De: Fiorella Almanza

“Aunque parezca, Rápido y Furioso no es solo una película, también podría dar para un guión cinematográfico”. 2006, la Asociación de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego en EEUU (ATF, por sus siglas en inglés), habría iniciado la compra de armas por medio de intermediarios para que éstas sean enviadas a México. En ese mismo año, Felipe Calderón saldría elegido Presidente de México, y a partir de ese entonces, se especula que su gobierno cooperó con una operación denominada “Rápido y Furioso”, la cual tenía como objetivo la introducción de armas de fuego ilegales a México para que sean rastreadas. Cinco años más tarde, en 2011, un ex Marine llamado Brian Terry es asesinado por un grupo de bandidos mexicanos usando una de las armas que la ATF hizo entrar ilegalmente al país. A partir de ese punto, se intensificaron las investigaciones y los implicados recibieron acusaciones penales por hechos que llevaban ocurriendo por cinco años frente a las autoridades estatales. Las investigaciones llegaron a implicar a los más altos rangos estatales, tanto mexicanos como estadounidenses. Aún a día de hoy, se sigue especulando acerca de la posible participación o conocimiento de Barack Obama con respecto a la Operación. A pesar de la gravedad de los sucesos, las investigaciones aún siguen en fase temprana, y recién este año se han vuelto a tener noticias acerca del caso. Las recientes declaraciones de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, confirmaron que se le están pidiendo nuevas pruebas a Washington para conseguir avanzar con las investigaciones, sin embargo, el Estado Mexicano sigue esperando estas pruebas desde 2011. ¿Cuál es el motivo de la demora en su entrega? Obstáculos de la Oficina Oval dirigida por Obama. La entrega de la documentación completa se le denegó a los juzgados de Arizona y al Senado, los primeros en pedirla, De la misma manera, se le han denegado las pruebas a México en repetidas ocasiones. El pedido del AMLO fue realizado el 8 de Mayo, y convenientemente, estalló un escándalo denominado Obamagate en Estados Unidos, a causa de las acusaciones de Donald Trump. Para México, este es un escándalo conveniente, puesto que es probable que Trump de la declaraciones requeridas por México para que el sistema de justicia pueda definir si hubo alguna violación a la soberanía durante la Administración Obama. ¿Hasta qué punto es el escándalo conveniente para la apertura de los procesos correspondientes en México? ¿Se podría decir que Obama y Calderón están involucrados por el conocimiento que se tiene hasta ahora? Y, finalmente, ¿Cuáles serían las razones que tuvo la Administración Obama para encubrir información, y mandar la documentación incompleta a los órganos judiciales? ¿Se podrá hacer justicia en México?

Primero que nada, se tendría que aclarar un hecho muy importante: las consecuencias en México fueron mucho más devastadoras que en Estados Unidos. En México, se habla del asesinato de más de 200 personas a causa de las armas ilegales introducidas al país, ya que estas armas cayeron en manos de bandas dedicadas al narcotráfico, sicariato y crimen organizado. Incluso, se confirmó que el Chapo Guzmán contaba con un arma introducida por la ATF, un arma capaz de derribar helicópteros. El fin de las armas era rastrear a los criminales que las poseían, es cierto, pero el mismo Calderón admitió que este plan fue un error garrafal por la cantidad de vidas humanas perdidas a causa de carnada provista por esta asociación estadounidense. ¿Lo más grave? No fueron solo 100 armas, ni 200, las armas introducidas ilegalmente eran más de 2,500, esparcidas por todo el territorio mexicano. No es seguro que la cantidad de muertes sea de 200, porque las cifras de muertes producto del crimen organizado nunca son certeras y gran parte de ellas nunca llega a denunciarse. Existe una deuda con el Estado Mexicano, es inadmisible que un fiscal en Arizona haya tomado acción únicamente cuando uno de sus compatriotas haya muerto a manos de un programa que su propio país ha ideado. Y, tras mencionar las consecuencias deleznables que ha causado este operativo, ¿Se puede decir que hay consecuencias positivas? ¿Ha logrado su cometido? No. No ha habido un logro palpable porque la mayoría de las armas tienen paradero desconocido. Estados Unidos invirtió 1.5 millones de dólares en armas que supuestamente “rastrearán el paradero de bandas criminales”, y hasta el día de hoy el único logro de este operativo, así como del dinero y recursos invertidos, es el fortalecimiento armamentístico de bandas dedicadas al crimen organizado. Es indiferencia absoluta, tanto de Estados Unidos como de México. México es el antagonista y también la víctima, lamentablemente, sus autoridades estatales han ignorado la existencia de este plan que ha sido un punto en contra dentro de la guerra contra las drogas. Incluso, existe evidencia de que Felipe Calderón está involucrado en la operación, al saber de la operación y sus múltiples fallas pero elegir mantenerse en silencio. Como lo mencioné en uno de mis primeros artículos, México nunca ha demostrado una disciplina constante en su política de la Guerra Contra las Drogas, y en este caso, las fallas institucionales son enteramente culpables de este triunfo del narco frente al Estado. Una potencia puede haber atropellado la soberanía y poder del Estado, además, el narco también ha atropellado al mismo Estado. Un triunfo por parte de ambos, de hecho, sin embargo, ¿Alguna de estas acciones ha acarreado consecuencias penales para los responsables?

A continuación, analizaré lo realizado hasta ahora por los sistemas judiciales de ambos países. Hoy en día, el aspecto del caso vinculado con el asesinato de Terry se encuentra parcialmente cerrado, ya que la mayoría de los vándalos involucrados está en prisión y otros se encuentran en juicio. Mientras tanto, los involucrados directos en la ATF y el Departamento de Justicia han sido llevados a audiencias congresales. ¿Hubieron consecuencias? Sí, de hecho. Las consecuencias consistieron en relevarlos de sus cargos en instituciones públicas, y un par de reprimendas en el Congreso. No hubieron cargos penales, ni tuvieron responsabilidades externas a la pérdida de sus cargos. ¿Qué nos dice esto acerca de la justicia estadounidense? Lastimosamente, el único culpable para ellos es quien dispara el gatillo, no quien coloca el arma en las manos del asesino. Ambos deberían tener responsabilidad, no solo por la muerte del ex Marine, si no por los asesinatos que hasta el día de hoy son denunciados en territorio mexicano. Hace falta recordarles que el Fiscal General, Eric Holder, autorizó la inversión de 1.5 millones de dólares para un plan que no tuvo ninguna efectividad, que fue un tiro por la culata, que se cobró una vida estadounidense y cientos de vidas mexicanas. En efecto, el Fiscal dijo que las acciones tendrían repercusiones en la institución judicial que él preside, que habrían responsabilidades, sin embargo, ¿Hay consecuencias palpables? A día de hoy, no. Estamos hablando de que el Fiscal se encontraba informado y había dado luz verde para la realización de este operativo, es más, cuando fue citado inicialmente, él afirmó que escuchó del caso “hace un par de semanas”, a pesar de que las pruebas posteriormente presentadas en la citación demostraran su participación durante la mayor parte del operativo. Aquí entran a tallar las pruebas provistas por los poderes del Estado. Si se ha demostrado que las pruebas obtenidas por el Congreso han ocasionado que se descubra el vínculo del Fiscal con el operativo Rápido y Furioso, las pruebas que posee el Ejecutivo podrían implicar a funcionarios con gran poder en el Estado. Por ende, la protección mutua existente en los órganos del Estado, especialmente si estos funcionarios se alinean a partidos específicos y pueden ser útiles más adelante para el poder estatal, ocasiona que casos como este queden básicamente impunes. Por el lado de México, como mencioné antes, la falta de declaraciones por parte de Estados Unidos ha impedido que se tenga su perspectiva, por lo cual la investigación de esta parte del conflicto se encuentra incompleta. No obstante, con los acontecimientos políticos que han sucedido últimamente, es altamente probable de que se reciba nueva información a la brevedad. Ha iniciado un juego político muy importante, y aquí entra en acción la rivalidad existente entre el partido demócrata y republicano. De ahora en adelante, explicaré por qué Rápido y Furioso está siendo, y ha sido, usado como estrategia política por parte del Partido Republicano. A partir de ahora, entran en juego las audiencias de comisiones Republicanas, y el reciente escándalo estallado, Obamagate. 

Inicialmente, los funcionarios implicados en el operativo Rápido y Furioso fueron citados por el Senado, ya que la labor persecutora de los delitos inició en este órgano del poder. Mediante citaciones, se van conectando personas y más funcionarios, hasta dar con el Fiscal Holder. Una vez Holder rechaza la primera citación, Barack Obama utiliza su privilegio ejecutivo para impedir que algunos documentos lleguen a órganos jurisdiccionales. Los republicanos inmediatamente se pronunciaron, e instaron a que el Fiscal rinda cuentas frente al Congreso, ya que algunos documentos eran restringidos por Obama. ¿Cuál parte tiene razón aquí? Hay que tomar a consideración dos factores: el senador que primero vinculó a la ATF en el asesinato de Terry, es parte del Partido Republicano. Por la misma línea, el contexto era decisivo tanto para el Partido Demócrata como para el Republicano, puesto que en ese año se elegiría al nuevo presidente. Es perfectamente posible y coherente asumir que el descubrimiento de la mala ejecución del operativo “Rápido y Furioso” sería conveniente para el Partido Republicano, si ellos lo denunciaban públicamente primero. No se puede negar que los funcionarios implicados debieron haber rendido cuentas a la justicia incluso antes de la muerte del ex Marine, sin embargo, al intervenir en el caso cuando es conveniente, los republicanos pueden controlar y utilizar la situación a su conveniencia. Por ende, Obama limitó su accionar, tanto para proteger su campaña como para proteger a funcionarios como Holder, alineados al partido demócrata. Los Republicanos siempre estuvieron más interesados en condenar públicamente a los funcionarios implicados, más que condenar el hecho en sí. Ninguno de los dos partidos tiene un interés genuino en las repercusiones del operativo, el saldo de muertos que ha dejado, y el agravamiento de la lucha contra el narcotráfico. Ahora, salto en el tiempo al 2020. El 10 de Mayo, Trump declaró que existen cargos penales que se le pueden levantar al ex presidente Barack Obama, y que está listo para destapar el escándalo. Coincidentemente, AMLO envió la nota diplomática refiriendo a que se envíen datos oficiales de la Administración Obama para poder procesar adecuadamente a sus funcionarios involucrados, entre ellos, el ex presidente Felipe Calderón. Existe una posibilidad muy alta de que para sacar provecho de la situación, y conseguir hundir más la reputación de Obama, Trump decida enviar los documentos pertinentes para esperar que se descubra un nexo de coordinaciones entre Calderón y Obama, demostrando que estaba enterado y aprobaba la realización del operativo. Incluso, el escenario más conveniente para Donald Trump es que se descubra que Calderón no tenía conocimiento, y que se pruebe que la Administración Obama violó la soberanía de México. Sin embargo, es improbable que este escenario suceda, puesto que ya se ha informado que el ex presidente mexicano estaba informado acerca del operativo. Nuevamente, se estaría utilizando un caso tan delicado y tan doloroso para la población mexicana con fines de usarla como instrumento político para atacar al Partido Demócrata y demostrar la superioridad del Partido Republicano. Cabe destacar, que ningún partido debe ser defendido: ambos han tenido fallas y acciones condenables, ambos han manejado el caso de una manera donde no demuestran sensibilidad humana ni una búsqueda genuina de justicia. No solo por el ex Marine Terry, sino, por los cientos de víctimas mortales que ha causado este operativo. El Partido Demócrata encubre y castiga con consecuencias benevolentes para los actos realizados; el Partido Republicano utiliza este plan, no para buscar justicia y sentar un precedente, si no para atacar una campaña política. Para la política estadounidense, mientras el mayor daño sea para un país extranjero, solo será útil denunciarlo si se puede conseguir un beneficio a partir de él, y solo se querrá cooperar en aspectos que más adelante no jueguen en su contra.

AMLO mencionó en un discurso que, las disculpas públicas serían bien recibidas y aceptadas por México. Sin embargo, no son suficientes. Estados Unidos pudo haber cooperado antes, el Partido Republicano pudo haber dejado de acusar a funcionarios demócratas, y se pudo haber enfocado en exhortar al Ejecutivo a cooperar con las pruebas correspondientes. Han muerto cientos de personas, pero solo se tomó acción cuando murió un estadounidense. Los carteles se han fortalecido, las críticas por la ejecución pobre del plan de la ATF no se han dejado oír, todo se dirige hacia los entes políticos. Quizás se den disculpas públicas, pero estas disculpas no harán que se recupere todo el tiempo perdido en la disputa de los Demócratas vs. Republicanos, las disculpas no harán que se ubiquen las armas ilegales que el gobierno estadounidense puso a disposición de bandas criminales. No es ideal que Trump coopere únicamente para desacreditar a Obama, sin embargo, el Gobierno Mexicano no se puede dar el lujo de indignarse por las condiciones en las que la nueva información será recibida. Con un informe estadounidense, por fin se podrán continuar con las investigaciones y tal vez dar con el paradero de las armas que hoy en día circulan en México. Armas que han sido puestas por Estados Unidos y que ocasionan la muerte de ciudadanos mexicanos.  ¿Se podrá hacer justicia en México, aún sabiendo que el Estado es débil y corrupto? ¿Se podrá hacer justicia en México, aunque no se hizo justicia en Estados Unidos por los delitos que afectaron vidas mexicanas?