Transcurrida una semana desde que la Corte Internacional de La Haya publicó su sentencia final, todo indicaría que las profecías más apocalípticas no se cumplirán. Es decir, aquellas posturas extremistas que más parecían propias de un contexto de hace más de treinta años, provenientes tanto de Perú como de Chile, las cuales anunciaban y promovían una inminente guerra entre ambos países no trascendieron más allá de las típicas especulaciones. No obstante, a pesar de que un escenario de conflicto armado no resulta plausible, la aplicación inmediata del fallo aparenta estar rodeada de inconvenientes en el corto plazo. En teoría, de acuerdo a lo estipulado por normas internacionales, ambos países deben acatar el fallo de manera inmediata y sin imposición alguna de condicionantes para su implementación. Hasta el momento, el Gobierno de Chile no ha manifestado el deseo de desconocer el fallo; sin embargo, una serie de gestos hacen dudar, razonablemente, sobre la buena voluntad que debería exhibir un país que se jacta de ser un miembro respetuoso de la comunidad internacional. Un mapa publicado por la página oficial del Gobierno sureño, el cual consideraba como “aguas internacionales” a la flamante zona económica exclusiva del Perú; un canciller que prácticamente exigía a los peruanos a modificar su constitución política en lo referente a soberanía marítima, y un aparentemente despistado Sebastián Piñera pronunciándose sobre el triángulo terrestre, a pesar de que el fallo hizo única referencia a límites marítimos, son una serie de actos que brindan material de sobra a los eternos escépticos que dudan sobre los verdaderos alcances de una integración entre ambos países.

En ese sentido, es preciso preguntarnos si un saliente gobierno tiene la intención de finiquitar por completo un asunto que resulta álgido para diversos sectores del espectro político y de la opinión pública chilena. A pesar de los bajos índices de popularidad que exhibe la gestión de Piñera, en la derecha, este político es voceado como uno de los posibles candidatos para las siguientes elecciones presidenciales, en las que este sector tratará de reivindicarse luego de los pobres resultados obtenidos en el 2013. A poco más de un mes de finalizar su mandato, y a partir de los gestos provenientes del oficialismo chileno, se desprende que la estrategia es la siguiente: dilatar y dejar la culminación de este asunto a la próxima gestión encabezada por la izquierdista Michelle Bachelet, siendo posible alegar que heredó un proceso ya muy avanzado. Asimismo, la Cancillería peruana ya se ha pronunciado sobre los actos inamistosos antes mencionados y, al parecer, el Gobierno chileno vendría jugando “a doble cachete”, desplegando estrategias disímiles, dependiendo de si tratan con la opinión pública de su país o si lo hacen con sus pares del oficialismo peruano. Con los primeros, se observa una actitud agresiva que impone condiciones a sus eternamente quejosos vecinos del norte; mientras que, con los segundos, mediante vías “privadas” (por ejemplo, la última reunión entre Piñera y Humala en la Cumbre de la CELAC y las recientes comunicaciones entre ambas cancillerías) parece mostrar una buena disposición, aunque hasta ahora no se especifica a qué se refieren cuando hablan sobre un cumplimiento “gradual” del fallo (¿días?,¿semanas?,¿meses?). Ya existe un antecedente sobre un intento de dilatación de la implementación del fallo: cuando la Corte dictaminó, en parte, en contra de los intereses colombianos, Juan Manuel Santos, el presidente cafetero, mostró su total rechazo, afirmando que atentaba en contra de lo estipulado en su constitución, por lo cual agotaría todas las vías para defender los soberanos derechos de su patria. Hoy en día, Colombia se encuentra en un contexto electoral y pocos se atreven a hablar sobre el cumplimiento del fallo; sin embargo, ya hay indicios de que tal está siendo ejecutado e incluso empresas privadas han entablado conversaciones con Nicaragua para que sus negocios no se vean afectados por la nueva delimitación. Todo indicaría que la implementación caería por su propio peso, pese a las voces renuentes que pretenden obtener réditos políticos, en desmedro del prestigio internacional de su país.

Afortunadamente para nuestros intereses, las relaciones Perú-Chile y Colombia-Nicaragua no guardan los mismos  niveles de integración. Al parecer, el importante flujo de capitales humanos y económicos entre ambos países sudamericanos ha fungido como uno de los pilares para que la reacción del principal país afectado sea mucho más prudente y mesurada. Hace unos días, diversos medios de comunicación, tal vez pensando más en el largo plazo que en el presente, nos vendieron la idea de que este fallo sería un hito positivo en la historia de ambos pueblos. No obstante, la pretensión chilena sobre el triángulo territorial hace presagiar un futuro, al menos cercano, no tan alentador. Perú y Chile han presentado sus respectivas posiciones sobre el tema y todo indicaría que un nuevo campo se abre para que ciertos políticos capitalicen las heridas históricas que aún no cicatrizan. Mientras que las élites discuten en relación a esta controversia, el flujo comercial y humano entre Tacna y Arica viene recuperándose después de una caída por el clima pre-sentencia. “Halcones” provenientes de ambas partes siempre habrá, los cuales promoverán el armamentismo, so pretexto de defender la soberanía y, por supuesto, obtener, de paso, ganancias políticas y monetarias del proceso de adquisición de armas. Sin embargo, la mayoría desea vivir en un contexto de paz y que las relaciones cada vez sean mejores y, efectivamente, eso viene sucediendo. Después de todo, nuestros bisabuelos jamás hubieran imaginado que una controversia marítima entre Perú y Chile se solucionaría mediante argumentos jurídicos y no a partir del uso de cañones y pólvora.