Por Giancarlo Portugal Velasco- analista de coyunturas de la EGPP

 

El derecho a la protesta es un derecho que debe siempre preservarse; sin embargo, el derecho a la protesta sumada a su la inercia es dañino. El día miércoles, se perpetró un acto repudiable el cual ha sido criticado y difundido en diversos medios (de izquierda a derecha, lo cual despierta suspicacias) con total legitimidad. El día miércoles, se colocó en la Defensoría del Pueblo (DP) a Pilar Freitas (ahora ex perúposibilista); en el Tribunal Constitucional (TC), a Cayo Galindo, Víctor Mayorga, Francisco Eguiguren (Gana Perú), José Luis Sardón y Rolando Sousa (Fuerza Popular) y Ernesto Blume (PPC); y, en el Banco Central de Reserva (BCR) a Eduardo Francisco Gonzáles, Drago Kisic y Gustavo Adolfo Yamada. Esta elección ha sido calificada, de manera correcta, como una “repartija”, puesto que ha sido realizada por una negociación de cargos entre los oficialistas (Gana Perú y Perú Posible), la oposición de fujimoristas y los pepecistas. Para la clase política y la percepción pública han señalado este negociado como contranatural, pues, la coincidencia de votos entre estas bancadas es sui generis. Entre estas bancadas juntas, la suma de votos es igual 106. Sin embargo, las votaciones, por ejemplo, en el caso de Freitas (que fue individual y no en bloque como en el caso de TC y el BCR), fueron poco más de 90, puesto que las inasistencias en el Pleno del Congreso son comunes. El promedio de asistencias a los debates del parlamento es de entre 85 y 110 congresistas de los 130. Este dato es importante para las siguientes líneas.

La elección se realizó y automáticamente la sociedad civil, por inercia moral (lo cual es resaltable), salió a las calles de Lima a realizar protestas en pro de una mejor elección para el TC y de la DP. Un dato importante es que, pese a que la repartija se realizó en todos los cargos, no ha habido reparos (ni siquiera desde la izquierda) por las elecciones al BCR. Tras la elección, las bancadas de Acción Popular-Frente Amplio (10 congresistas), junto a las bancadas de Solidaridad Nacional (8 congresistas) y Concertación Parlamentaria (6 congresistas), salieron del Pleno en señal de protesta en el llamado “Día de la vergüenza nacional”. Luego, debido a la confluencia popular, en las calles, figuras de Fuerza Popular (36 congresistas), encabezadas por Keiko Fujimori, a pesar de tener dos miembros en el nuevo TC, se han mostrado en contra de la elección. Incluso, el presidente de la República, Ollanta Humala, con su esposa escoltándolo, solicitó, sin ningún tino político, que la nueva defensora del pueblo, Pilar Freitas, y el nuevo miembro del TC, Rolando Sousa, debían retirarse, por no ser probos para el cargo. Alan García, el cual se encuentra, como nunca, preocupado por la investigación que se le realiza en la megacomisión, quien desde los “narcoindultos”, le está pisando los pies, ya había señalado que se ha perpetrado un autogolpe de Estado desde el Congreso por la elección.

Es pertinente la pregunta: ¿cuánto del discurso de la dignidad es por fiel convicción, en los partidos, y cuánto de este discurso se debe a que no se le incluyó a la bancada en la famosa repartija? A percepción personal, pese a todos los discursos críticos de la repartija de funcionarios, se está realizando una nueva repartija por los réditos de la defensa de la dignidad. Estas nuevas figuras defensoras de la dignidad tienen, cada una, un interés (no en todos claro) para la defensa de una nueva elección de funcionarios. En el caso de la izquierda, se busca,  de manera interesante (porque, como se escuchó en los audios difundidos esta semana, bien sabido tenían la fórmula de la elección del miércoles por uno de sus integrantes de bancada), privatizar la imagen de dignos dentro de nuestra democracia (es una sorpresa ver que, ante esta crisis de representatividad, no hayan salido a criticar nuestro régimen de instituciones liberales), puesto que es la imagen que no tienen los políticos tradicionales. El Frente Amplio podría encontrar aquí un asidero para tener una marca como partido. Por parte de Fuerza Popular, existen dos posibilidades de ganancias ante su viraje de opinión. El primero podría ser el tener aún más presencia en una futura elección. El segundo, que Keiko Fujimori, al no tener, por un tiempo, como propuesta electoral liberar a su padre, busque dar una imagen de dignidad que refuerce su falsa insignia de líderes de la seguridad ciudadana. Finalmente, por parte de Concertación Parlamentaria (liderada por los apristas-alanistas) existe el interés más importante: liberar de sus preocupaciones a Alan García para que esté listo para el 2016.

Se demoraron más de 2 años en poder tener cerca la posibilidad de tener nuevos funcionarios en estas instituciones y, actualmente, los aún miembros del TC, a diferencia de los elegidos el miércoles, favorecen a Alan García, quien, con la denuncia constitucional de cualquier congresista por la firma de los documentos en los “narcoindultos”, podría morir políticamente. Al frustrarse esta elección por repartija, Alan García salió airoso. Primero, se buscó el voto individual y no en bloque para el TC; segundo, se buscó desarticular el negociado con la desacreditación (hasta ahora no clara en pruebas) de Pilar Freitas, pero no se logró;  luego, tras la elección, se buscó el dar abono al discurso de la dignidad y sus consecuencias. Dichas consecuencias serán ver que, si se hace la elección de manera individual y no en bloque para el TC, la coalición aprafujimorista (que tienen 42 congresistas y votos en total), podría frustrar los 87 votos que se necesitan para dichas elecciones de un TC más digno. Solo quedarían 88 votos, restando los de Concertación Parlamentaria y Fuerza Popular, para poder elegir y, como se señaló líneas arriba, sería poca la probabilidad de que asistan los 43 congresistas de Gana Perú, los 15 de Perú Posible, los 12 de Alianza por el Gran Cambio, los 10 de Acción Popular-Frente Amplio y los 8 de Solidaridad Nacional (si estos no se juntan, nuevamente, con los apristas y fujimoristas). En el peor de los casos, se perderán los votos de SN y solo habría 80 votos válidos y se frustraría hasta, por lo menos, el 2016 las elecciones del TC, DP y BCR (si no es más tiempo, en caso gane en el 2016 Alan García). Ya renunciaron cuatro de los diez cargos y García debe estar regocijante.

No se puede hacer política solo con lo que se desea que sea la política. Ese es un trabajo que merece años. La política debe hacerse desde el contexto en el que vivimos. Se debe ver las probabilidades de los actos y de las uniones para actuar. La política debe ser realista y soñadora a la vez. Luchar en pro de una Cámara chica, Senado, para este tipo de elecciones, podría ser una alternativa que aún no se visualiza como reforma en las protestas. Este artículo no se ha realizado para defender la repartija, pero aseguro que esta repartija por los réditos del discurso de la dignidad es igual de indigna que la realizada en el Pleno el miércoles. No estoy en contra de la protesta por la dignidad que se realizará el lunes 22[1], pero necesitamos plantear y demostrar qué se busca y qué se conseguirá con esto y luego conocer los saldos (ver si son positivos o negativos). Sin esto, ganarán los cuasi partidos tradicionales y la búsqueda de la nueva izquierda podría deslegitimarse. Denuncio que, nuevamente, se está jugando con la sincera búsqueda de moral del pueblo (que en su mayoría se deja guiar por los medios de comunicación, quienes tienen sus propios intereses, en su mayoría, no democráticos) y denuncio con decepción que Alan García, nuevamente, ha ganado.



[1] La cual es totalmente argumentada con los antecedentes de de los nuevos miebros del TC: 1. El excongresista fujimorista Rolando Sousa es el más cuestionado de los seis magistrados del Tribunal Constitucional. Junto al abogado César Nakazaki buscó anular la condena del expresidente reo Alberto Fujimori por el caso Barrios Altos y La Cantuta. Además, a través del estudio Sousa & Nakazaki asumió la defensa de las caras más conocidas del fujimontesinismo, como los generales Nicolás Hermoza, César Saucedo y Julio Salazar, todos condenados por corrupción o delitos contra los derechos humanos. El estudio de Sousa denunció precisamente ante el TC al alto mando de la PNP, la Dirandro y la Fiscalía de Crimen Organizado para bloquear las investigaciones contra el grupo Sánchez Paredes por lavado y desvío de insumos químicos. Hizo lo mismo para  beneficiar al exalcalde de Pucallpa Luis Valdez, procesado por lavado de activos. 2. Ernesto Blume, experto en derecho constitucional es la defensa del polémico alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, acusado por el presunto delito de estafa, abuso de autoridad y por lo menos otros cuarenta cargos más. La relación entre ambos es tan estrecha que Blume le brinda consultoría personalizada solo al municipio de Burgos, por la suma de medio millón de soles. 3. Víctor Mayorga fue denunciado por su asistente parlamentario Isidro Villa, quien lo acusó de apropiarse de una ‘tajada’ de su sueldo. En Cusco tendría abierta una investigación por falsificación de documentos, desde el año 2012. 4. El abogado Cayo Galindo hace poco era asesor del presidente del Legislativo, Víctor Isla. Hizo un máster en Gestión Pública pero prácticamente es ‘nulo’ en el campo constitucional. Habría influido en la concesión ilegal de permisos de pesca por más de mil toneladas cuando era jefe del gabinete de asesores del entonces ministro de la Producción, José Urquizo. 5. José Luis Sardón cuando se desempeñó como decano de la Facultad de Derecho de la UPC se mostró a favor del indulto a Fujimori. Y, si hablamos de conflictos de intereses, es integrante del directorio de Reflexión Democrática, la ONG del controvertido empresario Roque Benavides. 6. El caso de Francisco Eguiguren es quizás el menos grave. Es un reconocido constitucionalista y fue ministro de Justicia del primer gabinete del presidente Ollanta Humala. Su único pecado fue criticar la ‘Ley Higuchi’ que prohíbe la postulación de la primera dama Nadine Heredia.



[1] La cual es totalmente argumentada con los antecedentes de de los nuevos miebros del TC: 1. El excongresista fujimorista Rolando Sousa es el más cuestionado de los seis magistrados del Tribunal Constitucional. Junto al abogado César Nakazaki buscó anular la condena del expresidente reo Alberto Fujimori por el caso Barrios Altos y La Cantuta. Además, a través del estudio Sousa & Nakazaki asumió la defensa de las caras más conocidas del fujimontesinismo, como los generales Nicolás Hermoza, César Saucedo y Julio Salazar, todos condenados por corrupción o delitos contra los derechos humanos. El estudio de Sousa denunció precisamente ante el TC al alto mando de la PNP, la Dirandro y la Fiscalía de Crimen Organizado para bloquear las investigaciones contra el grupo Sánchez Paredes por lavado y desvío de insumos químicos. Hizo lo mismo para  beneficiar al exalcalde de Pucallpa Luis Valdez, procesado por lavado de activos. 2. Ernesto Blume, experto en derecho constitucional es la defensa del polémico alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, acusado por el presunto delito de estafa, abuso de autoridad y por lo menos otros cuarenta cargos más. La relación entre ambos es tan estrecha que Blume le brinda consultoría personalizada solo al municipio de Burgos, por la suma de medio millón de soles. 3. Víctor Mayorga fue denunciado por su asistente parlamentario Isidro Villa, quien lo acusó de apropiarse de una ‘tajada’ de su sueldo. En Cusco tendría abierta una investigación por falsificación de documentos, desde el año 2012. 4. El abogado Cayo Galindo hace poco era asesor del presidente del Legislativo, Víctor Isla. Hizo un máster en Gestión Pública pero prácticamente es ‘nulo’ en el campo constitucional. Habría influido en la concesión ilegal de permisos de pesca por más de mil toneladas cuando era jefe del gabinete de asesores del entonces ministro de la Producción, José Urquizo. 5. José Luis Sardón cuando se desempeñó como decano de la Facultad de Derecho de la UPC se mostró a favor del indulto a Fujimori. Y, si hablamos de conflictos de intereses, es integrante del directorio de Reflexión Democrática, la ONG del controvertido empresario Roque Benavides. 6. El caso de Francisco Eguiguren es quizás el menos grave. Es un reconocido constitucionalista y fue ministro de Justicia del primer gabinete del presidente Ollanta Humala. Su único pecado fue criticar la ‘Ley Higuchi’ que prohíbe la postulación de la primera dama Nadine Heredia.