En 1689 (siglo XVII), con la Carta sobre la tolerancia de John Locke, ya se proponía pues una secularización de la iglesia con lo político y el Estado civil,  ya que la verdadera misión de la iglesia es la supuesta salvación del alma y NO la función de guía de una nación o conjunto de naciones en lo político y público como gobernante junto a la autoridad civil. Además, afirmaba que la Iglesia católica no debería ser tolerada- un poco radical- porque el Papa era un príncipe infiltrado en varios naciones, lo que probaría la falta de la noción de soberanía de las naciones, así como también, la vulnerabilidad en la imparcialidad institucional de la religión en lo político y la actitud proselitista que solía tener la iglesia. De esta manera, con la mentalidad moderna de Locke, plantea pues la necesidad de que la iglesia esté en un ámbito privado por debajo de las leyes civiles y políticos que legitiman la igualdad de derechos y la oportunidad de libre conciencia. A partir de ese momento, muchas constituciones modernas -hasta ahora- reconocen la necesidad de un Estado Laico. En el caso peruano, está reconocido en el artículo 50 de la Constitución ( aunque un poco ambiguo, porque afirma cierta afiliación con la Iglesia Católica, lo cual surge la pregunta de qué tipo de afiliación con exactitud; o en todo caso, porque en la praxis no se da del todo).

En el siglo XXI, El MARTES 26 DE MAYO DEL 2015, se archiva el Proyecto de Ley de Despenalización del Aborto en caso de Violación, en la cual vuelve a entrar en conflicto esta teoría de secularización de Locke y de muchos otros expertos en el tema. Los conservadores, muchas veces guiados por lo doctrina eclesiástica católica, no ven la realidad de su país; pienso que uno debe ser conservador en el sentido de que las leyes en la praxis sean eficiente en el sentir y bienestar de la población, por lo que no habría motivo a cambios. Sin embargo, el Perú, en cuanto a este tema, tiene las siguientes características:

– El Perú es el país con mayor índice de violaciones en toda Sudamérica. Se estima que 4 de cada 5 casos se dan en menores de edad
– 9 de cada 10 embarazos de niñas menores de 15 años se debieron a incesto.
– 34 de cada 100 niñas y adolescentes entre 10 y 19 años de edad quedaron embarazadas lo fueron producto de una violación
– 76 de cada 100 hombres tienen alguna relación directa con la victima; es decir, fueron sus padres, padrastros o tutores.
– El 29% de muertes maternas en adolescentes ocurren por abortos inseguros.
– El 34% de las niñas y adolescentes quedan embarazadas. Consecuentemente, cada año, 35 mujeres estaría siendo obligadas a tener el hijo del violador. (Este dato es importante, podría ser una de las causas de la pobreza en el país)
– Las violaciones en menores edades suman el 78% de los casos; y otros 90% son incestos.
*Datos estadísticos recogidos por el colectivo #DejalaDecidir y Peru21.

Frente a esta realidad, datos estadísticos ,en especial, en el caso de menores de edad, y sin contar las mujeres mayores de edad, la Comisión de Justicia del Congreso decide archivar el Proyecto de Ley (3839/2014), este proyecto de ley que planteaba enfrentar vacíos, ambigüedades y problemas jurídicos del actual artículo 120 del Código Penal peruano.

Proponía modificar el artículo 119° del mismo Código, que junto con el aborto terapéutico (no penado), se establecería la no punibilidad de un aborto en caso de VIOLACIÓN, y reemplazar los términos FUERA DE MATRIMONIO ( para que de esta forma se evite ambigüedades, la cual permitían a personas a forzar a su pareja a tener relaciones sexuales). Además, obligaba al MINSA a establecer protocolos para la realización eficiente de este, es decir, uniformizar los estándares de atención de calidad.

Mencionan “que se va a investigar más a fondo sobre este tema”; sin embargo, así como muchos otros proyectos de leyes archivadas, esperaran que los ojos de los peruanos estén enfocados en otras situaciones, y sin mucha fiscalización, concluirán en banalidades y afirmaciones fuera de la realidad para negar estos proyectos, ya que estos son influidos por argumentos de corte conservador-religioso encubriendo estas por falacias, o citando a personajes escrupulosos, como Hitler; o confundiendo la nacionalidad de Adan Smith.

El diálogo y el debate ante estos proyectos de leyes archivados es de suma importancia y vital en nuestro sistema democrático institucional. Así como los argumentos que se usen. Reitero, sería incoherente que se dejen influir por argumentos de doctrina eclesiástica, que va en contra del debate político y del ambiguo artículo 50 de la Constitución peruana (Autonomía del Estado, que reconoce y colabora con la Iglesia Católica). Por esta razón, considero justificado el reclamo de la actual congresista Veronika Mendoza (AP-FA), que estuvo A FAVOR de este proyecto de ley, al mencionar que el presidente de la comisión de Justicia -el pepecista Juan Carlos Eguren- recogió varias opiniones de las autoridades religiosas católicas (en contraposición a las civiles) , y que el debate que gestionaba no era el adecuado por ciertos motivos políticos-malignos. Veronika fue la única que votó a favor.

En fin, a mi parecer, no hay mucho que debatir, si uno se pasea por las calles peligrosas de Lima, ve muchas jovencitas pobres con sus bebes pidiendo limosna. ¿Quién sabe si fueron ultrajadas y obligadas por la ley a dar luz a su bebé para evitar la pena actual de 2 días a 3 meses de cárcel o más? Pienso que falta más conciencia de los magistrados con la realidad social peruana. Los magistrados deben analizar los argumentos con razones justificadas – y no por sesgos-  con la visión netamente jurídica e imparcial.

En síntesis, no estoy tomando ninguna postura respecto a si debe despenalizar el aborto en  caso de violación, sino de retomar la idea de Estado Laico y  de tratar de revivir el arte perdido de la discusión democrática, que se debe basar en tres pilares: a) la idea de creencia en la razón, es decir, en la justificación debida en la experiencia, en lo laico y en la lógica; b) Pluralismo, en el sentido de que se deber velar por la diversidad cultural que hay en un país y la necesidad de que se aprueben proyectos de ley de forma imparcial y con la idea de un bien común y de justicia (teniendo en cuenta la opinión de la religión católica, u otra, como parte de nuestra diversidad; pero, teniendo en cuenta también, la imparcialidad de un debate); y, finalmente, c) la Tolerancia, que es el respeto a las ideas ajenas y la empatía. (Cesar Higa- Recuperando el arte perdido de la discusión democrática )

Actualmente, este tema – que en Sudamérica sola cuenta con la desaprobación absoluta en Chile y que tiene el 53% de aprobación de la población limeña- está pendiente en la Comisión de Constitución, y está en proceso de análisis.

Los datos hablan por sí solos.