A finales del mes de noviembre inició un inevitable levantamiento pacífico por parte de los obreros del sector agrario sometidos de forma perpetua al trabajo indigno en los fundos, haciendas y agroexportadoras. Históricamente, se sabe que el trabajo de la tierra es precario a raíz del poder económico del mismo sector y la jerarquía de poder que atropella los derechos laborales y la remuneración digna del trabajador agrario. Durante el régimen de Velasco Alvarado durante el docenio militar se intentó reformar el sistema que oprimía sistemáticamente al campesinado mediante tratos inhumanos y una brecha de desigualdad deleznable, donde el trabajador agrario era ajeno a cualquier tipo de derecho laboral. No obstante, dada la ejecución apresurada y la falta de capacitación administrativa de los trabajadores de la hacienda a quienes se les fue otorgada la tierra mediante corporativas, la reforma culminó en fracaso y los años subsiguientes se vio el retorno de las antiguas jerarquías de poder entre hacendado-trabajador. Sin embargo, gracias a nuevos dispositivos legales como la Ley N° 27360 de Promoción Agraria y su extensión dada en el DU N° 043-2019, a día de hoy se ve cómo es que el trabajo precarizado, injusto e indigno del campo es legitimado por los poderes del Estado en pro de los poderes económicos agroexportadores. Cabe resaltar que, era previsible que se diera un levantamiento por parte de los campesinos de la región Ica puesto que el año anterior expresaron su desacuerdo con las normas vigentes instaron a iniciar negociaciones entre ellos y entidades legislativas. Cabe precisar que el sector agrario, en esta coyuntura y precisamente en esta época del año, ha sufrido de una serie de obstáculos para su desarrollo a raíz de la crisis de la papa donde el tubérculo llegó a costar diez céntimos por cien kilogramos, y se presentaba un clima de incertidumbre por la ausencia de la aprobación de la moratoria que impide el ingreso de productos transgénicos en el Perú. 

Si bien la crisis de la papa y de más frutos como las naranjas se sigue dando en la sierra y ceja de sierra del país, ahora se suma una problemática más, pero a diferencia de las causas económicas e industriales que ocasionan este tipo de problemas, la crisis agraria que se vive ahora en Ica y potencialmente se expandirá a más regiones es causada por la existencia de problemáticas sociales los cuales son legitimados y normalizados en la sociedad por la normativa paupérrima en materia laboral que favorece a la industria agroexportadora. La discusión en este caso no se trata acerca de la eticidad de una decisión, se trata del cumplimiento de leyes laborales y principios que priman en el marco normativo legal peruano y que no se está siguiendo, lo cual configura un vicio legal que ninguna autoridad quiere atender y que se encuentra afectando a una gran porción de la población dedicada al trabajo agrícola. En estas circunstancias es importante analizar la situación desde su raíz, evaluando la naturaleza del poder latifundiario en el Perú y cómo es que la legislación de la década de Fujimori ha cambiado varios lineamientos para favorecer la acumulación de capital y fomento de riqueza para los grandes latifundistas del país. Del mismo modo, es vital revisar la normativa aprobada combinandola con el estado de la realidad agraria coyuntural para así entender cómo es que los dispositivos legales legitiman la precariedad laboral en este sector económico.

Es de conocimiento común que tanto regional como nacionalmente, la concentración de posesión de tierras en regiones de la costa y sierra suele estar en manos de un porcentaje ínfimo de la población de la localidad específica. En una región donde la principal actividad económica sea la agricultura, y la posesión de la tierra esté concentrada en el 1% de la población, será deducible que en cierto punto se vea a un porcentaje mayoritario de esta población estar empleado por el 1%. Dada la fragilidad económica, los prejuicios raciales y la evidente situación de desigualdad, se crea una relación de poder hostil donde el patrón, también llamado gamonal o latifundista, es encargado de explotar a sus trabajadores para poder maximizar su margen de ganancia a costa del trabajo excesivo y recorte de derechos laborales de sus trabajadores. Al ser los la agricultura y ganadería un eje primordial de la economía peruana, era predecible que las empresas dedicadas a este rubro y los latifundios productores tengan un gran peso como grupo de poder económico en el país, lo que significa que su perspectiva respecto a políticas o reformas legales a darse dentro de su sector sería de alta relevancia, y que no se darían normas perjudiciales para ellos y beneficiosas para sus trabajadores ya que ello afectaría la productividad y el capital. Dichos sucesos se vieron reflejados en la primera reforma agraria de Belaúnde en su primer gobierno, donde la tan prometida y urgente reforma agraria que él aclamaba hacer solo se dio en Cusco porque era un departamento con un menor índice de latifundios poderosos sobre municipios y legislación. Asimismo, al estar los latifundios en zonas de difícil acceso o dispersas en el plano cartográfico, las entidades fiscalizadoras tienden a omitir la fiscalización al cumplimiento de los derechos laborales de la población, por lo que se vio que durante años la situación del campesino en la hacienda es precaria a causa de los abusos e impases de los caporales, encargados del fundo mientras el patrón se suele encontrar en la capital. Más adelante, en la década de los 90s, los juzgados agrarios quedaron sin efecto por lo cual las disputas por la tierra o controversias por los cultivos tendrían que verse en juzgados civiles y no especializados, lo que puede llegar a afectar al campesino en caso éste o una agrupación de ellos demande al hacendado, ya que el juez no está especializado en el tema y las relaciones de poder desiguales van a salir a flote. Un factor que es clave para evaluar integralmente este tema, es combinar los antecedentes sociopolíticos de la época con la nueva legislación que permite los abusos de forma legal: la contratación mediante service.

La tercerización laboral o también conocida como contrato service consiste en la contratación de empleados por medio de terceros, es decir, una empresa que disponga la contratación de empleados para una empresa cliente. En teoría, para dicho tipo de contrato existe una serie de protecciones y derechos laborales que pueden ser otorgados tanto por la empresa terciaria como la empresa cliente para que los trabajadores se encuentren en ley, sin embargo, la ley es conocida por ser un saludo a la bandera en términos de derechos laborales. Existen diversas formas de que, mediante este tipo de contratos que en teoría son formales, el trabajador no goce de atribuciones y derechos que le corresponden por ley al estar empleado en cierto tipo de empresa. Sea por fraude a la ley, división de derechos o desviación de los mismos entre la empresa contratante y la empresa terciaria, se puede dar la reducción, mutilación o incluso la eliminación de los derechos laborales del trabajador, por lo que la formalización del mismo se da en la teoría y la empresa puede tener beneficios al tener trabajadores bajo contratos formalizados, sin embargo, el trabajador no goza de los beneficios de dicha formalización. Dicho tipo de contrataciones es frecuente para servicios de limpieza en centros comerciales, servicios como fotocopiadoras o quioscos, y sobretodo en vista en el sector agrario del Perú, centrándose en los trabajadores de la tierra encargados de la producción del fundo. Acorde a la data, una parte mayoritaria de los trabajadores agrarios encargados de la tierra está empleado bajo este tipo de contrato, por lo que las empresas agroexportadoras se pueden jactar de tener a la mayor parte de sus trabajadores bajo un régimen de empleo formal y obtener beneficios a partir de él, sin embargo, éste es una ficción en la práctica ya que tanto el actuar de los fundos y las empresas terciarias como las leyes adicionales como la Ley N° 27360, la cual fue intencionada para estar vigente hasta el 2021 pero recientemente se ha realizado una moratoria para extender diez años más su duración, hasta el 2031. 

La nueva norma que establece la moratoria que per se es perjudicial para los trabajadores agrarios de la tierra fue aprobada el año pasado por la Comisión Permanente del Congreso disuelto, con una mayoría fujimorista. Si bien la ley es materia de discusión hoy en día, la misma se mantiene vigente desde su aprobación en el año 2000 tras ser propuesta por José Chlimper, miembro del directorio del Banco Central de la Reserva, accionista de la Sociedad Agrícola Droksa S.A y en ese momento, Ministro de Agricultura del ex presidente Alberto Fujimori. Dicha ley establecía una serie de beneficios para la empresa agroexportadora y el gran fundo, como una reducción a la mitad del impuesto a la renta lo que configura un gran beneficio tributario a nivel financiero para la empresa. Pese a ello, la mayor cantidad de incisos cuestionables se encuentran en los artículos que describen el régimen agrario para los trabajadores de la tierra, los cuales tienen contratos temporales por tres meses pero aún así la figura legal les otorga treinta días de vacaciones cuando permanecen un año en su puesto, a pesar que la dispensabilidad de los mismos y la contratación variable no permite que cumplan el año, lo que hace que realmente no tengan vacaciones. Asimismo, la norma establece que la empresa solo tendrá que pagar el 4% del seguro de Essalud de los trabajadores, cuando su trabajo es de alto riesgo al estar expuestos constantemente a amenazas a su salud física al arar y a poder ser contaminados con la fuerte cantidad de pesticidas y fertilizantes pesados. Aparte, la ley exige que toda empresa pague un mínimo del 9% a Essalud para trabajos sin riesgo. Por el lado de la remuneración, se puede ver un claro abuso al trabajador en el artículo 7.2 literal a), ya que éste gana 39 soles diarios, los cuales incluyen su gratificación y CTS. Al hacer los cálculos, se puede concluir que excluyendo sus “derechos laborales” otorgados diariamente, dicha suma asciende a tres soles por hora para un trabajo físicamente arduo, sin seguridad laboral y en condiciones indignas donde los trabajadores no cuentan con los servicios de protección adecuados para trabajar con químicos y pesticidas potencialmente nocivos para su salud física. Si bien es cierto, la única norma que directamente beneficia a las empresas es el recorte tributario, sin embargo, el recorte de derechos laborales y eliminación de atribuciones por el trabajo riesgoso para los trabajadores de la tierra también configura un beneficio para la empresa, puesto que éste coste sería ahorrado y las utilidades y el capital se verían maximizadas en pro de la agroexportadora. Considerando estos hechos, es casi una broma de mal gusto el decir que esta ley promueve y mejora condiciones para el desarrollo de la actividad agraria. Es más, se puede llegar a pensar que la ley solo ha pensado en promover y mejorar las condiciones para que el sector más poderoso pueda desarrollar la actividad agraria, dejando a la persona, el supuesto “fin último del Estado” de lado. 

Ante dichos abusos laborales del sector agrario, el 30 de noviembre el campesinado se organizó y ante las negativas de las entidades del Estado para entablar negociaciones, se han tomado las principales carreteras y vías como la Panamericana Sur con el fin de que el reclamo sea escuchado y llegue a la atención de la opinión pública. No obstante, las entidades políticas regionales dueñas o accionistas de importantes agroexportadoras del sector vitivinícola y algodonero han manifestado su desacuerdo ante los “desmanes” que se dice que están causando las protestas y su urgencia por reducir la ganancia de capital, ya que su reclamo bandera es que sin capital no van a poder emplear a más personas, lo que causaría un efecto rebote mayor y por ende la causa que defienden las protestas y el paro quedaría invalidado. Sin embargo, cabe precisar que los grandes poderes agrícolas son un grupo de poder económico por sí solos y los cálculos matemáticos que proyectan un escenario donde se mantenga el mismo ritmo de trabajo con derechos laborales refleja que no se haría un mayor daño a la economía de la empresa, lo que significa que lo que dicen es falaz y es un argumento usado meramente para mantener su estatus de comodidad y de incremento del capital desenfrenado. La protesta a este punto está siendo pacífica, sin embargo se han reportado daños a las propiedades aledañas iniciados durante horas de la noche, los cuales ahora mismo están justificando intervención policial en el área. Dichos daños deben encontrar sus responsables, puesto que la protesta que inició pacífica debe mantenerse pacífica para legitimar el reclamo, a pesar de que es altamente cuestionable que el Estado aprecie más el estado de la propiedad privada a los derechos del trabajador. No se descarta que quienes hayan estado encargados de los desmanes hayan sido infiltrados, sin embargo, es un hecho que debe ser investigado con el fin de entablar una negociación seria. Día a día, el efecto de las protestas se hace mayor, puesto que la misma está ocasionando que más grupos organizados de campesinos afectados por este régimen a lo largo del país. Si las autoridades legislativas no actúan a la brevedad y se evita un posible enfrentamiento violento en esta localidad de Ica donde las carreteras se encuentran bloqueadas, iniciará un nuevo efecto dominó de protestas agrarias que podrían equiparar una nueva crisis social en el país y obligar al Estado a tomar acciones acerca de un tema urgente que atenta contra la seguridad de la masa más grande de trabajadores de un sector clave del Estado.

Ica: Obreros bloquean Panamericana en Paro Agrario contra explotación  (Video)

Al momento de cerrar este artículo, el panorama es aún incierto y la renuncia del ministro del interior sería un indicativo de que el avance policial potencialmente podría tornarse violento y el jefe de la cartera desea deslindarse de cualquier responsabilización por las acciones de su institución. Por ende, las acciones violentas que se darían a causa de las protestas iniciadas por la PNP podrían llegar a perjudicar la estabilidad política, y al ser Sagasti jefe de estado, hacer rodar su cabeza por incapacidad moral permanente, responsabilizando al Presidente de lo ocurrido. A la par de la potencial violencia policial que se daría en las siguientes horas, también se ha convocado al Pleno para discutir con carácter de urgencia la derogatoria de la moratoria para el régimen agrario, lo que haría que éste quede sin efecto en el menor plazo posible y así no serían necesarias negociaciones adicionales para definir el futuro de las protestas y el paro en Ica, el cual potencialmente podría extenderse a más regiones del Perú si no se actúa en las horas siguientes. Es verdaderamente repudiable que por un lado, el Estado acuda con la fuerza hacia una protesta pacífica que solo pide lo justo, y se llame “secuestradores de vía” a los manifestantes que no han encontrado otra manera de hacerse oír por un Perú ajeno a su situación. Las siguientes horas serán definitorias para la resolución de este conflicto causado por problemas estructurales, los cuales tendrán que ser resueltos por el Estado, pero debemos recordar de que la paz nunca se ha logrado con el uso de las armas, y la justicia es la que se lleva a cabo mediante el diálogo y el uso integral de la razón con conciencia de la realidad, somos un país agrario y tenemos que tener normas que velen por todos los trabajadores del sector.