Carla García, Beto Ortiz, Giulliana Loza, todos fieles partidarios del deshacinamiento de las cárceles y la defensa a la vida de los presidiarios; hasta que…¿Keiko saliera de prisión? y usando cada oportunidad para…¿Deslegitimar al Ejecutivo? Como mencioné hace un par de semanas, el deshacinamiento de cárceles era necesario para que los presos no enfrenten una segura pena de muerte, ya que la entrada del virus sería letal a un centro penitenciario. Dos semanas después, han habido varios mítines, y las cifras oficiales reportan más de 800 reos infectados dentro de los penales. La peor situación se materializó. En ese mismo artículo, abogue por el derecho a la vida de los reos; sin embargo, sé reconocer muy bien que han perdido temporalmente el derecho a la libertad y no tienen los mismos derechos que un ciudadano promedio. Merecen mejores condiciones, un ambiente que no esté hacinado para reducir las probabilidades de contagio, pero los sentenciados no merecen ser excarcelados. Extrañamente, la semana pasada empezó un movimiento mediático por periodistas en redes sociales para deslegitimar completamente la labor del Ministro de Justicia, y además, limpiar completamente el nombre de los reos que murieron por COVID-19, o durante los motines. Su muerte no está justificada, todos los ciudadanos tenemos derecho a la vida como he mencionado antes. No obstante, no merecen ser enaltecidos a tal punto de que sean comparados con héroes patrios ¿En esta historia, quienes están involucrados? Personajes políticos, y periodistas de opinión. La última semana han sonado nombres como los de Carla García y Giuliana Loza, denunciando públicamente las muertes que ocurren en los penales y la inacción del MINJUS. Además, Beto Ortiz hizo homenaje vía Twitter a los presos fallecidos durante mítines, responsabilizando directamente al Estado por sus muertes. Tal vez será casualidad, pero los reclamos se detuvieron un feliz 30 de Abril, Keiko Fujimori, lideresa de oposición, fue liberada bajo fianza. Una celebración altisonante, después de ese día pasaron a ser escasos, y hasta la publicación de este artículo, el movimiento no es igual de fuerte de lo que empezó ¿Será que la situación carcelaria fue compuesta en tiempo récord, o fue esta una estrategia política elaborada por la oposición? ¿Debemos creer que nuestras figuras políticas no dan puntada sin hilo, o sus denuncias son por interés social genuino?

Por historial de manifestaciones en redes sociales y programas periodísticos,  es sabido que Beto Ortiz y Carla García son personajes políticos opositores al gobierno. Es fácilmente reconocible por la naturaleza de sus tweets, las acusaciones que realizan, la fiscalización agresiva, y la difusión de noticias que a veces resultan ser fake. Las acusaciones contra el gobierno se han intensificado desde la declaratoria del estado de emergencia, ya que Vizcarra da declaraciones de manera seguida, y la actuación correcta del gobierno es clave durante tiempos de pandemia. Vizcarra ha cometido errores, garrafales como “pico y género”, y algunos más leves, como haber permitido inicialmente que los periodistas asistan a las conferencias de prensa de manera presencial. Sin embargo, la cuestión carcelaria y la bomba de tiempo que representa el hacinamiento no son temas que conciernen específicamente al Poder Ejecutivo. El Estado peruano intenta tener sus instituciones descentralizadas, para así llevar a cabo la mayor cantidad de funciones de la manera más efectiva posible. Fácticamente, este es el fin de la creación de los órganos constitucionalmente autónomos, y las instituciones que derivan tanto de estos como de los poderes del Estado. Por lo tanto, resulta totalmente inverosímil culpar al Ejecutivo de forma directa, ya que este es un tema que concierne directamente al INPE y al sistema jurisdiccional, los cuales se deben encargar de manera conjunta del deshacinamiento de los penales por medio de la aceleración de procesos con sentencia pendiente, y el indulto a reos que cumplan características específicas concernientes a su persona y al delito cometido. 

Lo que acabo de mencionar es funcionamiento orgánico básico del Estado, y al analizar lo dicho por Carla García y Beto Ortiz, solo se pueden ver dos posibilidades. O bien están desinformados acerca de temas jurídicos/funcionamiento estatales, o están atacando de manera directa al gobierno. Es improbable que ambos estén desinformados acerca del tema, puesto que tienen vasta experiencia en política y análisis de sucesos que ocurren en el Perú; por lo tanto, su campaña mediática va directamente dirigida para desprestigiar al gobierno. Si bien este desprestigio que hacen es bastante obvio, lo verdaderamente repudiable es la manera en la que lo hacen, y los argumentos a los que recurren, los cuales van de ridículos hasta peligrosos. Beto Ortiz, hace cerca de una semana, ha publicado tweets donde directamente apela a los héroes de la patria y figuras destacadas para abogar por los derechos y libertad de los reos. Uno de los tweets más controversiales, fue la comparación del reo promedio en el Perú, con Miguel Grau, haciendo un pseudo “argumento” de generalización. Su tweet iniciaba con la premisa de que “todos los reos son escoria”, como indica la creencia popular, inmediatamente después, se anexa una imagen de Miguel Grau y un enunciado grande donde se indica que Grau estuvo en la cárcel, por su razonamiento, hace creer que Grau fue escoria. Aquí, está denigrando a un héroe de la historia, así como está creando una idea que es tanto ridícula como peligrosa. No es una verdad universal que todos los reos sean escoria, como mencioné previamente en un artículo pasado, existen inocentes en las cárceles y esto puede ser comprobado con estadísticas tangibles. Beto Ortiz solo consigue alimentar un pensamiento popular nocivo para la sociedad al asumir que es universalmente verdadero que el preso es escoria. Asimismo, apelar a una generalización tan inverosímil como esta cae en lo ridículo. La imagen del preso debe ser humanizada, más no debe ser glorificada ni puesta a la altura de un héroe patrio. Por el lado de Carla García, ella twitteó incesantemente acerca de los motines y muertes ocurridas en los penales, especialmente retwitteaba mensajes donde se culpaba de forma directa al gobierno. Aún cuando el mensaje original no culpaba al gobierno, ella añadía su perspectiva. Y aquí hay una gran pregunta ¿La crítica es mala, entonces? No, para nada. Tiene todo el derecho a denunciar públicamente y usar su plataforma para expandir un mensaje urgente, nadie puede negarle este derecho. Lo que no debe hacer es exigir la renuncia de un ministro, sin antes evaluar quiénes están debajo de él, o incluso, quienes tienen encargada la labor de administrar los penales de forma directa. Un personaje político con la influencia que tiene ella, no puede utilizar su plataforma para atacar al Ejecutivo de esa manera, dirigiendo la crítica no a donde debe, si no a donde le conviene. Ambos piden la renuncia de un ministro, sea mediante denuncias o comparaciones absurdas, mientras “abogan” a favor de la vida de los reos. Es repudiable que, a sabiendas de que no está en orden culpar enteramente al ministro, usen este tema y las víctimas mortales que se está cobrando, para realizar ataques políticos. No están abogando por nada, mediante las comparaciones ridículas de Ortiz y las denuncias con “culpable absoluto” de Carla, solo consiguen restarle legitimidad a un tema tan delicado.

No solo son los personajes políticos opositores al gobierno los que abogan de manera efímera por un tema tan urgente como el deshacinamiento de las cárceles, si no, también se suma un personaje del mundo del derecho. Antes de empezar, elegí a esta abogada por haber utilizado a su favor el tema del hacinamiento de las cárceles de una manera absolutamente descarada. Giulliana Loza es abogada de Keiko Fujimori, la lideresa de oposición en el Perú. Hasta el día de hoy, Keiko fue colocada dos veces en prisión preventiva, y hace una semana, esta medida se le fue revocada por segunda vez. Tras la apelación de la segunda prisión preventiva, el Poder Judicial citó a una audiencia para que ambas partes expongan sus argumentos. Es evidente que la defensa de Fujimori utilizó el argumento de la emergencia sanitaria y lo peligrosa que es ésta en las cárceles para lograr que el juez declare fundada la apelación. Sin embargo, la abogada fue un paso más allá, y publicó un hilo en twitter defendiendo los derechos de los reos, e instando a la acción de organismos constitucionales frente a la situación. Asimismo, denuncia que el decreto emitido por el gobierno no es suficiente, y pide directamente la revisión de casos para sentenciados que no pueden aplicar al indulto. La misma perspectiva de los personajes políticos mencionados previamente, critican de forma directa al gobierno, antes de apelar a los órganos pertinentes. Incluso, la Dra. Loza instó a una medida a la que se le puede cuestionar su viabilidad, ya que la revisión de sentencias es mucho más compleja que la emisión de sentencias de casos que siguen en proceso. Para los funcionarios del sistema de justicia, no sería viable que, además de resolver indultos y acelerar casos con sentencia pendiente, también tengan que revisar sentencias. ¿Y por qué es este caso más descarado que los otros? Solo fue un tweet. Solo fue este hilo, tres días antes de la emisión emitida por el Poder Judicial. No han vuelto a ocurrir denuncias públicas acerca del tema por parte de ella, ni antes de la audiencia de apelación, ni después de la liberación de su patrocinada. Mientras que en los casos previamente mencionados existía posibilidad de que no sea utilitario para atacar al gobierno, si no que, recaiga más en un error de vía de su parte, en el caso de la Dr. Loza es más que evidente que el tema ha sido usado en favor de su patrocinada. Para ella, los reos y sus vidas importan, únicamente cuando una de sus patrocinadas se encuentra entre ellos.

Las emergencias sociales donde se ven involucrados seres humanos no deberían ser utilizadas a conveniencia de políticos o abogados para poder atacar a sectores gubernamentales de forma infundada, este es un tema bastante serio que no debería ser utilizado como instrumento político o legal. Vuelvo a recalcar, la crítica y fiscalización a las labores gubernamentales no están fuera de orden, es más, son una forma excelente de ejercer ciudadanía. Lo verdaderamente deleznable es que personajes políticos utilicen estos temas para obtener uso de éstos, sin un interés genuino o proposición de medidas viables para su resolución. Al momento de hacerse conocidos y obtener credibilidad en las personas, empiezan a tener una responsabilidad. Beto Ortiz es un periodista, Carla García es hija del ex-presidente Alan García, y Giulliana Loza es la abogada de Keiko Fujimori, ninguno de estos tres personajes tiene un vínculo directo con el gobierno o con el Estado. Sin embargo, su opinión es escuchada y tomada en cuenta por miles de peruanos. La oposición debe ser responsable, denunciar las acciones gubernamentales cuando tienen argumentos fundados para hacerlo. Y esta denuncia no debe ser mediante comparaciones absurdas, ni culpando a una cartera cuando existen instituciones especializadas en centros penitenciarios. Las figuras políticas tienen una responsabilidad social a la cual no deben faltar. Una oposición fuerte y consolidada es una oposición que se toma las denuncias al gobierno en serio, que investiga y funda sus reclamos sobre bases legales. Atacar a quemarropa al gobierno de Vizcarra no será útil, ellos mismos están perdiendo credibilidad política y usan irresponsablemente el poder que su opinión tiene. La única que ha conseguido su cometido es la Dra. Loza, el uso a conveniencia de las problemáticas sociales coyunturales al parecer es más efectivo en el ámbito del derecho. Sin embargo, el ámbito político peruano es mucho más complejo, si quisieron hacer que la población inste al Ministro de Justicia a renunciar, fallaron. Sus denuncias no fueron lo suficientemente convincentes por lo erradas que eran. A lo mejor, apelando a las instituciones pertinentes, y de forma seria, pueden conseguir que su “lucha por la vida del reo” sea un poco más creíble, no solo una táctica mal hecha de la oposición.