Cuando el presidente de la República se ve obligado a recordarle a la opinión pública que la lucha contra la corrupción no es “persecución política” y cuando los parlamentarios apristas como Velásquez Quesquén pretenden hacer pasar las acciones de jueces y fiscales como usurpación de competencias por parte del Poder Judicial, somos espectadores de un escenario que se ha producido en el pasado, no solo en torno al caso García, si no en la política peruana en general. Fue en 1920, cuando tras un contestado decreto sobre la expulsión de extranjeros perniciosos –un decreto efectuado por el gobierno de Augusto B. Leguía como medida para librarse de la oposición- se suscitó un conflicto entre ambos poderes que dio origen al discurso que hoy observamos.

En ese entonces, Germán Leguía y Martínez, primo hermano del presidente y ministro de Gobierno de la época, deportó a varios ciudadanos extranjeros mediante esta fórmula sin importarle los “habeas corpus”[1] que habían sido aceptados en primera instancia. El presidente de la Corte Suprema, Carlos Erausquin se opuso a esta decisión, pues el gobierno no podía “autorizar la suspensión de las garantías individuales (…) ni afectar en lo menor la independencia del Poder Judicial”.  Para Leguía y Martínez, sin embargo, el conflicto era otro: no era que el Ejecutivo estuviera afectando la independencia del Poder Judicial, sino que el Judicial se estaba atribuyendo funciones que no le correspondían en lo más mínimo. Así, si Leguía y Martínez hace casi un siglo resolvió el asunto condenando el accionar del Poder Judicial por su “intromisión” en el papel del Ejecutivo; los parlamentarios apristas, del otro lado de la palestra esta vez, reproducen el mismo discurso.

Podría resultar, además, muy curioso que sea García quien utilice este discurso para –como diría Olivera- una vez más, “escapar de la justicia”.  Luego de ser absuelto una primera vez por la “justicia” –elegida por la administración aprista, dicho sea de paso-; fue sometido a una segunda investigación tras el autogolpe de Fujimori en 1992. En esta ocasión, García utilizó un mecanismo similar al actual: buscó asilo en la embajada de Colombia y se retiró en un avión militar del Perú. Entre Francia y Colombia, García fue sentenciado en ausencia, y al caso se incorporó la información que Sergio Siragusa, un testigo italiano especial y jefe de Talima -la agencia que había financiado la construcción del tren eléctrico de Lima-, había ofrecido. Al parecer, según la investigación llevada a cabo por el fiscal italiano Vittorio Paraggio, Siragusa había entregado dinero en efectivo y a depósitos a una cuenta en Gran Caimán, a nombre de Alfredo Zanetti, amigo de García. Con estos datos, entonces, se abrió un nuevo caso contra García por conspiración para defraudar, tráfico de influencias, recepción de sobornos y enriquecimiento ilícito. ¿Cuál fue su defensa esta vez? García apelaría esta vez a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, encabezada por el expresidente colombiano Gaviria, el cual fallaría a favor de él estimando que el Perú existían “motivaciones políticas” detrás de la investigación.

Aunque parece un juego del gato y el ratón, la verdad es que García y su partido han sabido aprovecharse del discurso de víctima, de los derechos humanos, de la persecución política, entre otras imágenes para escapar del enjuiciamiento. Con el caso del asilo en Uruguay, podemos observar un caso parecido. Hace tan solo unos minutos Mauricio Mulder salió a defender en canal N que el fiscal José Domingo Pérez está realizando un uso político del caso, queriendo ser –junto al juez Richard Concepción Carhuancho- el primero en apresar a García, lo que le daría enormes créditos políticos. Lo cierto es que a partir de este breve recorrido histórico hemos aprendido que ni los métodos ni los discursos que utilizan son distintos. No solo ha venido presentando estos alegatos desde que terminara su primer gobierno, sino que muchas veces han reproducido un discurso que proviene de antaño. El enfrentamiento político con el Poder Judicial se ha replicado en sus formas y discurso en el caso García; ¿qué hay de nuevo en sus excusas y argumentos, en sus métodos y argucias, en su manejo político y su lógica de partido? No hay nada nuevo bajo el sol, como diría el sabio, y para los que como él (el sabio) lo reconozcan, nos toca actuar para que el destino de este personaje –para quienes crean, como el presente autor, que es culpable de al menos uno de esos cargos- no sea el mismo que ha obtenido en el pasado.

Por sus ideas y por la foto, un agradecimiento a Mariana Cruz.

 

Notas:

[1] Procedimiento jurídico por el cual cualquier ciudadano puede solicitar al juez que determine sobre la legalidad del arresto. Tomado de la Real Academia Española.