Estimados candidatos al Poder Ejecutivo, Congreso y Parlamento Andino:

¿Cuál es la diferencia entre encontrar petróleo u oro en California (EE.UU.) y encontrar petróleo u oro en Perú? Si lo encuentras en el primero, el titular se vuelve rico; mientras que si lo encuentras en el Perú, te vuelves pobre. La razón de ello es la aporía institucionalidad. Por ello, estimadas autoridades, en el Perú, ante la inmensa inseguridad jurídica del propietario, el titular se vuelve pobre y el Estado se vuelve rico por la falta de redistribución económica en el país.

El Perú ha sido un país minero y de abundantes recursos naturales: “El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro”. Un país cuya historia remarca el exalto de la extracción de la minería para los rituales religiosos o vestimentas de los incas; a diferencia de los conquistadores españoles, para quienes equivalía a riquezas inmensas para su rey. Una dualidad de cosmovisiones que se contradicen, algo similar a lo que sucede actualmente. El Estado actual, piensa en crecer; el titular (mayormente, comuneros rurales), en sus tierras; los apus ven a los recursos naturales como objeto de convivencia y tradición; y las empresas, como fuente de utilidades.
La Constitución peruana establece, en el artículo 66, que “los recursos naturales, renovables y no renovables son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento”. En otras palabras, el dueño es propietario del metro cuadrado en la superficie, pero no necesariamente de los recursos naturales del subsuelo.

Como sabemos, esto se heredó de la tradición latina-europea, o romana-germánica, la cual planteaba que el subsuelo le pertenecía al rey o a la Corona. Con la conquista de Latinoamérica –entre ellas, el Perú– se introdujo esta doctrina jurídica. Por otro lado, en la tradición del Common Law, en países federales como Estados Unidos, el propietario del suelo es también propietario del subsuelo. ¿Acaso las diferentes tradiciones son el problema de la inseguridad jurídica de la propiedad del titular frente al Estado, ocasionando así negativas políticas del Estado con su sociedad en función a un desarrollo sostenible? Con solo comparar el Índice de Desarrollo Humano de Estados Unidos (0.914, 5º puesto) y el de Perú (0.737, 82º puesto) hay un inmenso abismo.

Hay un Leviathan, un monstruo grande que pisa fuerte que está en el medio y reclama en nombre de su pueblo un negocio beneficioso para ello. Un monstruo que no da oportunidad a los titulares, mayormente comunidades rurales, para que se negocie directamente, bajo su propia cosmovisión, reglas consuetudinarias, lenguaje y uso, sobre el interés de ceder su suelo y subsuelo.

El Estado usa de escudo el artículo 66° para establecer su interés intermedio entre las empresas y los titulares. El hecho es que este escudo no necesariamente tiene que tener como emblema “los recursos naturales son patrimonio de la Nación” y “El Estado es soberano en su aprovechamiento”; sino que debe tener un rol de supervisor (imparcial y balanceado) de negocios de los recursos naturales, mas no como propietario, para el beneficio de su pueblo mediante la redistribución de riquezas (como el impuesto del canon a los gobiernos subnacionales).

No se puede acusar de populismo o de oportunismo para los colectivos anti-mineros, o si el Código Civil otorga derechos sobre el sobresuelo y el subsuelo “hasta donde sea útil” para el propietario, sino un problema de tolerancia del sistema jurídico con la sociedad. Una sociedad, que en la realidad, a los titulares (sujetos de derecho) se le despropia arbitrariamente de sus tierras mediante mafias organizadas o disputa violentas por estas: caso las Bambas o Tiamaría. No es posible que el Estado, el Leviathan que está en el medio, no pueda reducir la conflictividad social de la propiedad con más de 208 conflictos sociales (142 activos y 66 latentes) que se resuelven en periodo de crisis y no en la contraposición pública del conflicto. Esto representa la baja institucionalidad en el país.

Mediante esta carta intento llevar a la reflexión a nuestros futuros representantes nacionales para que se debata este asunto tomando la postura de un pueblo peruano capaz de poder tomar decisiones sobre su propiedad del subsuelo. Que necesariamente el Estado no pierda su función principal de fiscalizar y supervisar los negocios de empresa y comunidades sobre los recursos naturales, sino que se gane la confianza de la sociedad a la que representa, y la de las empresas con la que intenta crecer al quitar su enorme escudo de Leviathan del medio, como propietario, y otorgar mayores derechos de propiedad y de redistribución de las riquezas.

Atentamente,

Un ciudadano