30 de Septiembre del 2019, bajo una suspensión por incapacidad moral temporal, se intentó remover a Vizcarra de su cargo por primera vez. No procedió. 19 de Septiembre del 2020, una primera moción de vacancia aprobada en el Pleno fue sometida a votación tras la sesión de debate, pero nuevamente no pasó. Finalmente, el que la sigue la consigue. Martín Vizcarra fue vacado de la Presidencia de la República el día 9 de Noviembre del 2020 con 105 votos a favor tras una serie de escándalos de corrupción, declaraciones de colaboradores eficaces respecto a nexos con personajes controversiales y empresas investigadas, y finalmente la potencial comprobación de sus mentiras sistemáticas. Sin embargo, este es lugar para preguntarse, ¿Realmente es conveniente que a este punto se efectúe una vacancia presidencial, sabiendo quién sería el sucesor y las consecuencias que traería este suceso para el panorama general del país? En una constante crisis económica, laboral y sanitaria es inviable agregar el factor político y esperar que no se produzcan consecuencias en cadena que afecten a largo plazo, sobre todo considerando lo volátil que es el panorama regional y nacional, donde diversos factores pueden converger para formar cierta situación poco o nada favorable, mejor entendida por la situación que pasa el país a día de hoy. Más que una especulación, ahora es una realidad, puesto que la crisis política generada por la vacancia ha complicado el panorama y será difícil predecir la magnitud de los efectos que traerá este acto político, el cual realmente no era necesario a este punto ni bajo estas circunstancias en las que se encuentra el país. Asimismo, también se debe considerar que el gobierno interino de transición que viene ingresando al poder es altamente impredecible, siendo optimistas, puesto que no se sabe si mostrarán una actitud de negociación y consenso en aras de llegar en un relativo estado de estabilidad política al 2021, o si empezarán a privilegiar sus propios intereses apenas esté formado el gabinete que le brindará legitimidad a Manuel Merino, el nuevo Presidente de la República.

En estas situaciones, es inevitable cuestionar por qué se ha llegado a este escenario de forma tan estrepitosa y por qué es que los demás intentos de destitución al ex presidente Martín Vizcarra no tuvieron éxito mientras éste sí. En primer lugar, se debe tomar en cuenta que ha habido una acumulación de factores para justificar la incapacidad de Vizcarra para ocupar la Presidencia. Cada dominical, se revelaba o se ahondaba en escándalos de corrupción donde el ex mandatario tenía un alto grado de participación. Cada dominical presentaba declaraciones de colaboradores eficaces que señalaban a Vizcarra como un agente corrupto, y cada dominical tenía la asistencia de Vizcarra, pero como comenté anteriormente en columnas pasadas, su actitud frente a las acusaciones dejaba muchísimo que desear tanto para su imagen política como para su imagen ante la población. La defensa mediocre y las estrategias atinadas a desviar la atención de los hechos imputados daban lugar a pensar que sí existiría un grado de culpabilidad para el ex presidente, sin embargo, no era beneficioso realizar las investigaciones al removerlo de su cargo mediante una vacancia, pues este acontecimiento no sería coherente con menos de un año de gobierno por delante. No obstante, el día 10 de Noviembre juramentó un nuevo presidente tras la aprobación de la vacancia con 105 votos. Ahora, con protestas e insurgencia pública a causa de la percepción popular de Merino como un gobernante usurpador, el país se encuentra en la incertidumbre en el momento menos indicado posible. En la siguiente columna se intentará ahondar en los temas de fondo del proceso político que hoy en día se vive en el Perú, para así intentar dar luces sobre un posible modus operandi de Merino una vez conforme su gabinete y entre prácticamente en funciones. Se discutirá la naturaleza de la toma del poder en base a los argumentos jurídicos existentes para avalar legitimidad o ilegitimidad, y además se evaluará el futuro del país con un gobierno acciopopulista que evidentemente no fue elegido por mayorías. Finalmente, se expondrá por qué estamos ante uno de los momentos más desesperanzadores de la historia republicana, considerando que la convergencia de crisis está por empezar y tomando en cuenta el actuar que el gobierno vigente tendrá con las múltiples problemáticas que se harán constantes a futuro. 

Hasta el día de hoy, 11 de Noviembre del 2020, no existe un consenso acerca de la legitimidad del proceso de vacancia que colocó a Manuel Merino en el poder. Si bien es un escenario complejo al existir un causal de vacancia pero ver este causal malversado, queda preguntar qué tan fácil es vacar a un presidente en el Perú. Como se expuso anteriormente, Vizcarra habría sido acusado por una serie de colaboradores eficaces de delitos cómo corrupción, tráfico de influencias e incluso se le inculpó de tener nexos cercanos como los de Antonio Camayo. En todas las oportunidades, Vizcarra negó categóricamente todo lo imputado. Tradicionalmente, a causa de las múltiples denuncias aún no oficializadas por parte de los colaboradores, el Congreso aperturó un proceso de vacancia y la moción fue aprobada con menos de 70 votos. No obstante, un factor imprevisto surgió el 8 de Noviembre del 2020 con la publicación del Informe realizado por El Comercio donde se incluyeron más de 200 chats que revelarían mentiras del Presidente en torno a nexos con empresas investigadas y posibles casos de tráfico de influencias. Ergo, las mentiras sistemáticas en su construcción de figura política como Presidente se tornaban en un importante factor a considerar durante el debate del día siguiente, y es aquí cuando se puede empezar a discutir del causal “incapacidad moral”. Por un lado, es posible alegar que las mentiras sistemáticas reflejan a un presidente mitomano y por ende incapaz para gobernar, pero por otro lado, las mentiras pueden interpretarse más como un factor político se podría apelar a una malversación del poder político, lo que en definitiva es un delito pero no un causal de vacancia y tampoco de antejuicio, por lo que las opciones para destituirlo serían nulas. Legalmente, existe un precedente para declarar constitucional la vacancia y otro dispositivo legislativo que la podría hacer inconstitucional. La huida de Fujimori a Japón y su posterior renuncia por fax motivaron a que el Congreso rechace su renuncia por las circunstancias en las que esta se daba, y fue vacado por incapacidad moral por motivos políticos, por lo que bien se podría apelar a este precedente jurisprudencial aunque quedaría en discusión si éste es vinculante a casos poco semejantes como el que se ve en el país el día de hoy. 

No obstante, la Constitución es clara respecto al control y balance entre poderes y a un factor llamado “abuso del derecho” expresado en el causal político de vacancia que no debería proceder por no estar mencionado en la norma ni fáctica o no fácticamente. El abuso del derecho consiste en la interpretación de normas de forma hostil en perjuicio de otro poder del estado. Considerando que la Constitución no respalda este uso, este causal de vacancia sería declarado improcedente y por ende la vacancia inconstitucional. Asimismo, un argumento que hasta el día de hoy se puede ver constante, es el desprestigio y mala praxis en el control y balance entre poderes que actualmente se encuentra inexistente, puesto que formalmente no se tiene esclarecido donde empieza el Poder Ejecutivo y dónde termina, al estar tan entremezclado con el Poder Legislativo. Pese a los argumentos presentados, realmente no es útil ni práctico iniciar una batalla legal para declarar constitucional o no la vacancia, ya que los hechos se han dado y Merino asumió como Presidente antes de que el Tribunal Constitucional emita opinión, por lo que la constitucionalidad o no de la medida será irrelevante a niveles prácticos, pero no teóricos. Se puede instar aún a la emisión de opinión por parte del TC para impulsar la existencia de un precedente que asegure que un caso así no se vuelva a repetir, puesto que con un precedente jurisprudencial se podrían llenar los vacíos legales que lamentablemente han resultado en una crisis política y en la decadencia del estado de derecho en el Perú. Con la reciente declaratoria de que el 18 de Noviembre del 2020 se estaría viendo la demanda competencial respecto a la vacancia, se alienta a que el precedente formado a partir de este caso especifique más acerca de los casos de vacancia y dé medidas que promuevan una mejor gobernanza por los meses restantes.

Habiendo discutido la naturaleza del proceso que efectuó la caída de Vizcarra, no se puede dejar de analizar el estado actual del gobierno de Manuel Merino, el cual se caracteriza por las protestas ciudadanas en Centro de Lima, el silencio del mandatario y el gabinete que brilla por su ausencia. Las protestas se han desatado en el Perú desde el día en el que se hizo oficial la vacancia, teniendo como espacio central a la Plaza Bolognesi y avenidas troncales limeñas. Pese al toque de queda, las protestas del día siguiente, 10 de Noviembre del 2020, fueron más multitudinarias a pesar de que los espacios de marcha estuvieron más limitados al tener imponentes cercos policiales y rejas en zonas aledañas al Congreso de la República. Tras la juramentación de Merino, se vio presencia de violencia policial hacia los manifestantes como medio de apaciguar las ya encendidas protestas en la capital, las cuales también se están replicando en provincia. Tanto los medios de comunicación como el Poder Legislativo excusan los atropellos policiacos, justificando que están debidamente motivados por una inminente amenaza al orden público, aún cuando las autoridades son las primeras en irrumpir en el orden político y estabilidad de un país que circunda el colapso. El día de hoy y los siguientes se seguirán dando marchas a nivel nacional, exhortando a un mensaje claro y el establecimiento de un gobierno funcional para intentar recuperar siquiera un poco de estabilidad política en el Estado. Esperamos, desde este espacio, que se respete el bienestar de los ciudadanos y que autoridades legislativas dejen de justificar los hechos ocurridos de los que nadie se puede responsabilizar porque, a propósito, el Poder Ejecutivo se encuentra incompleto. 

La ausencia de un gabinete está estrechamente ligada con la decadencia del orden público y puede traer severas consecuencias a futuro, ya que ninguna autoridad del Poder Ejecutivo es responsable de las acciones ejecutadas por las fuerzas del orden y así se degradan cada vez más los derechos sociales de los ciudadanos. Aparte, no se puede dejar de considerar que las acciones de Manuel Merino en el poder no serán legítimas si es que no tiene un gabinete ministerial activo, lo que quiere decir que el hasta ahora único miembro, Ántero Flores-Aráoz como PCM, no cuenta como gabinete ministerial y por ende su gobierno aún no es funcional. Se especula que la ausencia de un gabinete se debería a una pugna por carteras o desacuerdos entre quién debería conformar el gabinete. Las siguientes horas serán vitales para definir quiénes serán los nuevos encargados de dirigir el país en la reciente y agravada crisis en la que se encuentra sumida la nación. No se puede dejar de incidir en el punto de que, hasta este momento, Merino no ha declarado acerca de las protestas recurrentes en diversos puntos de la capital, y ha preferido mantener perfil bajo en un momento tan vital como éste para la historia y continuidad de la política nacional. Como último punto de esta sección, vale mencionar que si bien se ha visto un silencio de Merino respecto a temas sociales y políticos urgentes para asegurar una continuidad del orden democrático y el respeto a los derechos civiles de la población, los puntos de agenda programados para el día de hoy revelan que tal vez el interés de este gobierno pueda estar orientado a intereses más que estatales, personales.

No es secreto que la SUNEDU y la fiscalización de centros de educación superior ha levantado incomodidades en el sector educativo privado, específicamente para aquellos dueños de varias universidades, las cuales cuentan con varias sedes repartidas a lo largo del país. Gracias a los mecanismos de licitación y seguimiento a los estándares básicos de funcionamiento para universidades, varias universidades han sido licenciadas para seguir ofreciendo estudios superiores a los alumnos egresados de educación secundaria, pero así como varias han obtenido la licencia, también se la han denegado a varias. Lo que significa la denegatoria de la licencia para funcionar, es que la universidad estaría dejando de funcionar dentro de los siguientes dos años y ya no podría iniciar otro proceso de admisión. De este modo, universidades precarias creadas con el afán de lucrar han perdido la licencia de funcionamiento y los alumnos parte de estos centros han tenido facilidades de conseguir otro centro de estudios para terminar sus carreras. Este mecanismo no fue agradable para dueños de universidades privadas denegadas, la SUNEDU les era incómoda con existir y la fiscalización no les parecía apropiada. Teniendo agrupaciones políticas como Podemos Perú, la cual tiene una fuerte influencia de parte de los dueños de universidades, la SUNEDU ha sido fuertemente cuestionada a nivel de congreso, pero el Ministerio de Educación no aprobó ningún cambio para esta entidad ni para la Ley Universitaria que permite su creación. Se tiene como precedente que Manuel Merino, actual presidente, es partidario de la licitación a universidades privadas accesibles pero precarias, ya que privilegia el acceso a la educación superior a pesar de que éste no sea de calidad y tenga consecuencias negativas a nivel macro en el país, puesto que los profesionales entrados al campo laboral no tendrían la calidad requerida para el cargo. Por ende, es altamente plausible que el día de hoy, aquellas bancadas con intereses en la educación superior puedan aprobar la modificatoria a la Ley Universitaria y precisiones legales respecto a la SUNEDU, teniendo al presidente de su lado. Nuevamente, recalco que constitucionalmente esta decisión no sería legítima porque aún no se tiene un gabinete juramentado que respalde el actuar del presidente. 

Asimismo, otro de los puntos de agenda que puede ser ejecutado a medio o corto plazo en el gobierno de Merino sería el indulto a Antauro Humala, adelantado por el vocero y congresistas de la bancada Unión por el Perú. El hecho de que este sea adelantado ante medios públicos levanta sospechas acerca de un posible complot, y si llegara a ocurrir tal eventualidad, no se podría descartar que este personaje tenga un rol importante en la política así éste no ostente ningún cargo. Finalmente, se debería evaluar cómo es que el gobierno de Merino se ocuparía de temas urgentes, como la creciente inflación a causa del incremento del precio del dólar y la inminente crisis económica, sumada a la potencial posibilidad de una segunda ola antes de la llegada de una vacuna. Cabe precisar que es posible que la segunda ola pueda provenir de la ola de protestas, a causa de la aglomeración y la remoción de mascarillas por los métodos represivos empleados por la fuerza policial. Estos dos temas últimamente impactarán en el proceso electoral del 2021, ya que la crisis económica y sanitaria moldearán las propuestas de los candidatos y la canalización de las ideas que viene teniendo la población en esta época tan tensa . La gestión Merino tendrá un gran rol dentro de las tendencias de voto y lo propuesto dentro de los siguientes meses, por lo que no se puede hacer más que esperar e instar a decisiones bien planificadas que privilegien el bienestar público de la nación tanto a presente como a futuro para así no estar impulsando a que el electorado vote por un candidato ineficiente en el poder pero que cuente con propuestas y carisma grato para la masa target de voto. Así, también sería momento de especificar que las elecciones se encuentran fijadas para el 11 de Abril del 2021 por el anterior gobierno de Martín Vizcarra, por lo que se informa a la ciudadanía que este gobierno no tendría razones para llamar a elecciones un día alterno al mencionado previamente, en aras de alterar el orden democrático mediante un cambio de fechas para los comicios. La ciudadanía espera un verdadero gobierno de transición para asegurar un panorama político estable y el final del agitado quinquenio, dando paso a una nueva gestión ajena a las problemáticas y controversias.

A veces duele decirlo, pero el Perú parece más un espectáculo de entretenimiento que un país con problemáticas severas, y últimamente el programa se ha tornado lúgubre mediante la caída de las estructuras que al menos permiten al escenario permanecer en pie. El panorama es más desolador de los últimos veinte años de democracia al tener una convergencia de crisis que aparentemente no dejan de empeorar y perjudicar más al país. Estamos a merced de un Congreso al que no le interesa su pueblo, que ridiculiza la lucha pacífica del cacerolazo y sataniza a los manifestantes, ante un primer ministro ajeno a la violencia de género interiorizada en la sociedad peruana y desinteresado de los problemas ambientales, nuestras máximas autoridades dejaron de velar por el interés del pueblo para ocuparse de sus propios intereses una vez alcancen el poder. Con últimos gramos de optimismo restante, exhorto a Manuel Merino para que lleve a cabo un apropiado gobierno de transición que no perjudique más la institucionalidad del país ni nos haga dar pasos hacia atrás en las escasas reformas que se han dado y en los planes de reforma institucional existentes, el Perú ya no se puede dar el lujo de vivir un autoritarismo en estas circunstancias, ni de agravar sus problemas internos por autoridades ajenas al desarrollo estatal. Estando a horas, con suerte, de la juramentación del gabinete Flores-Aráoz completo, solo aliento a la ciudadanía a seguir impulsando su voz, tengan o no tengan plataforma. Desde aquí me comprometo a dar luz a las problemáticas a las que próximamente se enfrentará el Estado, y a priorizar los intereses de la ciudadanía para una transición pacífica hacia el gobierno del bicentenario. El Perú ha demostrado ser un país resiliente ante las circunstancias complejas, y ahora más que nunca, la decadencia tendrá que ser superada mediante una actividad política mayor por parte de la ciudadanía para fiscalizar a sus autoridades e impedir los atropellos que muy posiblemente se darán en el futuro. El pueblo peruano está en pie de lucha, así procuren satanizar y reprimir nuestra labor ciudadana.