Hoy no es recomendable escribir una columna más sobre Nadine o García. La situación en la que se encuentra el país nos exige pronunciarnos contra las secuelas del autoritarismo salvaje que nos dejó aquel 5 de abril de 1992. Han pasado 22 años del golpe de Estado que se auto propiciara el ex dictador, Alberto Fujimori; sin embargo, las marchas que condenan la medida se ven soslayadas por el autoritarismo subnacional que atenta contra la región Áncash. Y es que el régimen de César Álvarez, , tiene el mismo corte sangriento y opresor que el fujimorismo noventero. Como afirma Levitsky, Álvarez construyó un estado paralelo que operaba hasta hace poco —algo así como su propio SIN— llamado La centralita. Desde este lugar, al mejor estilo montesinita, el gobierno sobornaba jueces, fiscales, políticos y medios de comunicación.

Para ser más específicos, en Áncash no existe libertad de prensa, elemento básico en una democracia. Los periodistas independientes son chuponeados, amedrentados, amenazados de muerte, y uno ha sido asesinado. Fujimori, por su parte, le dejaba el trabajo sucio a su grupo de aniquilamiento. Esa organización creada para combatir el terrorismo, pero que terminó siendo la excusa para exterminar silenciosamente a los que se oponían a su régimen autoritario. Como el caso de Pedro Huilca, líder sindicalista de la CGTP, asesinado el 18 de diciembre de 1992 por el Grupo Colina. Lo que es realmente preocupante en Ancash son las diez denuncias por asesinatos políticos desde el 2010, incluyendo el presidente regional interino Luis Sánchez Milla, dos alcaldes (Pedro Tapia y José Montalván), un fiscal (Luis Sánchez Colona), un periodista (Pedro Flores), una testigo clave (Hilda Saldarriaga); y hace un mes, el principal opositor de Álvarez, Ezequiel Nolasco. Sumado a esto, las amenazas de muerte a la fiscal Nancy Moreno, el candidato opositor Juan Calderón, el alcalde Valentín Fernández y la ex alcaldesa de Chimbote, Victoria Espinoza. Por ello, no es extraño deducir que Álvarez lidera una organización mafiosa motivada por la gran cantidad de recursos que genera la región.

Este autoritarismo subnacional se sostiene por la complicidad de Álvarez con los tres poderes del Estado peruano. Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial han sido cómplices del autoritarismo en Áncash. Tanto el Ministerio Público como el Fiscal de la Nación, José Peláez, han bloqueado los intentos de denuncia contra esta banda organizada. Toda denuncia presentada al Poder Judicial ha sido archivada. A esto tampoco se escapa el Congreso donde Ezequiel Nolasco brindó su manifestación dejando al descubierto todos los actos de corrupción en el gobierno de Álvarez y, sin embargo, ante la pasividad de los parlamentarios, encontraría muerte asesinado por sicarios. Un asesinato que debió movilizar a las organizaciones políticas para que se tomen medidas inmediatas. Por el contrario, se siguió confirmando que los acontecimientos en el interior solo entran en agenda política si le importan a Lima. El afamado Lima-centrismo que se desprende de esa Constitución que nos dictara Fujimori en el 93, luego del autogolpe que envileció al Perú.

Es realmente raro que las medidas autoritarias de Maduro en Venezuela hayan exaltado a más limeños que el autoritarismo subnacional de Áncash. Mientras en Lima se habla de hijos extramatrimoniales, de candidaturas, de artimañas en el Poder Judicial y kits electorales, en  la región de Áncash la justicia es inexistente para las vidas que se han perdido. Ahora si los invoco: ¿dónde está Humala?, ¿dónde está García?, ¿dónde está Keiko?, ¿dónde está el cardenal Cipriani, quien parece estar más interesado en proponer un referéndum y en ser el guardián de la ley que en proteger a los más necesitados? Salir del autoritarismo subnacional tiene que convertirse en un asunto nacional, y, así, dejar en claro que el terrible episodio que quebrantó la democracia del Perú en el 92 no debe volver a repetirse.

Artículo de referencia: http://www.larepublica.pe/columnistas/aproximaciones/el-autoritarismo-peruano-06-04-2014