Los “Monos de Quepepampa” y “Los Norteños y Guarayos” son bandas criminales acusadas de incurrir en sicariato, extorsión, secuestros, entre otros delitos que afectan gravemente a la seguridad social de nuestro país. Hace poco, la PNP logró capturar a varios de los integrantes de estas bandas tras ocho meses de seguimiento. Sin embargo, estos últimos afrontarán sus procesos en libertad por decisión de los jueces encargados de impartir justicia al declarar infundado  el pedido de prisión preventiva en los respectivos casos.

Frente a las decisiones de estos magistrados el ministro del Interior, Carlos Basombrío, afirmaba con pesar que fallos como estos hacen un enorme daño a la sociedad. “Es frustrante, es una cosa durísima” afirmaba el titular de esta cartera.

La gran preocupación del ministro ,y de la ciudadanía en general, radica en observar cómo el esfuerzo de la policía y los recursos invertidos por capturar a estas bandas se ve abatido por resoluciones como las mencionadas en el párrafo anterior. Una megaoperación en donde participaron 30 fiscales, 500 policías y el trabajo logístico de allanamiento de 43 casas se ve envanecida por la consideración de falta de proporcionalidad en la medida preventiva del juez Ismael Orozco.

De acuerdo al Código Penal vigente, en casos como éstos, el magistrado debería dictar prisión preventiva ya que se cumplen los tres requisitos que exige el ordenamiento: 1) Riesgo de que el procesado se escape 2) Que la pena del delito sea mayor a 4 años de prisión efectiva y 3) Que existan elementos de convicción que permitan determinar responsabilidad por parte del imputado en la comisión del delito.

Como consecuencia de estos fallos, si se llegara a demostrar la culpabilidad de los procesados, los agentes policiales tendrán que planificar una nueva estrategia para capturar a los delincuentes. Acciones de este tipo conllevan una fuerte inversión de recursos, los que no podemos derrochar pues vivimos en un país que lamentablemente no los posee en grandes cantidades.

A partir de este caso, considero conveniente realizar una breve reflexión sobre el papel del juez en nuestro país. El rol del juez en un Estado Constitucional, como lo es el Perú, consiste en impartir justicia de acuerdo a los principios y valores que establece la Constitución Política. En cada proceso, el magistrado se encargará de determinar qué principio debe primar y así poder impartir una justicia adecuada para el caso.

Muchas veces la aplicación de la ley en concreto no resultará el medio más idóneo para establecer una solución justa. Por ello, en un Estado Constitucional, se ofrece al juez distintas herramientas para que pueda sobrepasar este obstáculo al que lo somete la ley, y así dictar una resolución acorde a los objetivos que realmente busca alcanzar el Derecho. Queda entonces desacreditada aquella postura que afirma que el juez está “amarrado” por la ley.

Existe una máxima que pregunta: “Entre el derecho y la justicia, ¿cuál de los dos es preferible?”.La respuesta no requiere mayores rodeos, se prefiere a la justicia. No podemos olvidar que la ley no constituye un fin en sí mismo. La ley es un medio para llegar a una apropiada convivencia en sociedad. El juez deberá tener en cuenta que el objetivo del Derecho no consiste en un cumplimiento estricto de la ley, sino en regular conductas sociales para alcanzar este ansiado orden social.

Por todo esto, es importante que el razonamiento de los jueces no se limite a una interpretación literal de la norma, pues en ciertas circunstancias tendrá que hacer un uso alternativo de la legislación y así contribuir al bienestar de la sociedad. Solo así lograremos lo que muchos buscamos, pero lamentablemente no encontramos: justicia.

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