El 5 de junio del 2009 representó una fecha trascendental para la generación de conciencia, en el sector criollo limeño, referente a la lucha por los derechos de reconocimiento por parte de la población indígena y originaria del Perú. Sin duda, la tragedia ocurrida en Bagua encendió la alarma del descontento que, desde hace más de diez años, tienen las poblaciones indígenas al asumir las consecuencias de un modelo extractivo impulsado por el gobierno y del que no se obtienen beneficios.
“La protesta de los amazónicos en 2008 y 2009 surgió como una necesidad imperiosa de defenderse frente a una agresión tremenda, que se pretendió definitiva. Para radicalizar el modelo de desarrollo extractivista se requería eliminar las trabas que aún hay en su camino: los derechos colectivos sobre la tierra, los poquísimos condicionantes legales en materia social y ambiental, las comunidades como realidad jurídica con las cuales interactuar. Más grave aún, se ha atacado la identidad indígena misma, como “pre-moderna”, “enemiga del desarrollo”, “lo más atrasado”, para justificar que debe desaparecerse del imaginario social cualquier forma de entender la vida, la economía y la relación con el entorno que no sea lucrativa, consumista” (Pinto 2009:1).
Como vemos, este lamentable acontecimiento marco un precedente para el comienzo del debate en el Congreso de la República correspondiente a la implementación del derecho a la Ley de Consulta Previa a los pueblos indígenas u originarios; sin embargo, la ley ya aprobada por el Congreso no fue aceptada por el Presidente Alan García, quien exigió la modificación de la misma. Esto fomentó el rompimiento de dialogo con los dirigentes de las comunidades indígenas. Mas aún, con su lamentables declaraciones al referirse a estas comunidades de la siguiente forma: “Estas personas no son ciudadanos de primera clase…”. De este modo, se han cumplido 5 años esperando que se señale a los responsables del sangriento y, poco bien recordado, Baguazo: los ministros Jehude Simon, Mercedes Aráoz y Mercedes Cabanillas. 

Fragmento de mi ensayo “¿Es el reconocimiento de derechos la solución a los conflictos socioambientales?”.