Frente al Ministerio de Salud (Minsa), la policía ha levantado una especie de jaula. Una larga malla de metal cubre parte de la avenida Salaverry, alterando la vista. Una trabajadora del Minsa juzga: “Esto parece un zoológico”. La idea es velar por la seguridad de la sede de la cartera de salud: hay huelga médica desde el martes 13, pero esta debe llevarse bajo ciertos márgenes y ser conducida con respeto. Así lo sentía un policía que servía de guardia junto a otros cuatro compañeros la tarde de ayer en el  Minsa. “Esta es una marcha con cultura. Claro, ellos se capacitan 5, 10 años; tienen que demostrar. Por ejemplo, hoy hicieron sus protestas, nosotros los escuchábamos y todo tranquilo. Hasta lanzaron pica pica al final”, dijo de manera burlona. “Ellos no son como los de Construcción Civil-continuó-, a esos sí se les gasea porque no respetan”. No había opción para que se repitiesen los hechos del año pasado, en donde la policía lanzó gases lacrimógenos a las enfermeras que también salieron a las calles en los últimos meses del 2013. En realidad, sí.

-Pero ya salieron imágenes en la televisión en donde se ve cómo les tiran gases…

El hombre del orden no quería parecer serio frente a sus compañeros. No respondió al comentario.

La jaula es una buena metáfora para entender la situación de los trabajadores del sector salud. Por lo menos, a una gran parte de ellos. Los médicos han sido suficientemente cubiertos por la prensa. La huelga, para El Comercio, La República, Perú 21, Correo, etc., puede resumirse en los aumentos salariales de los galenos y en la desidia que tienen para los pacientes. Ciertamente, los usuarios del sector salud la están pasando mal (¿alguien realmente puede decir que la pasan mal desde el 13 de mayo?). Pero no todo es responsabilidad de los médicos. También tienen que ver las autoridades. Las responsabilidades deben ser compartidas, aunque eso no reluzca en las principales portadas de los diarios.

El Fenutssa hace sus descargos

Esta revista se acercó a la sede del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) en Breña para conversar con los trabajadores y saber sus opiniones. Así pudimos conversar con el representante de la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud (Fenutssa), César Muñoz, y otros agremiados.

El Fenutssa, naturalmente, participa de la medida de protesta, pero no tienen idéntica plataforma de lucha que la de sus pares, los médicos. Si bien exigen mejoras salariales, ellos han paralizado sus operaciones porque no quieren que proceda la Ley de Servicio Civil. La Ley Servir, que el año pasado hizo que los trabajadores del sector público tomen las calles, sigue sacando chispas entre los trabajadores. Y tiene por qué.

Antes de eso hay que recalcar que, según César Muñoz, el acta de pedidos que mandaron al Minsa no ha sido cumplida. Es decir, no ha habido aumento. Hay un bono de productividad e incentivos que han sido aumentados y que tratan sobre alimentación y movilidad, pero ha pasado de ser un beneficio a lo que llaman “wincha”. La “wincha” es el comprobante de pago. El problema con esto, me recalca un trabajador que escucha también la entrevista, es que con esta modalidad al jubilarse estos beneficios se pierden. Además de eso, los descuentos de quinta categoría (el impuesto que se establece al sueldo del trabajador conforme el sueldo aumenta en razón a su especialización) intervienen en la “wincha” y tales beneficios se ven recortados. Por otro lado, me dice Muñoz, los trabajadores que han sido pasados a planilla en el lapso de tiempo entre la penúltima huelga y esta  ven recortados sus sueldos gracias a las obligaciones sociales que tienen que cumplir (seguro social, por ejemplo). Salvo en provincias, donde se han nivelado sueldos, tales agregados monetarios resultarían un espejismo. Un incremento para la foto.

Derechos vulnerados y privatización de la salud

Los  trabajadores querían hacer hincapié en que la lucha no es solamente por el aumento de sueldos -como tendenciosamente buscan hacer creer los medios de prensa-, sino como una protesta contra la Ley Servir. De implementarse esta –al batacazo y sin consulta como fue realizada-, se estarían quitando varios derechos y privatizando la salud pública.

En cuanto a derechos, me dice una trabajadora que prefiere no ser identificada, se perderían las vacaciones, los convenios colectivos, el recorte de guardias  y los incentivos de horas extra. Además, quitan estabilidad laboral por los exámenes a los que serían llamados a tomar. Sin capacitación previa, fácilmente saldrían desaprobados. La trabajadora dice que el Estado no apoya en capacitación. Asimismo, la Ley Servir significaría un “nuevo empezar” para los trabajadores, ya que, de acceder a esta modalidad laboral, los años de empleo anteriores se pierden.

Este deseo de implementar la Ley Servir  va de la mano con la voceada Reforma de Salud que quiere llevar a cabo el gobierno. Desde fines del 2013, se están sacando normas para “reformar la salud”, mediante Alianzas Público-Privadas (las famosas APP). Ello traería como consecuencia una mayor mercantilización de la salud (recuerde usted los altos costos que debe pagar por una operación en una clínica o una pastilla para una enfermedad delicada). La idea principal de esta reforma es que el servicio se haga eficiente. Por ello, entraría capital privado para dinamizar el dinero dentro de los servicios e infraestructura. Sin embargo, la protesta radica en el modo en que tal dinero ingresaría. Desmedido, según Pedro Francke, ex gerente general de Essalud. Para él, harían falta precisiones en las normas para eso. Es más, si el objetivo era hacer “eficiente” el servicio de salud, lo mejor hubiera sido “corregir el desorden de dos sistemas paralelos: el SIS y el seguro social”, como dijo para un reportaje de La Mula el año pasado. En suma, la “reforma de salud”, tal como está prevista, dejaría la cancha libre para que el capital privado entre y las tarifas de los servicios crezcan. Tasas de retorno garantizadas para el capital.

Otras son, pues, las banderas de lucha para este sector de los trabajadores. En ese sentido, buscan frenar el avance de la Ley Servir y  mantenerse en el régimen especial para trabajadores de salud: el 276. Vale mencionar que con la 276 se trabajan seis horas y de entrar la Ley Servir, ocho. El trabajador que nos escucha indica que si necesariamente deben de hacerse cambios, que esos se den en el esquema del 276.

Los CAS y los pedidos de fondo

De otro lado, los trabajadores CAS (Contrato Administrativo de Servicios) tienen una doble ocupación en esta huelga médica: la de luchar por ser nombrados y la de luchar por que no avance la Ley Servir. De ocurrir lo primero pero no lo segundo, su nueva condición sería intrascendente, como me contó la técnica de laboratorio Julia Rojas en el local del Fenutssa, en Breña, a espaldas del pintarrajeado Hospital Loayza (“¡No a la Huelga Inhumana!”). Ella, con los pocos beneficios laborales con los que cuenta como CAS, es participante de mucho esfuerzo en esta huelga médica que busca proteger (y, en menor medida, mejorar) la situación laboral de los trabajadores.

Adicionalmente, y como puede verse en una pizarra verde que abarca el cuerpo de una persona y está situada en la puerta principal del INSN, algunas otras exigencias son las de universalizar el servicio de salud, hacerlo integral y gratuito (mediante un fondo público conectado con el aumento del presupuesto de salud), generar campañas de prevención y promoción de la salud, etc. Lastimosamente, dicen los trabajadores, estos reclamos, más de fondo, llevan años en sus hojas de demandas, pero no se les presta atención. Ni a las autoridades ni a la gran prensa les interesan. De ser así, si nos enteráramos, los médicos no estarían solos en sus luchas, sino el grueso de la población. Porque… ¿acaso tenemos la salud comprada?

15-05-14

Fuentes: El Comercio, La República, La Mula