Un dicho muy escuchado en el ámbito político durante el fin de semana pasado: “Entre gallos y medianoche” ¿Por qué se escuchó tanto esta frase? Porque todas las reformas constitucionales en materia de inmunidad, se hicieron entre gallos y medianoche en el Congreso de la República, y por si fuera poco, también existe un cuestionamiento acerca de la constitucionalidad de las mismas.

La historia empezó a escribirse el viernes 3 de Julio, en el último pleno de la primera legislatura del Congreso. Con el fin de intentar debatir las reformas y llegar a un acuerdo democrático, el debate acerca de éstas duró hasta las siete de la mañana del sábado 4 de Julio. Sin embargo, en éste debate solo se alcanzaron 82 votos a favor para revocar la inmunidad parlamentaria, lo que significó que no se habrían llegado a reunir votos a favor provenientes de ⅔ de congresistas para poder aprobar una reforma constitucional. Ante esto, el domingo 5 de Julio en el mensaje a la nación dado por el Presidente Vizcarra se anunció que, al obtener más de la mitad de votos en el parlamento, la revocación de la inmunidad parlamentaria podría ser colocada en un referéndum a darse en las elecciones generales de 2021. Poco antes del mensaje a la nación, el Congreso pudo avistar la medida que daría el Presidente, por lo que se convocó a junta de portavoces a las tres de la tarde y a sesión del pleno una hora después. Como dijo Omar Chehade, en esta sesión se escribió la historia, no es una historia de la que el Perú se debería enorgullecer. Tras una evidente dilación realizada por congresistas que se empeñaban en criticar la medida que ni siquiera había sido puesta sobre la mesa por la Comisión de Constitución,  a las 8pm recién empezó la cuestión previa de Omar Chehade. En este documento no solo se presentó uno, sino cinco reformas constitucionales que comprenden modificaciones/revocaciones a la inmunidad de altos funcionarios públicos. En esta reforma, se limita parcialmente la inmunidad del Presidente de la República y de los Congresistas de la República. A partir de la ratificación de la reforma, el Presidente ahora también podrá ser procesado por delitos contra la administración pública y los congresistas ven su inmunidad limitada hasta cierto punto, puesto que ahora tienen inmunidad en ciertas circunstancias políticas específicas. Además, los ministros, el Defensor del Pueblo y los tribunos del TC ya no cuentan con inmunidad alguna. Y por último, se han modificado los requisitos para ser miembro del TC; ahora rigen los mismos requisitos exigidos por la ley para conformar parte de la Corte Suprema. Cabe resaltar que esta no fue la medida que salió de la Comisión de Constitución, ya que el dictamen aprobado en dicha comisión sólo contenía una reforma mientras en este dictamen se ven cinco. Es más, las reformas constitucionales tienen un factor más para considerarse cuestionables ¿Hasta qué punto es constitucional esta medida? ¿Por qué se han omitido tantos protocolos? ¿Se podría decir que estas reformas serán beneficiosas a largo plazo para los congresistas? ¿Cuáles serán las consecuencias dentro de las siguientes semanas?

En primer lugar, se tiene que dejar una premisa en claro; las reformas constitucionales propuestas por Omar Chehade —presidente de la Comisión de Constitución—, por lo irónico que pueda parecer, son inconstitucionales. ¿Por qué? Porque se ve una clara violación al Artículo 105 de la Constitución Política del Perú, la cual precisa que ningún proyecto de ley puede pasar al pleno sin haber sido aprobado en su respectiva Comisión. Sin embargo, se podría alegar que el dictamen de Chehade fue aprobado en la Comisión de Constitución, pero no se trata del mismo dictamen, ya que la versión que pasó a pleno contenía cinco reformas constitucionales mientras que el primer dictamen contenía uno. Por ende, no se tratan de dictámenes iguales. Ante esto, Fernando Sagástegui —congresista del Partido Morado— propuso que el dictamen regrese a la Comisión de Constitución para que la nueva versión sea aprobada allí. El pedido es llevado como cuestión previa por tres bancadas, pero cae con 106 votos en contra, por lo que los vicios inconstitucionales aún perduraban. Acto seguido, en menos de una hora inicia la votación para aprobar el dictamen de Chehade, y el texto sustitutorio es aprobado en el Pleno. Retomando la infame frase de Omar Chehade “Hoy se ha hecho historia”, y en efecto, entre gallos y medianoche se hizo historia porque se han aprobado ilegítima e inconstitucionalmente cinco reformas constitucionales que generan grandes cambios en el panorama político contemporáneo. El primer vicio constitucional, cómo lo mencioné antes, es el hecho de haber realizado un cambio en el dictamen, colocando en su lugar cuatro reformas constitucionales adicionales que potencialmente no fueron aprobadas por la Comisión. Es más, en vista a la renuncia de varios consultores al Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución, se pueden inferir dos escenarios; el dictamen no fue consultado con ellos, o han dado cuenta de que era inviable permanecer en una Comisión que sería severamente investigada durante los meses siguientes por la inconstitucionalidad cometida. Sea cual sea el escenario, queda claro el escenario, no tienen cómo defender lo realizado por Chehade. Sumado a este primer vicio, se encuentra una violación a la jurisprudencia dada por el TC mediante la sentencia 006-2018-PI/TC. En esta sentencia, el fallo de la Magistrada Ledesma detalla que para las leyes debe existir un mínimo de deliberación, y si van a regular ámbitos extensos de la sociedad, deben tener lo máximo de deliberación posible. Tomando en cuenta que la deliberación duró menos de cuarenta minutos, y esta fue la única que hubo para el dictamen aprobado, se puede decir que se ha infringido esa norma establecida por la jurisprudencia peruana. Por lo tanto, es seguro deducir que el dictamen en sí es inconstitucional y por ende se podría presumir que en las semanas siguientes iniciará un proceso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, donde es altamente probable que se falle a favor del Estado dado que varios magistrados han adelantado opinión al respecto. Es una vergüenza que se haya modificado de esa manera la Constitución, puesto que medidas como el juzgamiento del Presidente ante la comisión de delitos contra la administración pública era bastante coherente —a pesar de que la eliminación del antejuicio tendría que ser mejor evaluada—, mientras que medidas como la revocación total a ministros y al Defensor del Pueblo hubieran necesitado más justificación. Fue entre gallos y medianoche, porque si sucedía durante el día, la aprobación del dictamen sería comidilla pública ante la evidente inconstitucionalidad reflejada en su fondo y forma.

Por otro lado, a partir de ahora se deben considerar las acciones siguientes que procederán en el escenario político. Es un hecho que ante una acción de inconstitucionalidad, el TC sentenciaría que el dictamen no es constitucional, por lo que tendría que ser derogado. Esta especulación se puede ver al evaluar los motivos que llevaron a los consultores del Consejo Consultivo a renunciar, así como las infracciones constitucionales cometidas y las opiniones adelantadas de los magistrados ante medios de comunicación. No obstante, si se puede especular con certeza acerca de la sentencia, las medidas cautelares que podrían interponerse no son fijas aún. Mientras dure el proceso, bien se podría ratificar y promulgar el dictamen de Chehade, lo que quiere decir que por un plazo breve o medio de tiempo estará en funciones una norma inconstitucional. Los efectos de esta norma son en su mayoría negativos, puesto que la remoción de la inmunidad hacia el Defensor del Pueblo y los ministros resulta siendo contraproducente, ya que es posible que existan acusaciones falsas contra ellos y por consiguiente, pasarían su tiempo dando declaraciones y no podrían trabajar al 100% para el Estado. Aparte, la falta de inmunidad de magistrados del TC es altamente problemática, puesto que un magistrado del TC sin inmunidad es vulnerable a venganzas políticas dadas tras sus fallos en materias de gravedad para la sociedad. Por otro lado, la remoción de la inmunidad del Presidente es debatible mas no cuestionable en la connotación negativa de la palabra, puesto que estaría en orden poder procesar al Presidente por delitos contra la administración pública durante su mandato, ya que gracias a esta medida constitucional se podría asegurar la rápida actuación de la justicia ante actos relacionados con la mala actuación de la administración pública. Sin embargo, la remoción de figuras tan vitales como el antejuicio dejan al Presidente con cierta vulnerabilidad política, y podría padecer el mismo destino que un ministro denunciado ante la justicia. Hay que considerar que en este dictamen, los mayores beneficios se les han concedido a los congresistas. Si bien es cierto, su inmunidad ha sufrido recortes, éstos ahora gozan de inmunidad especial por: “opiniones y votos que emiten, acciones legislativas de representación, fiscalización, control político, u otras inherentes a la labor parlamentaria que realice en ejercicio de sus funciones”. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien pueden ser juzgados por delitos comunes ante la Corte Suprema, tienen inmunidad especial ante ciertas acusaciones clave que se les puedan hacer. Evaluando la naturaleza de estas excepciones, se podría llegar a considerar que la pérdida de inmunidad es mínima, porque si bien pueden ser procesados por delitos comunes —tras una evaluación de la Corte Suprema—, tienen inmunidad para delitos que pueden pasar bajo acciones legislativas, puesto que la interpretación que se le puede dar a la nueva norma es amplia. Por lo tanto, este artículo fue tergiversado a tal punto en el que la inmunidad parlamentaria es afectada mínimamente. Pero, ¿Qué pasará una vez se de la acción de inconstitucionalidad? Evidentemente, la modificación quedará sin efecto, lo cual será beneficioso a largo plazo para los congresistas. La derogación de la modificación constitucional significa retornar al punto inicial, donde la inmunidad parlamentaria no ha sido mancillada en lo absoluto, y las reformas sugeridas por el Ejecutivo y requeridas por la población no se darían. Ha sido una jugada política sofisticada si se trata de una modificación que fue hecha inconstitucional adrede, puesto que es una manera inteligente de deshacerse de la presión que tenía el Congreso para eliminar la inmunidad parlamentaria. Si bien podría ser inteligente, es deleznable, porque la Constitución no es un cuaderno sobre el que se puede escribir sobre lápiz y hacer borrones a conveniencia. 

Hoy, en la conferencia de prensa del Ejecutivo, se utilizó el término “ardid” para calificar a lo sucedido en el Congreso durante la noche del domingo. Es posible denominar como venganza a las modificaciones constitucionales aprobadas por mayoría, puesto que los principales afectados son el Poder Ejecutivo y organismos constitucionales como el TC y la Defensoría del Pueblo; cabe destacar que estos últimos tuvieron desacuerdos con el Congreso hace varios meses. Sea una derogación de las modificaciones por vicios de inconstitucionalidad, o la mantención de las reformas, el Congreso de la República ya se ha salido con la suya y el 5 de julio será recordado como un día en el que no se respetó a la Constitución gracias a un dictamen proveniente de la Comisión de Constitución. A partir de ahora, es claro que la acción de inconstitucionalidad no tardará mucho puesto que Marianella Ledesma ha declarado que  —a pesar de haberlo hecho— no quiere adelantar opinión en el Consejo de Estado del día de mañana, 09 de Julio del 2020. Las consecuencias no solo serán sufridas por los altos funcionarios afectados, si no por toda la población que verán el escaso trabajo estatal afectado durante los meses subsiguientes, puesto que éstos funcionarios se encuentran en una delicada situación donde una acusación o denuncia podrían poner en juego su papel frente a los organismos/ministerios que dirigen. En este punto, el tiempo está hablando por sí solo y Omar Chehade se está quedando sin aliados en el consejo consultivo, ya que al momento en el que se escribe este artículo, varios consultores han renunciado a este consejo. Aún no es seguro predecir qué es lo que ciertamente ocurrirá con este dictamen, lo que se sabe a ciencia cierta es que tras varios meses ha vuelto al ámbito político una disputa clásica: Ejecutivo vs. Legislativo, y ninguno quiere ceder ante el rival.