La opinión pública ha estado dividida durante estas últimas semanas, pues, ha vuelto la dicotomía de “congreso obstruccionista” y “gobierno confrontacionista” propia de la típica crisis política que se vive en el país desde el año 2016. Pese a la disolución del congreso en septiembre del año pasado, y la renovación del mismo mediante elecciones en enero de este año, se ha presentado un mismo conflicto en el Poder Ejecutivo y Legislativo. ¿Por qué ha iniciado la discordia esta vez? En sí, se le puede atribuir a intereses personales como una de las principales causales, sin embargo, se debe tomar en cuenta que existen varios factores provenientes de ambas partes de la discusión. Si bien es cierto, el actual congreso está formado por una mayoría conservadora y una gran fracción pertenece a partidos caracterizados por medidas populistas, pero, mediante negociación y diálogo (el cual, a veces no es tan pacífico) se han llegado a acuerdos que benefician tanto al Ejecutivo como al Congreso. No obstante, la tensión nunca ha dejado de existir. El tema de las AFPs y ONPs, sumado al manejo de la pandemia y escándalos de corrupción como el de Richard Swing & Mirian Morales han aumentado la tensión entre el parlamento y el Poder Ejecutivo, tensión que ha encontrado su cúspide durante las últimas semanas. La desaceleración de la Reforma Política y la negación de confianza al Gabinete Cateriano han sido los detonantes de la crisis, puesto que estos dos temas políticos tienen carácter de urgencia, y el último mencionado tiene un efecto directo en la gestión apropiada de la pandemia. La negación de confianza al Gabinete Cateriano dio un mensaje bastante claro al Ejecutivo, el Congreso no está de acuerdo con las medidas pro-empresa y neoliberales que pretendía aprobar el premier con el fin de reactivar la economía del país. Desde que Pedro Cateriano asumió el cargo de Primer Ministro, se especuló que su gabinete tendría carácter de “Luz Verde” con el cual podrían resurgir conflictos socioambientales concernientes a las mineras, las cuales podrían atropellar los derechos de comunidades. Sin embargo, la tensión se vio reflejada en su máxima expresión cuando varias figuras políticas salieron a decir que la negación no se había dado por motivos de desacuerdo con la política que pretendía implementar Cateriano, sino, por motivos vinculados al chantaje. Hasta ahora tenemos a dos protagonistas que son caracterizados de distinta manera por su respectivo contrincante. Por un lado, se tiene al Congreso “chantajista” que amenazó con negar la confianza a Cateriano, si no sacaban de la cartera de educación al Ministro Benavides, promotor de la reforma universitaria. Por otro lado, tenemos a un Poder Ejecutivo descrito como “pro-empresa” y “luz verde” que estaría dispuesto a vender el país y los derechos de sus pobladores a trasnacionales. ¿Qué hay de cierto en estas descripciones? ¿Cuál es la parte verídica dentro de las motivaciones de ambas partes de esta crisis política? Ninguna de las partes está libre de errores y ningún poder es inocente de las acusaciones que se le imputan. A continuación, se analizará el enfrentamiento que existe entre ambos poderes, los errores de ambos protagonistas y qué tanto afectará esta crisis para la coyuntura política del 2021.

En primer lugar, se debe dejar en claro que la negación de confianza a Cateriano estaría debidamente justificada si el motivo de ésta fuera la peligrosidad de las posturas del ex-premier, puesto que su visión acerca de lo que se debería hacer para reactivar la economía podría traer consecuencias devastadoras para las comunidades vulnerables a los intereses de las mineras. Acorde a la formación ideológica del Congreso y el mensaje extremadamente pro-empresa dado en el pleno, era coherente que la negación de confianza se de por ese motivo. Sin embargo, más adelante se vio que algunas figuras políticas denunciaron públicamente un chantaje del Congreso hacia el Ejecutivo, donde amenazaban con que se negaría la confianza si no se sacaba al Ministro Benavides de Educación. Por ende, cabe la posibilidad de que Cateriano fue brutalmente directo y buscó adrede la negación de confianza de su gabinete con el fin de no prolongar lo inevitable, ya que la confianza sería negada de todas formas al no remover al Ministro. Pensar que ha ocurrido un escenario así es posible, sin embargo, sería ingenuo pensar que la única salida de Cateriano era rendirse, ya que él tenía el poder de remover al Ministro Benavides. Se sabe que el supuesto chantaje viene en consecuencia de un intento de dejar sin efecto la reforma universitaria y taclear a la SUNEDU, ya que la fracción que supuestamente amenazó con la negación tiene intereses en universidades a las que se les ha negado el licenciamiento. Por lo tanto, la salida limpia que demostraría fortaleza y resiliencia del Ejecutivo era bastante simple: sacar al Ministro Benavides, y poner a otro en su lugar que también apoyara la reforma universitaria. Incluso, se pudo haber buscado un candidato que la defendiera de forma más acérrima o quiera complementar con más medidas. El contraataque que pudo dar el Ejecutivo era fácil, elegante, y demostraba que no se dejarán amedrentar. Existía una salida simple, sin embargo, decidieron no tomarla, lo que podría demostrar que realmente no existía un chantaje y que la negación de confianza se debe a errores propios del Ejecutivo. Al momento de elegir ministros, es importante que el Presidente priorice las necesidades de su población, y la preservación de su seguridad y derechos es primordial, por ende es altamente cuestionable la colocación de Cateriano como Primer Ministro, ya que éste es conocido por su cercanía a mineras que actualmente están en conflicto con comunidades peruanas. Cabe resaltar que la postura de Cateriano no es la única cuestionable dentro del Poder Ejecutivo, ya que se puede discutir acerca de los ministros que éste ha colocado en las carteras de Trabajo y Energía y Minas, puesto que ambos tenían experiencia básica en el sector público y en las carteras a las que fueron destinados. Era el rol del Congreso fiscalizar y supervisar que la gestión del Ejecutivo sea óptima, sobre todo ahora porque estamos enfrentando una pandemia. Pero, es importante recordar que esta fiscalización no puede escalar a un abuso de poder e imposición de intereses personales frente a intereses estatales, lo cual fue visto en varias bancadas del Congreso en distintas ocasiones.

El Congreso que se encuentra vigente al día de hoy ha sido comparado en diversas ocasiones con el Congreso disuelto en 2019, sin embargo, este último era mucho más confrontacionista y se notaba una noción de obstruccionismo frente a la reforma política y permanencia de gabinetes. Pese a ello, ambos Congresos comparten un elemento en común: la preservación de intereses personales dentro de la promoción de leyes y políticas públicas. Frente a la reforma política, el Congreso ha cometido varias acciones cuestionables y hasta cierto punto obstruccionistas, las cuales privilegian sus propios intereses frente a las acciones que debe ejecutar el gobierno para mejorar la calidad de la democracia y la vida de los peruanos. El hecho de haber votado en contra de la reforma política, y haber intentado modificar la Constitución de una forma ilegítima y prepotente dio como resultado el daño a la imagen del Congreso, ya que se vio como es que se trataba al boicot no como una acción con la que genuinamente no estaban de acuerdo, si no, que se ejecutó como una venganza hacia el Poder Ejecutivo. Es más, se puede dilucidar cómo ciertos partidos como Podemos tienen intereses en el rol de educación universitaria, puesto que han amenazado con interpelar (e incluso, lo estarán ejecutando en los próximos días) al Ministro Benavides. Además, también han amenazado con interpelar (y posiblemente, censurar) a la Ministra Alva del MEF, al no liberar la ONP y el 100% de los aportes a las AFP. Cabe destacar que no se pueden liberar los aportes de la ONP por la propia naturaleza de los mismos, hacerlo sería inconstitucional y la Ministra ha dicho que ella recurriría a instancias como el Tribunal Constitucional si es que se llega a aprobar una norma que legalice este aspecto, puesto que es inviable. Más allá de ello, se observa que este partido está ejecutando su campaña política desde su propio curul, ya que están apelando a medidas evidentemente populistas y a la “aprobación de normas” como acciones netamente ejecutadas por ellos cuando es trabajo conjunto de todo el Congreso. Asimismo, en la sesión de ayer se ha observado cómo es que el propio Daniel Urresti, uno de los congresistas, ha colocado el logo de su partido en su curul. Mientras, éste daba discursos que demostraban su “apoyo al pueblo”, cuando este no siempre es así, ya que él votó en contra de la inmunidad y la prohibición de candidatos con sentencias en primera instancia, esto último sucedido por intereses personales de él, ya que tiene un caso pendiente con la justicia relacionado al periodista Hugo Bustíos. Por ende, tanto en la fracción de Acción Popular como Podemos se ve un populismo y priorización de intereses personales en las políticas públicas, como la desaceleración de la reforma política y las universidades no-licenciadas.

El panorama venidero en 2021 puede ser descrito de diversas maneras, pero no muchas de ellas son optimistas. Estamos ante un Congreso que quiere condicionar las acciones del Ejecutivo, y un Poder Ejecutivo cabizbajo con un poder cuestionable de toma de decisión. A este punto, hemos visto tres gabinetes en esta pandemia, tres gabinetes que se han doblegado ante las amenazas de el Congreso, y que han sido conformados por miembros de moral y conocimiento cuestionables. Ahora, estamos ante un escenario desalentador donde un el Gabinete Martos se enfrentará a una serie de desafíos, siendo uno de ellos la traba que varios congresistas pueden representar. Con Rosario Sasieta al frente durante la marcha al Congreso del día de ayer, se puede ver que el Ejecutivo no está apelando a los conocimientos técnicos de los ministros, si no, a qué tanto agrado tienen entre los congresistas. Ya se han tergiversado dos reformas y se ha visto como los legisladores actúan acorde a intereses propios, aún no empieza campaña pero aprovechan cada debate para tener mayor popularidad entre potenciales votantes. Legisladores con intereses ajenos y miembros del gabinete doblegados y cuestionados por la ciudadanía. Un nuevo escenario de crisis política en uno de los momentos más tensos de la historia republicana.