Julio Arbizu es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Realizó estudios en el Centro de Derechos Humanos en la Universidad de Chile, en el International Center of Transitional Justice y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH). Se ha desempeñado en diferentes cargos públicos, siendo el más importante el de Procurador Anticorrupción. Cargo que ejerció del 4 de octubre del 2011 hasta el 10 de enero del 2014. Durante su gestión implementó varias estrategias de recuperación de dinero proveniente de la corrupción. Entre los casos más sonados que estuvieron bajo su investigación están el del ex Alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, el del ex Ministro de Pesquería, Rómulo León y el del ex Congresista fujimorista, Carlos Raffo.

Fecha: 1/07/14

MS: ¿Durante su periodo en el cargo de Procurador Anticorrupción, ya tenía sospecha de los actos de corrupción en los gobiernos regionales previos al caso Nolasco?

JA: No solamente sospechábamos, sino que lo sabíamos con absoluta certeza. En el 2012, nosotros anunciamos que el gobierno regional de Áncash era, probablemente, la institución pública nacional con más casos de corrupción respecto a todas las instituciones del país. Por otro lado, sabíamos que los gobiernos regionales eran las instituciones que tenían mayor número de investigaciones preliminares y procesos judiciales. Asimismo, sabíamos que los tipos de procesos más frecuentes eran los de peculado y colusión: los administración de fondos públicos y contrataciones del Estado. Entonces no es de este año ni del año pasado. Estamos hablando del 2012.

MS: ¿En Procuraduría ya tenían información específica de los gobiernos regionales de Tumbes y Cerro de Pasco?

JA: En Tumbes, ya habíamos iniciado varias investigaciones. El procurador de Tumbes había denunciado casos de corrupción muy importantes los cuales están dando lugar hoy en día en los medios. Sobre el caso de Cerro de Pasco, no teníamos demasiada información. Si bien es cierto, había un representante de la procuraduría allí, aún no teníamos gran material sobre el quehacer del gobierno regional.

MS: ¿Actualmente, cuáles son los gobiernos regionales que están siendo investigados por actos de corrupción?

JA: Concretamente los tres que hemos mencionado: Tumbes, Áncash y Cerro de Pasco. Pero, obviamente, hay procesos penales contra funcionarios y presidentes regionales en 20 de los 25 gobiernos regionales del país. Los más importantes o los que tienen mayor cantidad de denuncias son estos tres principalmente. Asimismo, tenemos a Junín, Ayacucho, Cusco y Loreto.

MS: ¿Los casos de corrupción en estos gobiernos regionales son comparables con las acusaciones a Gregorio Santos, o usted cree que existe un trasfondo diferente en su reciente detención?

JA: Yo no tengo ninguna duda que hay un caso de corrupción. Lo que no me queda claro es que el caso de corrupción alcance al presidente regional, ya que hay indicios que sí lo comprometen con la comisión del delito, pero obviamente esto se debe dilucidar dentro del proceso legal. Asimismo, considero discutible si era necesaria la prisión preventiva observándolo desde la comparación con los demás casos. En el caso de Álvarez, era claramente posible que hubiese un riesgo de fuga en medida que éste pertenecía a una organización criminal como lo ha dicho la Fiscalía, pero con Santos, no. Por ello, me gustaría saber cuáles han sido los elementos que la sala ha valorado para dictar la prisión preventiva en su caso. Con los demás me queda absolutamente claro. Álvarez era un sujeto perteneciente a una organización criminal y en el caso de Viñas en Tumbes había, también, una relación con una organización que se estaba haciendo cargo de una serie de delitos vinculados a terrenos. Igualmente, en el caso de Pasco. Creo que el caso de Santos difiere de estos tres en ese único elemento a pesar de que, insisto, sí existen actos de corrupción.

MS: ¿Cree usted que la negativa al levantamiento de la inmunidad parlamentaria de los congresistas Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo entorpece las investigaciones de la Fiscalía para llegar a determinar los responsables de estas corruptelas instauradas en los gobiernos regionales?

JA: Yo creo que lo primero que habría que hacer es exigirle a la Fiscalía que investigue a estos dos sujetos sin necesidad de empezar por el levantamiento del fuero. Es decir, es perfectamente posible que el Ministerio Público abra una investigación preliminar contra estas personas para después solicitar el levantamiento del fuero. Eso me parece que no está ocurriendo y debería ocurrir.

MS: Según la información que maneja, ¿cuántas investigaciones se le están realizando al empresario y abogado Rodolfo Orellana?

JA: Tiene decenas de procesos penales. Generalmente investigaciones preliminares que ninguna ha llegado a judicializarse. Digamos que hay que aprovechar que ahora están puestos los reflectores sobre esta organización para que los jueces y los fiscales empiecen a comportarse con el rigor que este caso necesita.

MS: ¿Ya está comprobado que Orellana tuvo que ver en el caso “La centralita” y en los casos de corrupción en la gestión de Cesar Álvarez?

JA: No se puede asegurar plenamente. Sin embargo, la Procuraduría lo ha propuesto así en su teoría del caso. Y bueno, si es por los datos que ha revelado la Procuraduría yo diría que sí.

MS: ¿Usted cree que el canon es el problema principal de estos gobiernos regionales?

JA: Yo creo que no. El problema no es que las regiones reciban canon. Las regiones deben recibirlo, pero con un mejor diseño del reparto luego de su obtención. Yo encuentro  que el problema, en realidad, está en analizar varios factores en la ruta desde la norma que regula la obtención del canon por parte de los gobiernos regionales hasta el gasto que se hace con ese dinero. El modelo económico obliga al MEF y a los gobiernos regionales a ejecutar, a que gasten. No obstante, los gobiernos regionales no tienen ningún tipo de capacitación para ejecutar ese gasto adecuadamente. Se suma a esto, la gran cantidad de dinero que ingresa y la poca idea en qué gastarlo o invertirlo. Entonces: presión del gobierno central a través del Ministerio Economía para que se ejecute, mucho dinero y grandes espacios de discrecionalidad, absoluta ausencia de capacitación para el gasto y, claro, la ausencia de controles eficaces. La ecuación es muy sencilla. Todo eso sumado tiene por consecuencia corrupción.

MS: ¿Qué implicancia podrían tener las autoridades del Estado en estos hechos de corrupción?

JA: Yo creo que todo tiene que ver con una serie de deficiencias en el control y en la ausencia de capacitación. Debe ser absolutamente pernicioso que se obligue a un gobierno regional a que gaste o invierta. Hay que recordar que Álvarez estuvo en la Comisión de Presupuesto del año pasado y fue premiado por el ser el presidente regional que más gastaba a nivel nacional. En aquella sesión nacional de presupuestos estuvo Fuad Khoury, Contralor General de la República. Esto quiere decir que  el MEF, el Parlamento -a través de su Comisión de Presupuesto- y el Contralor General de la República no sabían que el señor Álvarez no gastaba de acuerdo a sus estándares, sino que se adueñaba de la plata que supuestamente invertía en obras públicas. Obras que nunca terminaban y que, además, tenía postores del Estado fantasmas.  Esto evidencia que la ausencia de control por parte del Estado ha sido evidente todo el tiempo.

PD: Unas horas después de culminar la entrevista con Arbizu, la Sala Penal Nacional ordenó la prisión preventiva contra el empresario y abogado, Rodolfo Orellana, con el objetivo de poder continuar con las investigaciones por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.