Editado por Fiorella Germán Celi

Año 1990. Un Perú abatido por la bancarrota económica y la violencia terrorista aguardaba, sin mucho optimismo, las elecciones del 8 de abril. Era muy sencillo para un político captar la atención de aquella sociedad golpeada: bastaba con ofrecer soluciones aparentes y medidas que promuevan el bienestar superficial.

Hoy nos encontramos nuevamente con aquel Perú desmoralizado y taciturno no solo por los estragos de la crisis económica. A la lista se le suman los golpes de una sociedad injusta y un gobierno incompetente (por no decir indiferente). Los más afectados por la pandemia, huérfanos de un sincero apoyo gubernamental, resultan ser presas fáciles para aquellos políticos que desean ganarse algo de legitimidad al manejar hábilmente las urgencias de las personas.  

Aquello se demuestra en la insensata Ley de Devolución de los Aportes de la ONP, la cual se aprobó por insistencia en diciembre del año pasado. Por un lado, los economistas denunciaban el cuantioso daño al fisco por S/ 15,900 millones. Por otro, los abogados, con la Constitución bajo el brazo, presagiaban que dicha norma sería inconstitucional. Finalmente, el Tribunal Constitucional dio la razón a estos últimos, tranquilizando, además, a los primeros. 

Todos los congresistas que aprobaron la Ley de ONP conocían, claramente, los efectos de su norma a nivel económico y el futuro que esta tendría a nivel jurídico. No obstante, jugaron con las expectativas de la gente.

En Economía, la expectativa es la esperanza de que “algo” pueda suceder posteriormente. Pero no se basa simplemente en la intuición o alguna corazonada, sino que emplea cierto grado de información que será útil para proyectarse hacia el futuro.

Sin embargo, ¿qué sucede cuando la información que manejamos es errónea? Cuando alguien —como un congresista— intenta convencer a un incauto de que la información que le ofrece es verídica, este último cae en la tentación de formar un futuro hipotético que se asemeja más a una utopía que a la realidad “real”, como diría Vargas Llosa.

Los congresistas no solo han divulgado información que falta a la verdad y al criterio técnico, sino que también han usado la inocencia y las ilusiones de un grupo social, notablemente golpeado, como una herramienta política.

A pesar de todo, si el Congreso ha canalizado la insatisfacción y el enojo para ganar algo de apoyo, es porque existía un margen de acción para ello. Aquella insatisfacción estuvo generada por la incapacidad del Ejecutivo para salvaguardar la salud y el bienestar económico de las clases populares. Como se sabe, el Ejecutivo maneja los recursos del Estado. Una política de rescate económico más adecuada de su parte, posiblemente, hubiera evitado la pérdida de tiempo, energía y dinero en un proyecto sin futuro que solo buscaba maquillar el problema.