que se suspenda la admisión de reos, sin embargo, la solicitud fue declarada improcedente, a lo que el MINJUS respondió con una medida paliativa, haciendo que los nuevos presos puedan ser admitidos en carceletas del Poder Judicial. Sea cárcel o carceleta, las condiciones penitenciarias en el Perú hacen que cualquiera de estos dos sea caldo de cultivo para un brote de epidemia.

Las personas que se encuentran recluidas en penales no dejan de ser sujetos de derecho, y es deber del Estado el defender su vida. Los problemas arraigados dentro de nuestro ordenamiento jurídico pueden ocasionar muertes masivas en penales por el contagio, el hacinamiento existente en penales como Lurigancho y Castro Castro haría que una sola persona infectada puede infectar al resto. Hoy en día existe una gran debate en torno a la cuestión carcelaria, donde se discuten ideas tan inviables como la excarcelación de los presos, y se expresan ideas que muestran absoluto desprecio por la vida humana. Las carceletas cada día más abarrotadas de detenidos, reos cada día más a la defensiva por el temor al contagio, y un sistema de salud que relega la vida del presidiario al último escaño.

¿Son suficientes las medidas adoptadas por el MINJUS? Si bien es cierto, la suspensión de visitas reducirá drásticamente la probabilidad de contagios, sin embargo, ¿Que otro agente foráneo ingresa y sale del penal? El personal del INPE, y a pesar de que se ha anunciado que tendrían un protocolo de desinfección riguroso antes de estar en contacto con los reos, se sabe que este proceso de bioseguridad se desarrolla con indumentaria básica e insuficiente en cantidad. El personal del INPE mantiene un contacto físico constante con los reos, sea para vigilar o mandar sobre la actividad, incluso llegando al medidas coercitivas cuando estos se muestran omisos a seguir órdenes. Un contagio sería letal, pues este se haría masivo dentro del penal en menos de una semana. Ahora, COVID-19 es una enfermedad tratable, las posibilidades de mejoría suelen mostrarse optimistas en personas jóvenes, aunque en adultos mayores esta enfermedad puede ser mortal. Estas posibilidades, por muy optimistas o pesimistas que sean, se estarían recortando a la mitad si el infectado se encuentra en prisión por la pobre higiene y alimentación insuficiente. Acorde al análisis de data estadística realizado por IDL, solo el 1.2% del presupuesto del INPE para este año será usado en pro de mitigar los efectos de la pandemia. Con este 1.2% (el cual representa 10 millones de soles)  se comprarían más alimentos para los reos, así como la indumentaria necesaria para un protocolo de desinfección escrito (indumentaria que, por cierto, ha duplicado su precio y es escasa en los mercados), y también se adoptaran medidas de higiene más estrictas para los reos. Expectativas utópicas, pues con el capital con el que cuenta el INPE, no se le podría hacer frente a las medidas tomando en cuenta la gran cantidad de presos, resultaría imposible que se realicen eficazmente las medidas de higiene, y que se reparta el incremento de comida en forma equitativa. De la misma manera, adquirir y distribuir equitativamente el material de bioseguridad es inviable en la coyuntura actual, por la alta demanda que este tiene y los costos que maneja. 

Si la situación se ve desfavorable en cárceles, en carceletas se torna mucho más dramática. Las carceletas del Poder Judicial y Ministerio Público están diseñadas para mantener a los procesados por un máximo de 72 horas, puesto que su fin es albergar a estas personas mientras esperan su audiencia, o tras su detención inmediata. Asimismo, estas carceletas son espacios muy pequeños donde las condiciones de higiene y ventilación no son óptimas, pero como he mencionado, están diseñadas para que el imputado pase ahí la menor cantidad de tiempo posible. Debido a la emergencia sanitaria, durante esta semana se han reportado denuncias de reos que llevan diecisiete días en la carceleta del Ministerio Público de Abancay, declarando que entre ellos hay varios infectados confirmados, sin embargo, no son llevados al hospital para ser atendidos. El personal del INPE se abstiene de entrar a las carceletas acorde a denuncias tanto de los reos como de los abogados de ONGs, e incluso afirman que una miembra del personal, que les ha estado llevando comida durante estos días, ha enfermado por el contacto constante sin la protección de bioseguridad adecuada. En el transcurso de los próximos días el panorama se agravará, dado que, a partir de ahora se suspenderá el ingreso a penales y todo aquel que haya sido condenado o tenga como medida cautelar la pena privativa de la libertad, será enviado a la carceleta por tiempo indefinido. Las medidas anunciadas por el MINJUS no están siendo cumplidas de manera uniforme, ni podrán ser cumplidas mientras no exista coherencia entre la norma y la realidad. El deber-ser no es igual al ser, nuestra realidad no tiene los recursos ni las condiciones para poner la norma en práctica. Acorde a la deontología del derecho, las medidas del MINJUS estarían bien planteadas, ya que protegen la salud de los reos, el personal del INPE y la población en general, no obstante, en el contexto actual será difícil abastecer a todos los penales de indumentaria de bioseguridad para personal del INPE con tan poco presupuesto y tanta demanda del sector salud. Intentamos imitar las medidas adoptadas por los países afectados del primer mundo, pero el Estado ignora que nuestro sistema carcelario se encuentra en vías muy tempranas de desarrollo. 

El tema del hacinamiento y la excesiva población carcelaria de procesados sin sentencia juega un rol crucial al evaluar la cuestión carcelaria del Perú, puesto que el hacinamiento transforma al penal en un caldo de cultivo del virus, donde pueden verse afectados tanto reos como personal de INPE. Además, las opiniones expresadas actualmente ante la situación carcelaria en el Perú, dan luces sobre una percepción arcaica y deshumanizada que se tiene acerca de la pena privativa de la libertad y la integridad física del reo en contextos tan complicados como este. En fechas recientes, el INPE ha informado que existe un 138% de hacinamiento en los penales del Perú, e incluso la ocupación duplica con creces a la capacidad de albergue que tiene el sistema. Nuestro sistema se encuentra desbordado incluso antes de la emergencia sanitaria, sin embargo, el Estado recién muestra preocupación en atender medidas de higiene y salubridad que eran requeridas desde hace años. Penales como Lurigancho y Piedras Gordas son lugares óptimos para el contagio por los altos niveles de hacinamiento, la infraestructura insuficiente para asegurar la higiene personal de los reos, y la gran cantidad de personal del INPE que no podrá acceder a la indumentaria de bioseguridad por la escasez de la misma. ¿Y por qué ocurrió este hacinamiento? Mayormente, es por la carga procesal de los juzgados, la cual lleva a mandar cárcel como medida cautelar mientras dure el proceso. Por este motivo, un importante porcentaje de los presidiarios sin sentencia podría ser inocente del delito que se le imputa, o también podría estar recluido por homonimia, un error judicial existente dentro del proceso. Debido al uso infundado frecuente de la prisión preventiva en el Perú, muchas cárceles están atestadas y no se podrán dar abasto para salvaguardar la integridad física de todos los presos, sean culpables del delito que se les imputa o no, ya que la pena privativa de libertad no significa pérdida de derechos humanos, lo cual me lleva al segundo punto, la percepción que se tiene del sistema penitenciario en el Perú. Una vez este tema se hizo popular en la coyuntura, varios de los comentarios despreciaban por completo la vida del reo, alegando que merecían la muerte por haber infringido sufrimiento en la vida de otras personas. Se tiene vista a la cárcel como un castigo y al reo como un sujeto que deja de tener acceso a todo derecho apenas es sentenciado, se le ve como un ser que pierde calidad humana. Pese a que el Estado ha intentado cambiar esta percepción mediante “Cárceles Productivas”, el cual es un programa que exhorta al trabajo de los presidiarios, no se puede lograr transformar la visión de la cárcel como castigo, a una visión de cárcel como rehabilitación. Cabe destacar que la cárcel como rehabilitación no es aplicable en todos los delitos, dado que existen crímenes de lesa humanidad, delitos de terrorismo, abuso sexual a menores de edad, entre otros, de los que es imposible que el reo pueda reintegrarse a la sociedad. En el Perú, ser condenado a prisión o llevado a prisión como medida cautelar representa ser condenado a vida indigna, donde tu caso no tendrá sentencia hasta que el juzgado pueda tener la disponibilidad, y así seas inocente, tendrás que perder tu calidad de ser humano ante la sociedad, una sociedad que se niega a ver que el hacinamiento y las condiciones de vida paupérrimas son una bomba de tiempo que potencialmente podrían causar muertes masivas, y un colapso del sector salud.

Condenados a pena privativa de la libertad, mas no a pena de muerte. Las Reglas de Mandela enfatizan que el presidiario podrá y deberá tener acceso a servicios médicos, alimentación e higiene, no obstante, el Estado Peruano no ha cumplido con estos elementos en el pasado, y por todo lo anterior expuesto relacionado a los obstáculos económicos, jurídicos, y sociales que representa la pandemia para el sistema penitenciario, es mucho menos probable que lo realice ahora. Se podría evitar el hacinamiento en cárceles al repensar la prisión preventiva, y que está solo sea aplicable para casos estrictamente necesarios, haciendo que el resto de casos que también requieran medidas cautelares sean resueltos mediante uso de grilletes electrónicos para el imputado. Como indicó Dr. César Nakazaki, a pesar de que no comparta la mayoría de sus opiniones, este es el momento para que el Estado priorice evaluación de casos de habeas córpus y establezca parámetros más exigentes para declarar fundada una medida de prisión preventiva. Asimismo, la reforma judicial debió haber incluido medidas de suma urgencia para mejorar la agilidad de los procesos, puesto que una cantidad preocupante de casos lleva años sin una sentencia, años en los que se tiene a un reo que tal vez no debería ocupar ese espacio. A día de hoy, 15 de Abril del 2020, se ha reportado de manera oficial que hay cinco reos fallecidos por COVID-19, los cuales potencialmente pudieron haber contagiado  sus múltiples compañeros de celda y personal encargado de vigilancia. Con la escasez de médicos en penales, cabe la posibilidad de que los casos no sean detectados hasta que caigan en gravedad, y para este punto habrán infectado a un número mucho más grande de personas. El hacinamiento es el mayor enemigo al que se enfrentan los centros penitenciarios, y este hacinamiento lleva de la mano a la condiciones mínimas de higiene y la falta de bioseguridad, además del atestamiento de lugares que claramente no están ni remotamente preparados para enfrentarlo, como son las carceletas. A pesar de que existen posturas altamente benevolentes como la de Marianella Ledesma, Presidenta del TC, la cual propone indultos humanitarios a reos que forman parte de la población de riesgo, quienes están próximos a cumplir sus condenas, o no están sancionados por delitos graves; se están llegando a acuerdos que establecen un punto medio, como la medida tomada por el Poder Judicial de priorizar evaluación de casos que solicitan libertad condicional y semilibertad, para conseguir deshacinar las cárceles. Del mismo modo, hace algunas horas, el viceministro de justicia anunció que los deudores de alimentos podrían salir de prisión tras pagar su deuda.¿Qué beneficios obtendría la población penitenciaria con el deshacinamiento impulsado por el Estado? Los recursos proveídos por el Estado serían repartidos de manera más eficaz, e incluso en penales pequeños podrían ser suficientes para proteger a la población penitenciaria entera contra un brote. Es importante considerar que el reo sigue siendo sujeto de derechos, que las normas no serán efectivas hasta que éstas dejen de imitar lo realizado por otros países, y se adapten a la realidad carcelaria paupérrima que el Estado ha mantenido, y ahora tendrá que afrontar.