Esta última semana el país ha atravesado una trágica y sensible crisis en las instituciones. Trágica no porque unos cuantos magistrados o consejeros estén inmersos en el problema, sino porque principalmente dos de las instituciones más importantes constitucionalmente del país lo están: el Poder Judicial y en CNM (Consejo Nacional de la Magistratura). Y, sensible porque dentro de toda esta escandalosa corruptela se ha involucrado la seguridad jurídica de una niña de once años que habría sido violada. No solo se quebró cualquier confianza en la tutela de sus derechos, sino también casi se expuso su caso a nivel nacional.

Evidentemente, se tiene que hacer una diferencia marcada entre las instituciones y la gente que la manipula. No es motivo de este artículo, pero dejo claro que las instituciones son creaciones que en un marco democrático buscan la realización de la justicia. Lamentablemente se desarrollan en el ámbito del deber ser, y es por eso que necesita de operadores que pretendan concretizar este ideal. Sin embargo, estos operadores no son más que personas. Es decir, seres emocionales, sensibles, pasionales, inestables, simples y CORRUPTIBLES. Es por eso que es complicadísimo hallar dignos operadores que den la talla para dirigir estas instituciones. Entonces es claro que son estos, los que siendo impertinentes con sus cargos, perjudican el sistema de justicia.

Ahora, a raíz de este caos, me hice la siguiente pregunta: ¿este es un problema jurídico o un problema político? Trataré de responderme conforme desarrolle este artículo.

Algún lector podrá pensar, ¡pero qué tonto hacerse esta pregunta! obviamente es un problema político, porque la corrupción escapa del correcto funcionamiento del sistema de justicia. Es una patología de la democracia, y por lo tanto, los corruptos y corrompidos solo serían sujetos utilizando técnicas malévolas para conseguir más poder. Sin embargo, alguien más podría pensar que es completamente jurídico, porque si a algo se dedica el Derecho es a resolver conflictos, y que mayor conflicto que el de lastimar la democracia. Entonces es obvio que el Derecho actuará contra los hechos y sancionará a los que el Derecho encuentre responsable.

Así que pareciese que ambas esferas, la jurídica y la política, se encuentran seguramente en diferentes grados— involucrados. Pero, también, creo que sería posible hallar el germen en alguna de estas dos dimensiones. Así, la conclusión se transformaría en términos prácticos, y se hallaría un engranaje más —tal vez el principal— para solucionar todo este problema.

Existen tiempos en el desarrollo de una institución. De la lectura de Dworkin se puede extrapolar dos tiempos, uno es el Derecho pre-interpretado y el segundo es el Derecho post-interpretado. El primero será el conjunto de todas las normas aplicable a una institución, esto incluye la Ley Orgánica que finalmente da vida a una institución. Por otro lado, el Derecho post-interpretado es la traducción de todas estas normas al encaje con la sociedad. Es decir, que una ley aplicable para una institución pueda ser interpretada de tal manera que sea satisfactoria para el desarrollo de la sociedad.

Sin embargo, estos dos tiempos se desenvuelven cuando la institución ya está creada. Por lo que si se produjese un problema o conflicto en cualquiera de estos tiempos, incumbiría enteramente al Derecho. Pero existe otro tiempo, que a mí me parece fundamental, que es el previo a la creación de la institución. Es decir, cuando solo confluyen ideas y debate sobre lo que hace falta en la sociedad. Cuando nada es estable, sino cuidadosamente manipulable. En este tiempo las personas se ponen de acuerdo para crear una institución, darle un nombre, características y funciones, de tal manera que esta institución pueda saldar algún conflicto que la sociedad esté viviendo al momento de su constitución. Este tiempo podría ser una emulación del pacto social de Rousseau.

Repito que me parece fundamental este primer tiempo, ya que es aquí donde el contenido axiológico de la institución está en auge. Quienes constituyen una institución no lo hacen con el propósito de corromper la sociedad. Evidentemente, lo hacen porque creen que esa es la mejor forma que se encuentra para resolver un conflicto, y como dije líneas arriba, así se buscaría la realización de la justicia.

¿Es posible hallar problemas en este primer tiempo? La respuesta es que sí, y es tan posible como malas intenciones existan en quienes constituyen la institución, para claramente, querer manipularla a su beneficio. En estos casos el problema sería en mayor medida político, ya que el germen estaría en los debates que generaron dicha institución oscura.

Sin embargo, en este caso concreto, ¿es posible pensar que los orígenes del Poder Judicial o del Consejo Nacional de la Magistratura, son malintencionados y con un propósito maquiavélico? Es claro que no. Ambas instituciones han sido creadas con el propósito de mejorar el sistema de justicia. El Poder Judicial por excelencia procura la realización de la justicia, y el CNM, dentro de sus funciones, regula a los magistrados del primero. Entonces, en qué tiempo encaja el problema actual.

Los magistrados y consejeros que se encuentran involucrados en los audios no son un problema de la constitución de las instituciones, así que el problema no sería del primer tiempo. Por lo tanto, una solución —aunque suene obvio— no es la eliminación de estas instituciones.

Por otro lado, tampoco creo que sea del Derecho pre-interpretativo —no completamente—, porque con las mismas normas que la regulan hemos tenido y tenemos jueces respetadísimos y dignos del cargo. De lo contrario, si asumimos que el problema es de este segundo tiempo, entonces correríamos el riesgo de concluir que todos los magistrados y todos los consejeros son ineptos. No es así, por la tanto la solución principal tampoco creo que sería atacar las normas relativas a estas instituciones. Claro que ajustarlas y crear mejores filtros para que no ingresen más de estos tipos a semejantes cargos es siempre una ganancia más que pérdida.

Finalmente, considero que el problema se encuentra —principalmente— en el tercer tiempo, es decir el del Derecho post-interpretativo. Creo que la lógica es sencilla, tenemos normas que regulan el funcionamiento de estas instituciones y llegaron unos sujetos pensando que interpretando la norma a su beneficio, es decir “actuando de acuerdo a ley” podían hacer lo que quisiesen. Pero es que claro, recuerdo que el nombramiento de muchos de ellos, aunque no nos guste es legal. A Iván Noguera lo eligieron los rectores de las universidades privadas, y eso es completamente legal. PERO, ¿esta interpretación encaja con la realización de lo más beneficioso para la sociedad? Es decir, ¿fue una correcta aplicación de la norma? La respuesta es obvia: NO.

Qué habría pasado si los rectores de las universidades privadas habrían pensado en el perfil de algún académico de intachable trayectoria en lugar de un familiar suyo. La historia sería completamente diferente. En ambos casos utilizaron la norma, pero solo en el segundo se habría interpretado correctamente dicha norma.

Por lo tanto,  primero considero que el problema es más jurídico que político. Y segundo, dentro de lo jurídico, creo que el problema está en cómo ha afectado los intereses personales (ajenos al interés público) en una pésima interpretación de la norma. Es decir, en el Derecho post-interpretativo. Recalco que los ajustes y mejores filtros en las meras normas son un plus que sí se deben realizar. Pero la real solución, yo la hallo en una mejor formación tanto de los operadores jurídicos como quienes deciden quiénes serán estos operadores, y rellenar a todos estos de valores y de verdadero respeto por las instituciones.

En síntesis, educación.