Todavía se expande como plaga la comidilla generada por la publicación de la revista Cosas luego de las declaraciones de la lideresa del Partido Nacionalista, Nadine Heredia. Parecería ser una epidemia que se propaga de boca en boca, una especie de virus “twiterino” y “facebokero”. No cabe duda que las consecuencias aún son inmedibles en nuestra sociedad poco preparada para una primera dama como es Heredia. Y, bueno, con toda el agua que ya pasó bajo el puente, no me queda otra opción que desligarme del tema: en cuanto al “Partido nadinista peruano” y enfocarme en el trascendido político de los últimos días. No digo que esté mal, pero es algo que todo el que ha seguido los guiños, las poses, los discursos y, aún con esto, la predisposición para salir en revistas de moda sabíamos.

En estos días, a mí me preocupa más la designación de nuevos magistrados para ocupar puestos en la Fiscalía y, claro, de su primo, Carlos Ramos Heredia, como Fiscal de la Nación. Pero no por el hecho de ser el primo de la señora de Humala, sino por el historial que tiene nuestro nuevo Fiscal de la Nación. Recordemos que Ramos Heredia fue el que falló a favor de César Álvarez, acusado de asesinar a diez opositores a su gestión en la región Áncash, aparte de tener una mafia delictiva al mejor estilo fujimorista. Sin embargo, su designación no ha sido la única que ha armado mayor revuelo en los últimos días en nuestro agitado ambiente político.

Otra curiosa designación nos ha sumergido en las dudas correspondientes. El nombramiento de Mateo Castañeda como Fiscal Supremo por parte de los magistrados del Tribunal Constitucional Carlos Mesía, Gerardo Eto y Ernesto Álvarez. Esta designación viola el artículo 150 de la Constitución, el cual establece que es el Consejo Nacional de la Magistratura el encargado de la selección y nombramiento de jueces y fiscales. Queriendo decir, entonces, que estos tres magistrados han incurrido en delito de usurpación de funciones. Además, para coronar el desorden constitucional generado, el congresista del Partido Nacionalista, Daniel Abugattás, presentó documentación que prueba que el recientemente elegido Fiscal Supremo, Mateo Castañeda, fue investigado por la muerte de un fiscal en el 89, poniendo en tela de juicio todo tipo de decisión tomada por el saliente TC.

El Congreso de la República se ha convertido en un ambiente de negocio entre las bancadas opositoras. El año pasado,  la “repartija” de poderes nos dio muestra de ello; sin embargo, el acuerdo para entorpecer la designación de los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional reafirma el control elevado a la máxima dimensión del aprofujimorismo. El martes 6 se dio a conocer la lista de candidatos a los miembros en el TC y, como era de esperarse, la presión para la renuncia de la postulación del ex Ministro de Justicia, Carlos Eguiguren, dio resultado. Sin duda, hay intentos de controlar la Junta de Fiscales Supremos, y, con ello, la Fiscalía. Es decir, una mafia que transgrede los límites del subnacionalismo y, también, parecería tener alcances de partidos políticos. Una mafia a la que no le prestamos atención por empaparnos de entrevistas que quieren ser censuradas y de las que seguro habrán más.