La semana pasada estalló el escándalo del “negociazo” en todos los medios de comunicación. Carlos Moreno, ex asesor de Pedro Pablo Kuczynski, fue denunciado ante la fiscalía por negociar con la clínica de Osteoporosis S.A.C. y así beneficiarse de los pacientes del Sistema Integral de Salud (SIS).

A raíz de esta noticia, nuestro presidente anunciaba el lanzamiento de un paquete de medidas contra la corrupción, reafirmando su compromiso de luchar contra este mal que tanto daño hace. Kuczynski, considero, buscaba evitar que se vea resquebrajada la buena gestión que venía realizando. A pesar del esfuerzo, la revelación de los audios de Moreno trajeron como consecuencia el descenso del nivel de aprobación del mandatario. De acuerdo a IPSOS, el jefe de Estado bajó 8 puntos porcentuales en solo un mes.

El intento del presidente por calmar este ambiente tenso ha derivado en la promulgación de una norma que muchos solicitaban hace ya buen tiempo. El sábado pasado se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto Legislativo Nº1243, decreto conocido como “Ley de Muerte Civil para corruptos”. La normativa busca “restringir la posibilidad de que las personas condenadas por delitos contra la administración pública trabajen nuevamente como funcionarios públicos”.

La presente disposición modifica la duración de la inhabilitación que se le imponga al condenado de corrupción, establecida en el artículo 38 del Código Penal. La norma pretende extender hasta 20 años el plazo que impide ejercer función pública.

Sin embargo, lo que más llama la atención de esta ley es la incorporación de la inhabilitación perpetua para los funcionarios que cometan delitos de corrupción, siempre y cuando configuren cualquiera de los siguientes supuestos: 1) Que el funcionario sea parte de una asociación criminal 2) Que el acto de corrupción esté ligado a programas que tengan objetivos de asistencia, apoyo, inclusión social o desarrollo. 3) Que las ganancias superen el monto de 59,250 soles.

Sin duda alguna, la propuesta de PPK es plausible, pues se busca combatir un fenómeno que carcome sociedades e impide el correcto progreso de la Nación. No obstante, este decreto, como la mayoría de leyes que se expiden, no asegura una verdadera eficacia para alcanzar el objetivo propuesto, es decir, erradicar la corrupción.

Si examinamos con calma la normativa, podremos observar que se busca que el funcionario público se vea intimidado, y por ende no cometa actos de corrupción. ¿Cómo ocurre esto? Pues con una sanción dura como lo es la pérdida de los derechos civiles. Ahora, cabe plantearse la siguiente pregunta: ¿El funcionario público realmente se sentirá amenazado y , en consecuencia, dejará de cometer actos de corrupción, si se le aumenta la pena?

La persona que delinque, por lo general, no realiza un análisis costo/beneficio respecto de la sanción que conllevará la comisión del delito. El delincuente, que puede ser desde un hombre que roba carteras, hasta un funcionario que se beneficia con el dinero del estado, repara sobre todo en el objetivo que verá satisfecho con la realización de la conducta prohibida.

En ese sentido, la sanción “amenazadora” de la ley se vuelve inútil, pues no llega a evitar la ejecución de la conducta delictiva. La única función que cumpliría la norma sería la de sancionar al delincuente, pero esto poco o nada sirve, pues lo que queremos es impedir el incurrimiento en delitos y no solamente sancionarlos.

Es por todo ello que la Ley de Muerte Civil requiere una adecuada reglamentación que permita prevenir la comisión de este tipo de conductas; en otras palabras, lograr la integridad de la propuesta para que vaya más allá de los medios coercitivos. El Ejecutivo tiene menos de 60 días para realizar esta difícil tarea. Caso contrario, si la ley no llega a ser eficaz y por ende solo sanciona en vez de evitar los delitos, estaremos frente a una “ley para la televisión”; es decir, una disposición que parece adecuada ante los ojos de la población, pero en su ejecución no es idónea para alcanzar el fin propuesto.