La crisis producida por la rápida expansión del coronavirus encrucijó al Estado peruano y ha puesto en descubierto tanto sus más severas falencias como sus más reconocibles aciertos. Además, ha confirmado que el gobierno de turno obedece una lógica reactiva, y, por otro lado, nos muestra sobre qué actores descansa la estabilidad económica del país.

Empecemos por el primer acierto que nos puede dar un poco de tranquilidad. La economía peruana está golpeada y prácticamente ha parado en seco; sin embargo, resiste mejor que cualquier otra de la región y tiene la capacidad de emprender un plan de recuperación que implica un monto nada despreciable de 30 mil millones de soles.

Esta capacidad, digna de algún ordenado estado de bienestar, no es producto del sueño de algún estadista o gobernante de turno, sino de casi 30 años de seguir un modelo económico. Sí, aquel modelo económico tan criticado que se ha basado en disciplina fiscal e inversión privada, y que ahora permite tener de dónde sacar los recursos para paliar la situación actual y tener al menos un horizonte más esperanzador.

Pero profundicemos un poco más e indaguemos sobre cuál es la fuente de ese dinero. Los Estados alimentan sus arcas, sobre todo, a partir de la tributación, pero en el Perú muchos están prácticamente alejados de ella. Con una tasa de informalidad de poco más del 70%, el restante 30% tiene que pagar por justos y pecadores. Al parecer, deberíamos detenernos a pensar un poco más sobre a qué otros actores también les corresponden esos aplausos nocturnos, ¿no?

Sin embargo, la informalidad es perfectamente racional en un país como el nuestro. En una realidad en la que formalizarse es muy caro y donde se espera poco o nada del Estado es lógico que se prefiera estar al margen. Este problema de urgente revisión debe de saltar a la agenda pública una vez superada esta crisis.

Ahora, un último acierto nos lleva inevitablemente a dos falencias. El acierto es haber optado por el estado de emergencia que implica el aislamiento social obligatorio y el toque de queda antes de que el número de infectados sea verdaderamente crítico. Las dos falencias son nuestro precario sistema de salud y la lógica reactiva del gobierno.

Un gran Estado implica un gran costo, porque ni las burocracias que lo componen ni los servicios que se brindan se pagan solos. Lamentablemente, en el sector salud se ha ido postergando una necesaria reforma y modernización que ahora nos pasa factura. Además, habría que analizar críticamente si su burocracia se inclina ideológicamente hacia algún lado, y compararla un poco, en la medida que se pueda, con la de las carteras del MINCUL o el MEF, por ejemplo.

Finalmente, la lógica reactiva del actual gobierno no es un fenómeno nuevo. Vizcarra sabe moverse en situaciones de crisis, de eso no hay duda, pero no es el mejor gobernante cuando las aguas están relativamente tranquilas. Podría asegurar que él lo sabe y he de ahí que las altas cifras de aprobación surjan solo cuando las papas queman. Antes de ver al sistema de salud colapsar, el presidente endurece medidas, y se muestra como el líder fuerte y decidido que nuestra cultura política aún tiene fresca en la memoria. 

Sería mezquino no reconocer el manejo que se está haciendo de esta situación, pero un gobierno no puede fajarse solamente en momentos críticos apelando a emociones como el miedo frente a la muerte o el hastío hacia la clase política. Y tengamos cuidado con las excesivas y quiméricas propuestas de “solidaridad” que nuestro nuevo Congreso hace más con sentimiento que con razón. Desfalcar económicamente al país y aumentar impuestos con saña sería un placebo desastroso. A fin de cuentas, todos estamos metidos en la lucha contra el COVID-19.