Las continúas acusaciones a congresistas por corrupción y a otros por ser presuntos cómplices de una red criminal no han hecho más que desprestigiar, la tan venida a menos, imagen de nuestro parlamento. De este modo, la inmunidad parlamentaria se ha puesto en debate, ya que para muchos de los congresistas se ha convertido en un escudo que los protege de la ley. Teniendo en cuenta la inmunidad de la que gozan y, además, de los vergonzoso acuerdos entre bancadas -siendo este un eufemismo- los congresistas que, nos deberían representar, han convertido al cargo público en un festín dominado por la angurria, intereses personales y descaro protegido para delinquir. Aquí es donde nace la pregunta que recorre –en las últimas semanas- las salas de redacción, las tertulias entre periodistas, conversaciones entre politólogos y, por qué no, de los ciudadanos de a pie: ¿hasta dónde se puede respetar la inmunidad parlamentaria de los congresistas?

Antes de intentar una respuesta ubiquémonos en la triste realidad: el Congreso de la República es una de las entidades del Estado que menos confianza genera en la población; además, de tener una desaprobación del 85.5 % por parte de los peruanos. Algunos pensarán que es fruto del letargo político, que son incapaces para ejercer el cargo; sin embargo, esto parecería una conspiración entre bancadas. Si no recordemos el caso de Fernando Gagó y su empresa Copy Depot, el caso de Jhon Reynaga y Agustín Molina; que han quedado stand by. Y más aún, con la renuncia del Presidente de la Comisión de Etica, Humberto Lay y la reciente desintegración de la comisión como consecuencia del blindaje en contra del informe de investigación por presuntos vínculos de la congresista nacionalista Cenaida Uribe y la empresa Punto Visual. Sin duda, la medida de blindaje por parte de oficialismo, Perú Posible y Mauricio Mulder –quien contrato los servicios de la empresa en el 2011-  confirma un nuevo acto de otoronguismo en el congreso que desprestigia, aún más, el cargo de funcionario público que desempeñan nuestros legisladores. A todo esto, como dicen los mayores: siempre en río revuelto hay favorecidos. Por ello, suena ingenuo pensar que Heriberto Benítez, escudero de Cesar Álvarez y Víctor Crisólogo, defensor de la “centralita”; hagan caso a lo planteado por la fiscalía y decidan levantar su inmunidad parlamentaria.

Ni siquiera las pruebas y los nexos con implicados directos a la mafia en la región Ancash han menguado en la conciencia de ambos congresistas para que puedan ser investigados por el Ministerio Público. Evidentemente, se van a aferrar a los derechos que les concede su cargo hasta que el Fiscal Anticorrupción encargado del caso ordene su levantamiento. Queda entonces claro que este derecho de inmunidad parlamentaria otorgado a los congresistas debe ser revisado y delimitado cuando un legislador se vea comprometido directamente en actos de corrupción o en actos que atenten contra el Estado. Así mismo, una medida extremista que disponga el levantamiento general de la inmunidad parlamentaria de los congresistas podría instaurarnos en un caos, ya que todos nuestros políticos podrían ser parte de procesos judiciales. Un proceso que todo el que se considera inocente debería afrontar voluntariamente.