Alejandro Toledo, prófugo de la justicia, en Estados Unidos; Ollanta Humala y Nadine Heredia con pedidos de prisión de 20 y 26 años, respectivamente; Alan García, convertido en un pseudomártir aprista por quitarse la vida; Pedro Pablo Kuczynski, padeciendo complicaciones cardiacas; finalmente, Keiko Fujimori, la eterna candidata entre las rejas como su padre. Ni el detractor más pesimista del régimen democrático hubiese esperado que nuestros ex jefes de Estadoelegidos democráticamente “por el pueblo”, como dicen— se encuentren vinculados a investigaciones por corrupción, dejando mal parada a la democracia. Existen múltiples maneras para formar parte del selecto club delictivo; sin embargo, entre todas las investigaciones realizadas a los personajes mencionados, existe un término que se repite constantemente: el lavado de activos.

Aquel delito es tan complejo por las sofisticadas operaciones que se realizan, donde la astucia y el conocimiento del sistema financiero son empleados para tejer redes de ocultamiento ilícito que confunden a las autoridades. En el siguiente artículo, entérate de qué trata el lavado de activos y por qué los presidentes de nuestra lista pueden protagonizar una novela al mismo estilo de Al Capone.

Para iniciar, el objetivo del lavado de activos (también llamado blanqueo de capitales o lavado de dinero, de acuerdo a la legislación vigente en cada país) consiste en ocultar, convertir u otorgar una apariencia legítima a aquellos ingresos de origen ilícito. El dinero ilegal puede llegar de distintas fuentes hacia el destinatario. Lo capos del narcotráfico, por ejemplo, obtenían sus ingresos de la venta de droga; y los piratas del siglo XVII lo hacían mediante el hurto de barcos cargados de oro. En el contexto peruano, el método preferido de nuestros ex mandatarios para obtener ingresos ilícitos era el soborno (conocido como también como cohecho).

Desde su aparición, el blanqueo de capitales ha ido desarrollando distintas modalidades para ocultar dinero ilícito o darle orígenes aparentemente legales. Con la creación del sistema financiero y la introducción de la tecnología para realizar transacciones, el lavado de activos se ha ido complejizando hasta la actualidad. Hoy en día, se puede encontrar a la creación de empresas fantasmas como una de las modalidades más utilizadas para disimular el dinero ilegal como supuestos ingresos de la empresa — curiosamente, el término “lavado” de activos se originó porque Lucky Luciano, mafioso italoestadounidense, montó una cadena de lavanderías para blanquear el dinero obtenido del proxenetismo y la venta de heroína y alcohol ilegal.  

Existen otros medios, además, para ocultar ingresos ilegales. Por ejemplo, Nadine Heredia y Ollanta Humala han sido acusados, por el fiscal Juárez, del delito de lavado de activos en las modalidades de conversión y ocultamiento mediante la compra de inmuebles.  Para disfrazar el financiamiento ilícito recibido por el Gobierno venezolano en la campaña del 2006 y por Odebrecht en los comicios del 2011, la pareja presidencial adquiría costosos inmuebles con el fin de venderlos en un futuro y aparentar beneficios legales. Por otro lado, en el caso de Alan García, Jorge Barata inició el pago de sobornos ocultándolos en la Banca Privada de Andorra (un minúsculo país entre España y Francia) y el mismo Miguel Atala, ex vicepresidente de Petroperú, retiraba el dinero y lo llevaba en armadas de 20 y 30 mil dólares hacia el ex líder aprista en Palacio de Gobierno.

Así, podemos identificar distintas modalidades de blanqueo de capitales: compraventa de bienes o inmuebles (muchas veces caros), creación de compañías “fachada”, movimientos financieros sofisticados en localidades no muy conocidas o con débil regulación financiera, entre otros. Lo complicado para las autoridades fiscalizadoras se encuentra en la extensa telaraña contable de adquisiciones, depósitos y desvíos que se teje al iniciarse el proceso delictivo.

Por ello, aunque en ocasiones sea indudable la recepción de ganancias ilícitas, los investigadores ejecutan la ardua tarea de demostrar, mediante evidencias exactas, la culpabilidad del acusado. No obstante, pueden desplegar otros mecanismos para sentenciar al criminal —recordemos que Al Capone no fue a prisión por lavar el dinero que recibía de los actos delictivos, sino por evadir impuestos.

El blanqueo de capitales no se reduce a nuestros políticos. De acuerdo a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF) de la SBS, en el 2017, se acumularon 11 mil casos sospechosos de lavado de activos. Así que no es necesario recurrir a bancos en Andorra para cometer el delito, pues en zonas como Ayacucho existen cooperativas de ahorro y crédito dispuestas a legitimar utilidades ilícitas.

Entonces, ¿qué podemos esperar de la sociedad si los dueños del poder realizan actividades corruptas como esta? Los ex presidentes tienen que saldar el daño que han perpetrado a nuestras instituciones y, además, ser condenados por debilitar los sistemas financieros, generar la competencia desleal y reducir la confianza en un país que desconfía mucho de sus autoridades. El siglo XXI nos recibió con una cultura de la corrupción que carcome los valores que la personificación de la democracia, como un presidente, debería de tener.