Todavía se percibe en las calles la inconformidad de los ciudadanos ante las excusas presentadas por el Presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, y los ministros de Economía, Miguel Castilla, y de Justicia, Daniel Figallo. Ellos defendieron en el Congreso, el pasado 12 de febrero, el aumento del 100 % de sus sueldos argumentando la necesidad de iniciar una reforma en el sector público, y de esta manera no ser tentados por las bondades económicas que les ofrece el sector privado. Específicamente, se apoyan en el Decreto Supremo 023-2014-EF, que es parte de la reforma y la modernización del Estado; el cual tiene como fundamento la cuestionada Ley de Servicio Civil. La controvertida medida para “retener y atraer talentos” al Estado salió a la luz mientras el presidente Humala incrementaba su aprobación luego del fallo de la Haya. Sin embargo, no tomó en cuenta las consecuencias de su errada decisión política que esta iba a generar en la población que, cada vez con mayor frecuencia, se pregunta: “¿Dónde está ese gobierno inclusivo y popular?” Esto es lo que ha originado un hecho que la mayoría de peruanos considera indigno y autoritario. Una medida impuesta arbitrariamente que muestra a un gobernante subordinado por la tecnocracia neoliberal y que prohíbe a los trabajadores estatales hacer un reclamo colectivo por sus demandas salariales como lo establece la ley SERVIR. Como diría José Carlos Mariátegui: “Abandonar a los pobres en su lucha contra la inequidad es un deserción cobarde”.

Eso mismo es lo que piensa la población que se siente defraudada por un Gobierno al que le importa muy poco el interés público y, contrariamente, respalda el interés privado, así permite a Castilla y sus amigos autoaumentarse el sueldo de manera desvergonzada. Me pregunto cómo podría justificarse que los 30 mil soles de los Ministros superen 40 veces a la remuneración mínima vital (RMV) sin resultados que lo sustenten. Claramente, es imposible que sea entendible para un maestro contratado al que su sueldo lo supera en 30, o a un policía con varias décadas de servicio cuando lo supera en 18 veces. O sea, que en este país solo algunos tienen el derecho, a lo que se diría “vivir bien” y los demás deben aplaudir el enriquecimiento oligarca que ha demostrado ser el principal interés de la clase política en los últimos años.

Pero a decir verdad, esto no ha sido ajeno a Castilla. El Ministro de Economía nunca ha escondido sus ansias de aumentarse el sueldo a la cantidad que él cree debe ganar. Recordemos que, al inicio del Gobierno “nacionalista”, Miguel Castilla les propuso al gabinete de ese momento el aumento de sueldo a los ministros; sin embargo, su propuesta fue rechazada por inadecuada; incluso un exministro le respondió que: “Servir al Estado y a los peruanos es un honor y una labor de la cual debemos estar orgullosos”. Esta postura del Gobierno se fue debilitando tras la renuncia del gabinete de Lerner. Lo que vendría luego sería la era de los tecnócratas que con la complicidad presidencial dejaría sin piso a cualquier demanda popular o a la prometida transformación del país. Sin duda, es a esto a lo que responde justamente el plantón convocado por el colectivo #Tomalacalle el 13 de febrero en la Plaza San Martín. Si bien es cierto la plaza no estuvo colmada, pero puedo dar fe, como testigo de la convocatoria, del jueves por la noche que los asistentes fueron mayoritariamente universitarios que se encuentran de vacaciones y que no les importó unirse a la protesta a pocas horas de celebrarse San Valentín. Por todo lo contrario, demostraron no tener reparos en salir a las calles a protestar en contra del “aumentazo” de los ministros. Por otro lado, hombres y mujeres organizados en la Confederación General de Trabajadores confirmaron que saldrán a las calles este 27 de febrero si no se toman medidas políticas concretas para derogar el Decreto 023-2014-EF que tanto malestar ha causado en la población.

Es evidente que no se puede tapar el sol con un dedo. Ni siquiera Castilla puede sustentar el aumento de su sueldo diciendo que el aumento al sector público generaría una fuerte inflación. Es que no somos tan ingenuos para creerle. Solo hace falta revisar las estadísticas que confirman a Perú como el país con la más profunda brecha y desigualdad social. Sí señores. En el Perú se pagan los sueldos a los ministros con mayor brecha salarial en la región, e irónicamente tenemos uno de los salarios mínimos más paupérrimos en América Latina. Por todas estas consideraciones creo que es conveniente que Humala (si aún cree que puede salvar del fracaso definitivo a su gobierno) y el Congreso anulen el decreto que avala el aumento, y, así, poner en marcha una reforma que pueda crear una auténtica burocracia estatal que represente el interés general y público; y no el de sus ministros que buscan manejar el Estado como una empresa. Esos ministros que nadie eligió y que nadie elegiría.