A fines del año pasado, diversos personajes del sector público se pronunciaron sobre la tentativa de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) de reformar la gestión estatal. El sector liderado por Juan Jiménez Mayor, había presentado en agosto del 2012 la Estrategia de Modernización de la Gestión Pública, con miras a lograr un Estado más eficiente, transparente e inclusivo, como se lee en su documento.

Como parte de este pliego de reformas, el Servicio Civil (toda la gama de trabajadores que trabajan en servicios del Estado) era el natural paradero para la iniciativa de la PCM. Las actividades que ofrecen servicios del Estado y que no se inscriben en las áreas de Salud, Educación, Fuerzas Armadas y Magistrados y Diplomáticos; como lo son las administrativas y de políticas públicas, serían el destino de las tan ansiadas reformas. Las largas colas de espera, pilas de archivos y pérdidas de horas valiosas ante trámites engorrosos de impredecible resultado- experiencias que ponen diariamente a prueba la frágil paciencia del ciudadano peruano- parecían, finalmente, haber sido observadas por el Ejecutivo con el objetivo de darle solución.

Si bien el proyecto de ley que buscaba reformar el Servicio Civil estuvo entrampado por meses, en las últimas semanas se ha debatido la ley en el Congreso. Hasta el momento, sin embargo, lo que se ha llegado a conocer ha escindido a las partes involucradas en el problema: autoridades estatales y los mismos servidores públicos.

Pros y contras de la Ley

De un lado, la Ley de Servicio Civil permitiría que de los 1’300.000 servidores públicos, los 520.000 trabajadores que conforman los regímenes laborales y los 728, 276 de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) pasen a formar una sola modalidad de contratación. Esto pondría orden en las entidades públicas, pues existe mucha normatividad sobre temas puntuales, aseguró Nuria Esparch, ex presidenta de la Autoridad Nacional de Servicio Civil – SERVIR, a El Comercio. Asimismo, el régimen CAS se eliminaría, con el consecuente ingreso a planilla del Estado, donde los trabajadores del 275 también acompañarían.

El proyecto de ley se contempla la gestión por resultados, líneas de carrera y estabilidad laboral. El aumento de beneficios en materia de compensaciones es una de sus pautas. El laboralista Jorge Toyama aprueba el proyecto de ley y reconoce que tras 30 años de reformas en el sector, recién se prevé un cambio importante y que abarca bastante. “El concurso público, como ingreso a las carreras públicas, premiará la meritocracia, mejorará los ingresos de los trabajadores y profesionalizará el servicio civil así como se incentivará la especialización”, sostuvo.

Sin embargo, las manifestaciones de trabajadores del fin de semana en diferentes ciudades del país, demuestran la preocupación de los sindicatos por esta ley del Servicio Civil. Ellos no están de acuerdo con 20 puntos del proyecto de ley. Los trabajadores afirmaron que con esta reforma se posibilitará despidos masivos por las evaluaciones previstas durante los 5 a 7 años que durará la implementación de la ley. Se considera que el tiempo de trabajo es suficiente, en algunos casos, para justificar la permanencia en el cargo. Sin embargo, el proyecto de ley explicita que todo servidor público será evaluado así no desee cambiarse. En ese sentido, trabajadores señalan que si bien se unificará en un solo régimen a los tres antedichos, el tránsito será opcional y no obligatorio. Por otro lado, la negociación colectiva se vería afectada, pues es la misma ley quien dictamina cuánto tiempo debería durar (mínimo dos años), no las partes individuales. El derecho a la huelga también estaría entre los derechos vulnerados al trabajador. Entre otras críticas al proyecto de ley, está la de haber sido elaborada sin consultar a los trabajadores.

Dirigentes sindicales han exigido que se hagan llegar al Congreso sus propuestas para la reforma. En la otra orilla, gremios empresariales se muestran satisfechos por esta reforma, que busca modernizar la gestión pública. De momento, y gracias a las acciones de fuerza del último fin de semana, el pleno del Congreso no debatirá la ley pues la Comisión de Trabajo, encargada del referido proyecto, ha preferido agotar la discusión en su elaboración – ocasión propicia para que las partes negocien y se obtenga una ley mejor diseñada.

 

Fuente: El Comercio, La República