Por Caleb Rojas Castillo- Alumno de Estudios Generales Letras

Tiempos duros y tiempos de expresión. Cuando poco a poco se acumula la improvisación, la componenda y la poca transparencia, llegan los días en los que la gente se indigna, y el miércoles 17 fue uno de esos días. Aquí, algunos apuntes a nivel estrictamente personal, en calidad de un alumno más de Estudios Generales Letras. Aviso de antemano que me hago responsable de las percepciones acertadas o erradas vertidas aquí, así como las críticas que pueda recibir.

En primer lugar, se desvirtúa la práctica de la negociación en el Congreso, que es natural, clave para resolver conflictos o llegar a acuerdos y requiere algo de nivel. Pero este tufillo de repartija, de poner a los aliados políticos (¿recuerdan a los magistrados de Fujimori en el ’98 con la “ley de interpretación auténtica”?) y de gente con máculas al frente de las instituciones del Estado, es altamente perjudicial para la vida democrática de un país y para la representatividad de una nación.

Alguien que se haya tomado el tiempo de dar una mirada rápida a los expedientes de los señores del TC y de la Defensora del Pueblo (a excepción de los miembros del Banco Central) no podría estar de acuerdo con la decisión tomada por los congresistas nacionalistas, toledistas, fujimoristas e incluso, debo decirlo, por los pepecistas. Todos conocemos ya los cuestionamientos a los designados, por ende, no los repetiré. Si los candidatos hubieran sido gente calificada e intachable, vaya y pase (e incluso hubiera podido pasar “piola”, que tampoco debería ser así). E incluso no debería suponer un grave conflicto de interés si pertenecen a algún partido político (ejemplos notables como Javier Alva Orlandini o Beatriz Merino, en el Tribunal Constitucional o en la Defensoría del Pueblo, respectivamente, lo demuestran), pero gente de talla, nivel y credenciales impecables. Sin embargo, con gente como Sousa, Blume, Galindo, Mayorga, Sardón y la señora Freitas, que deberían salvaguardar la Carta Magna y preservar los derechos de los ciudadanos, ¿qué calidad moral tendrían para ejercer su cargo cuando su misma elección tiene una falla de origen y cuando existen dudas acerca de su anterior desempeño público?

Retrocedamos por un momento a echar un vistazo a los noventa. Los tiempos de autocracia eran también escenarios de congresistas que se batían duramente contra Fujimori, Montesinos y sus secuaces. Lourdes Flores, Javier Diez Canseco, Anel Townsend, Henry Pease, Beatriz Merino, entre otros ex parlamentarios, fueron duros opositores al régimen y dieron batalla en el Congreso. Pareciera que no existen herederos de ese legado en el Legislativo, incluso en tiempos de democracia.

Es una pena también que algunos políticos se esfuercen en (tratar de aprovechar) la coyuntura para sus propios fines o en vernos la cara de tarados. El ex presidente Alan García se las da de caballero señero de la política, pero tal vez ya no recuerda las elecciones a gente ligada al Partido Aprista el Tribunal Constitucional durante su periodo, o el caso de la designación de Javier Ríos, “ampayado” en el restaurante Fiesta almorzando con Agustín Mantilla y otros oscuros personajes (¿se acuerdan de la parodia donde “Asustín Natilla” hacía de “El Padrino” en una mesa esperando a su amigo Ríos?). Y la señora Keiko y el presidente de la República tienen hoy una actitud en común (lo que es preocupante): ante la mayoritaria opinión popular se han querido presentar como Poncio Pilato, negando su innegable participación en la “repartija” tras bambalinas y cada uno defendiendo a sus peones. Y que grupos políticos o personas, como el padre Arana, quieran sacar provecho de la marcha montándose a la ola del descontento popular para obtener algo de legitimidad ante la opinión pública indignada, en su mayoría jóvenes que protestan, hace que esa indignación aumente (eso aplica también a las protestas en contra de la ley universitaria).

No caeré en generalizaciones propias del apasionamiento natural que nos provoca toda esta situación. Protestemos con energía en contra de estas formas de hacer política y reclamemos decencia en el ejercicio de la administración pública. Pero pensemos en los lemas que exclamamos. No me uniré al coro del “todo el Congreso es una porquería” o “que se vayan todos”. Aún hay gente digna. Incluso dentro de las personas que votaron por presión de acuerdos tomados con anticipación o por “honrar su palabra”. O es lo que aún quiero creer. Más valdría el honrar el “que Dios y la Patria os lo demanden”.

*Al cierre de esta nota, Pilar Freitas, la Defensora del Pueblo designada, renunciaba a su cargo. Ernesto Blume, aclarando que nunca pidió ser nominado, puso su cargo a disposición. Francisco Eguiguren manifestó su disposición de declinar a la designación ante el Congreso. Cayo Galindo y Victor Mayorga, a través de Gana Perú, hacían lo mismo. Rolando Sousa afirmaba que se acogía a lo que el Congreso decidiera mientras defendía sus “credenciales éticas y morales intachables”.