En una sociedad como la nuestra -misógina, homofóbica y machista- ser gay, lesbiana, bisexual, transgénero o intersexual, se ha convertido hoy en sinónimo de lo raro, lo “desviado” o, peor aún, en el culpable de todos los males que puedan estar ocurriendo en nuestro país. Lamentable, pero esta es nuestra realidad.

Entre el año 2015 y el 2016, se registraron 8 crímenes de odio hacia la comunidad LGTBI+, según lo informado por la Amnistía Internacional; y, así mismo, el año pasado, PROMSEX registró 43 casos en que se vulneró los derechos a los miembros de dicha comunidad. Una comunidad que no representa amenaza alguna para nuestra sociedad y que, sin embargo, tiene que vivir en un constante estado de alerta y temor a ser blanco de asesinatos o actos de homofobia.

Ahora bien, a pesar que todos creíamos que el Perú estaba dando un gran paso con respecto a la protección de los derechos de la comunidad LGTBI+, solo fueron necesarios 10 votos a favor, por parte de la bancada fujimorista, para que la Comisión de Constitución recomiende derogar el Decreto Legislativo N° 1323, con el objetivo de excluir los términos de “orientación sexual” e “identidad de género”. Y, por si a la bancada naranja -aliada con ciertos grupos religiosos y/o conservadores- no le bastó con este vergonzoso pedido, la congresista de Fuerza Popular, Nelly Cuadros, se atrevió a preguntar a la ministra de la mujer si había “nacido mujer”. Este vergonzoso panorama, aunado a la presentación del proyecto de ley N°1199, el pasado 6 de abril, que tiene el propósito de modificar el artículo 323 del Código Penal, -según el cual ni la “orientación sexual” ni la “identidad de género” podrían considerarse objetos o bienes sobre los que pueden recaer actos de discriminación- dan cuenta, definitivamente, del retroceso que está viviendo nuestra sociedad.

Resulta indignante, especialmente, que la fujimorista Nelly Cuadros rechace los términos “orientación sexual” e “identidad de género” alegando que se podría tergiversar el término “sexo biológico” con “orientación sexual”. Además, Cuadros también recalca que lo mencionado anteriormente está involucrado con la supuesta existencia de una “ideología de género”, la cual, en su opinión, busca “homosexualizar” a la sociedad. Esto refleja no solo cuán desinformados están algunos congresistas, sino también el afán de estos últimos por ignorar a la comunidad LGTBI+, alegando que “sexo solo hay dos”, premisa que se encuentra en el cuarto párrafo del documento al que nos referimos.

En este sentido, no cabe duda que los derechos de la comunidad LGTBI+ siguen siendo vulnerados, y ya no solo por la sociedad civil, sino también por miembros del Estado. ¿Por qué sigo reafirmando esto? Julio Rosas, congresista fujimorista y pastor evangélico, quien también justificó la decisión de su bancada, declaró: “Los derechos humanos se dan a la persona, no a las atracciones”. Dejando en claro así que, al parecer, endurecer las penas hacia los delitos que se cometen contra dicha comunidad es solo un capricho o una disque “preferencia”. Pero no, no es así, pues el Estado tiene el deber de velar por el bienestar y proteger a sus ciudadanos, indistintamente de sus creencias o preferencias. Dejar a esta comunidad a su suerte, sin justicia, es, definitivamente, anticonstitucional.

Como hemos visto, aunque por muchos años la comunidad LGTBI+ ha preferido mantenerse en silencio, en la actualidad se ha hecho de un espacio en nuestra sociedad, y ha hecho visible la problemática en la que se encuentra. Sin embargo, pese a sus esfuerzos, el gobierno una vez más le da la espalda, e intenta dejarlos desprotegidos, sin que nadie abogue por sus derechos.

A este respecto le digo basta. Basta de la opresión que aparentemente quieren seguir callando las miles de voces que claman justicia. En estos momentos, es necesario que absolutamente todos, sin importar la orientación sexual o identidad de género, nos involucremos con la condición vulnerable que atraviesa la comunidad LGTBI+, y luchemos juntos por un mismo fin: NO PERMITIR LA DEROGACIÓN DEL 1323.