Han pasado ya cuatro años desde que se produjo la masacre de Bagua y todavía no se hallan responsables políticos. Los procesos judiciales se encuentran entrampados y no hay visos de prontas soluciones. Además de ello, el mencionado conflicto no hizo sino corroborar la abismal escisión existente entre peruanos y el racismo que aqueja a nuestra sociedad. Respecto a las demandas de las comunidades indígenas, muy poco es lo que se ha logrado. Si bien se emitió una Ley de Consulta Previa, esta no tiene la relevancia requerida y muchos creen que se trata de “letra muerta”. Las fuerzas políticas, además, no llegan a un acuerdo unánime sobre las definiciones que dicha ley utiliza (”¿comunidades indígenas o comunidades campesinas requieren de la consulta?”, se preguntaba nuestro presidente, Ollanta Humala, malintencionadamente, meses atrás)  y la vorágine por las inversiones pone en riesgo las consultas que puedan realizarse. Dentro del rango de los destrabes para las regulaciones de entrada de capitales, tuvo mucho eco la reducción de estudios que atestigüen la existencia de restos arqueológicos. Asimismo, se anunció que algunos proyectos acortarían el proceso de Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Cabe mencionar que no se ha visto la misma celeridad en los juicios que involucran a las comunidades nativas y que bien servirían como un sólido paso hacia la reconciliación nacional. Cantaletas y dramaturgia de dictadores lánguidos acaparan la atención de los medios, dejando de lado problemáticas sociales que urgen ser resueltas cuanto antes. Como triste colofón a esta seguidilla de conflictos sociales, en el presente mandato presidencial estalló el caso Conga, el cual, una vez más, ejemplifica las brechas existentes entre el Perú oficial y el Perú real. El documental “La Espera” de Fernando Vílchez es una crónica de los trágicos hechos acaecidos en Bagua que nos ayuda a explicar la debilidad de nuestras instituciones y las grietas existentes en el Perú.

El 5 de junio del 2009, los noticieros viraron su atención hacia la selva peruana. No se había descubierto una nueva especie, ni se hacía un reportaje de ensueño sobre los bellos atributos naturales de nuestra selva: se tocó algo impensable. 33 personas morían en la Curva del Diablo, entre policías, civiles y nativos, por la desidia y la soberbia gubernamental. Lo que para los medios de prensa fue un cierre de carreteras más, para otros era el grito de guerra de un pueblo cansado. Durante 55 días, 1’000 indígenas de diferentes comunidades nativas protestaron por los Decretos Legislativos que estaban en vigencia y que ponían en riesgo las tierras donde vivían. La movilización, que pretendía informarle al Gobierno la renuencia de las comunidades a aceptar los verticales y abusivos decretos existentes, fue aplacada por las fuerzas del orden. En un momento del documental, se da cuenta del tiempo que le tomó a los realizadores grabarlo: más de tres meses con el permiso de las comunidades. “Al Estado, por un asunto de interés nacional, le pareció suficiente que pasen 55 días”.

El capital transnacional pugnaba por entrar y aprovechar las reservas de petróleo y gas en esas tierras. Los Decretos Legislativos giraban en torno al TLC (Tratado de Libre Comercio) firmado entre bombos y platillos con Estados Unidos. Cuando el ex presidente Alan García llama “Su Excelencia” a George Bush, el presidente norteamericano de aquel entonces, refiriéndose claramente a la conmemoración de este tratado, sabemos qué tanta era la necesidad peruana por pactar con EE.UU tal acuerdo. Paradójicamente, meses atrás, García se convertía en el antisistema por excelencia al expresar palabras de clara oposición al sistema económico imperante en el Perú. La tesis de García sobre “el perro del hortelano” grafica de cuerpo entero su convicción en cuanto a los principales afectados por las despóticas decisiones del Ejecutivo. Sirve también para poner de manifiesto el racismo étnico tantas veces camuflado (Ver video http://www.youtube.com/watch?v=3ekPeb6nMnw)

“La Espera” documenta las posturas del Gobierno ante las peticiones de las comunidades indígenas sobre asuntos que las atañen profundamente. Es, a su vez, un testimonio de las hondas fracturas sociales y culturales que el Perú presenta. La prevalencia de lo económico por sobre el bienestar de las poblaciones indígenas (Mercedes Aráoz, la entonces Ministra de Comercio Exterior y Turismo,  incentivando al miedo si se cancelan los nocivos decretos para luego negar rotundamente sus declaraciones), la incapacidad para gestionar una acción de seguridad efectiva que, en cambio, fue ganada por la sed de violencia y abuso (Mercedes Cabanillas y su consabido conocimiento sobre la arbitraria e improvisada medida policial para resolver la situación y un Ministro de Defensa como Antero Flores-Aráoz al que le incomoda que le recuerden la condición de abandono de muchas comunidades selváticas), la función de los medios para desprestigiar y caricaturizar obscenamente a los que se levantaron en protesta, los llantos de los familiares de los injustamente caídos y la impunidad de quienes tomaron las decisiones. Es eso lo que muestra este documental que capta la atención del espectador  e interpela a la sociedad sobre cómo es que nos vemos como país, como proyecto y como sociedad pluricultural. Su difusión, por supuesto, es necesaria.

07-11-13