Vergara, un conocido politólogo peruano, identifica dos fenómenos en las sociedades latinoamericanas. Por un lado, están los PostEstado-Nacionales, personas que disfrutan plenamente de sus derechos y libertades. Asimismo, perciben una cercanía con las instituciones estatales dado que sus demandas son puntos de agenda política y se implementan obras y políticas públicas orientadas a la mejora de estas. Por otro lado, están los Estado-Nacionales. A diferencia de los anteriores, estas personas no perciben ni disfrutan plenamente de sus derechos y libertades. El Estado no se hace presente ante sus quejas y demandas, es decir, hay una ausencia estatal e ineficiencia de parte de las instituciones. Además, la agenda política no suele incluir problemáticas fundamentales para estas poblaciones, lo cual hace difícil la implementación de políticas públicas en beneficio de las mismas. Sin embargo, lo que resalta Vergara, y es lo más curioso, es que en los países latinoamericanos, ambos fenómenos se dan de forma paralela. En otras palabras, tenemos una suerte de división entre personas que han alcanzado una ciudadanía plena, y personas que, lamentablemente, son para el Estado ciudadanos de segunda clase.

El incendio ocurrido la madrugada del viernes pasado es un claro ejemplo de la existencia de esta terrible realidad.

La comunidad Shipibo-Conibo ocupaba gran parte de los alrededores del río Ucayali extendiéndose así a lo largo de la amazonia. La mayoría de los territorios de la Selva se han caracterizado por la falta de presencia del Estado. En el periodo post-independencia, fueron muy pocos los intentos por llegar a esta zona. De modo que, fue solo cuando el caucho y el petróleo hicieron eco en el plano económico que las instituciones mostraron interés en explorar –y explotar– estos territorios. No obstante, la situación no cambió significativamente, permitiendo que tanto el narcotráfico como el terrorismo avanzaran drásticamente. Asimismo, la falta de carreteras hizo que el acceso a servicios básicos, medicinas, viviendas y educación fuera prácticamente nulo. Muchos apelan a que la accidentada geográfica es una de las causas principales de la precaria presencia estatal. Este argumento es tan deficiente como el interés del Estado por llegar a la Selva. Por mucho tiempo, estados extranjeros se han preocupado de fabricar tecnologías más avanzadas que permitan comunicar el territorio nacional. Puede que sea difícil, pero no es imposible. Puede que sea costoso, pero es su deber.

A esta situación hay que añadir el costo social que experimentaron las comunidades indígenas debido al terrorismo. Recordemos que Sendero Luminoso asesinó a 6 mil Asháninkas durante la época de la violencia política. Esta masacre se compara con el Holocausto. En estas circunstancias, la comunidad Shipibo-Conibo se trasladó a Lima en la búsqueda de oportunidades. Lo lamentable, es como décadas después, la comunidad no puede gozar de lo que cualquier ciudadano peruano goza.

Cantagallo se consumió en llamas. El terreno que ocupaban los Shipibos está copado de escombros, gases tóxicos y expuesto a una emergencia sanitaria, puesto que la comunidad no contaba con agua ni desagüe. Tampoco hay luz. Las personas temen por su seguridad y sus terrenos. Muchos aseguran que si deciden dejarlo, es probable que luego se les impida retornar. Lo han perdido todo y a pesar de los intentos de todos y todas por ayudar, es claro que lo que se necesita es un plan de reubicación y no medidas populistas, improvisadas y a corto plazo que más allá de solucionar el problema, lo empeoran.

Vía Parque Rímac, y en particular el proyecto Río Verde, eran obras a largo plazo que prometían una mejora urbanística, económica y social. Estos proyectos no solo cambiarían la cara de Lima y asegurarían mejores condiciones de vida para las y los Shipibos, sino que también formaban parte de una política que busca compensar a aquellas poblaciones vulneradas y desatendidas por el Estado. Río Verde comprendía también la implementación de áreas verdes, escuelas y un complejo habitacional para los miembros de la comunidad. Además, tal como señala la gestión pasada en su informe final, este proyecto “reduciría en un 80% en tránsito en la Vía de Evitamiento” y “conectaría Ate con el Callao en solo 20 minutos y beneficiaría directamente a 500 mil limeños”.

Es inaudito cómo proyectos como estos pueden ser desestimados por la prensa y las autoridades y además, cancelados para implementar proyectos improvisados e ineficaces como el bypass colocado en 28 de Julio. Tal como ha señalado el alcalde de San Isidro en un comunicado, este bypass traslada el problema del tráfico a otras zonas aledañas. Muestra de ello, es la actual congestión en la Av. Salaverry, cuya “solución” pretende ser la adhesión de cinco bypasses a lo largo de la misma. Esta obra dista de ser la adecuada puesto que nos costaría la tala de árboles, mayor tráfico y contaminación, las ciclovías, entre otros, sin olvidar mencionar lo innecesaria e ineficaz que es esta propuesta. Por último, este tipo de obras suelen ser una pantalla que el municipio ha utilizado y utiliza para robar. Pensemos en lo siguiente, ¿cómo es posible que Castañeda no pueda dar cuenta de a cuánto asciende el monto final del bypass? Según declaraciones, señala que el proyecto aún no ha culminado y, por ende, es imposible dar una estimación. Disculpe pero ¿y el presupuesto dónde está?

El costo de no realizar Vía Parque Rímac es que las y los Shipibos han continuado viviendo en precarias condiciones. Las comunidades siguen sin ser escuchadas y atendidas por sus “representantes”, en vez de ello, tienen que aceptar proyectos perjudiciales para su desarrollo tanto económico, cultural, social y personal. El hecho de que la gestión de Castañeda decidiera utilizar el dinero destinado a este proyecto para otro es la más clara evidencia de cómo algunas personas son tratadas como ciudadanos de segunda clase. No les interesaron las decisiones acordadas ni tampoco las necesidades de los Shipibos. Debido a ello, un incendio, que pudo ser evitado, ha traído mayor desgracia y miseria para esta comunidad. Y aún piensan que no son los responsables.

Urge plantearnos mecanismos que regulen y defiendan políticas públicas a largo plazo. No es posible que una gestión borre del mapa proyectos que benefician a todos/as. Asimismo, urge preguntarnos qué tipo de proyectos se implementan y cuál/cuáles son sus beneficios: ¿realmente tiene sentido construir mil bypasses a lo largo de Lima? ¿Ataca el problema? También es necesario planificar nuestra ciudad. Salgamos a la calle y juzguemos: Lima no está organizada ni pensada en beneficio del peatón, del medio ambiente, de los/as niños/as. Por último, para que esto no vuelva a suceder, es fundamental que dejemos de elegir a gobernantes corruptos e ineficientes y que empecemos por exigir rendiciones de cuentas, así como una participación más activa con nuestros representantes: asistir a asambleas, denunciar de ser necesario, crear espacios informativos distinto a la prensa amarillista, difundir noticias y finalmente, apoyarnos entre nosotros para construir una Lima para todxs. Hoy luchemos por Cantagallo.